El crimen y la violencia continúan imparables en las calles del Perú; Lima, el Callao, y la mayoría de las ciudades y zonas rurales del país están expuestas a los embates de la criminalidad. Ninguna persona está exenta de sufrir el robo de sus bienes, e incluso la pérdida de la vida si de pretender defender sus pertenencias se trata; como lo que sucede últimamente con la escalada de hurto de celulares con resultados fatales en algunos casos. Estos graves acontecimientos que se suscitan diariamente, y difundido continuamente por los medios de comunicación hablada y escrita, aumenta el temor de la población, incrementa la sensación de inseguridad ge
neralizada, y merma la credibilidad del accionar policial en la lucha contra el desborde delictivo.
Sin
embargo, esta problemática omite resaltar un hecho importante, que casi no se
toma en cuenta en la sucesión de las actividades criminales en el país, la
gravedad del delito por usar armas de fuego en el momento de ejecutar el acto
criminal cualesquiera que fuere; generalmente la preocupación y los esfuerzos
de los órganos de seguridad, se orientan a ubicar y detener a los presuntos
culpables del delito para ponerlos a disposición de la justicia, sin considerar
que una prueba contundente de culpabilidad en casos de homicidio u otras
acciones delictuales, es el de portar ilegalmente armas de fuego y que estas
sean robadas. Es sabido que desde los pandilleros hasta los sicarios, todos
portan armas sin restricción alguna, pero en las detenciones son pocas las
armas incautadas empleadas en la comisión de los delitos.
Ahora
bien, algunos especialistas en el tema sostienen que las armas de fuego tienen
un papel protagónico en los delitos de homicidio a nivel mundial. Se usan con
más frecuencia por su elevado efecto letal. Esta característica homicida es
particularmente dominante en América Latina, donde las dos terceras partes de
crímenes se cometen con armas de fuego, y constituyen una amenaza para la
seguridad de la población de cualquier país. Descubrir y erradicar los delitos
relacionados con armas de fuego, dependen de la comunicación rápida y oportuna
de los datos pertinentes por parte de los órganos de seguridad y justicia, y
particularmente del rastreo eficaz de tales armas a nivel internacional a
través de la INTERPOL.
El
investigador de la Universidad Católica Jaris Mujica manifiesta, que a pesar de
lo que muchos creen, no hay un mercado ilegal establecido de armas de fuego en
Lima, y a diferencia de otros países de la Región, es difícil conseguir un arma
a un precio asequible para la delincuencia común. El mercado informal de armas
de fuego es pequeño, precario y de difícil acceso, tiene una oferta
restringida, pocos compradores, y no está establecido en espacios regulares.
Aun así, las armas cortas o de puño, son las más utilizadas en los asaltos,
crímenes y otros delitos. Según Mujica, lo que se tiene es un sistema de
recirculación de este tipo de armas entre los mercados formales e informales,
que crean un mercado negro que nutre a la delincuencia común, y dependen no del
contrabando, sino de las armas que entran legalmente al país.
Ante
el incremento del uso de armas de fuego por la delincuencia, el actual gobierno
dispuso reestructurar la Dirección General de Control de Servicios de
Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil (DICSCAMEC),
que dependía orgánicamente del Ministerio del Interior; y crea mediante Decreto
Legislativo Nro. 1127 del 07-Diciembre-2012, la Superintendencia Nacional de
Control de Servicios de Seguridad, de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil
(SUCAMEC), como un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio del
Interior; con autonomía administrativa, funcional y económica, encargado entre
otras funciones de: controlar, administrar, autorizar, capacitar, supervisar,
fiscalizar, normar y sancionar, las actividades en el ámbito de los servicios
de seguridad privada, fabricación y comercio de armas, municiones y conexos,
explosivos y productos pirotécnicos de uso civil. Para tal efecto, dice la
norma, debe coordinar con los sectores afines con la finalidad de preservar la
paz, la seguridad y el bienestar social de los ciudadanos.
Asimismo,
con el propósito de reforzar la lucha contra el tráfico ilícito de armas de
fuego en el país, la Policía Nacional ha creado en Mayo-2014, la División de
investigación de tráfico ilícito de armas, munición y explosivos (DIVITIAME),
unidad dependiente de Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI), para
combatir el mercado negro de este delito.Pero
a pesar de la creación de estos dos órganos especializados, el tráfico ilegal
de armas en el Perú crece, al mismo ritmo con que avanza la delincuencia común
y el crimen organizado. Según información de la SUCAMEC existe 180,000 armas
con licencias vencidas, es decir están en situación ilegal; esta estadística no
toma en cuenta la cantidad de armas que ingresan en forma clandestina
(contrabando), las armas ilegales que se comercializan en los mercados negros,
que se nutren de las armas robadas al personal policial, militar, a personas
civiles con licencia legal, y a los establecimientos formales (empresas de
seguridad privada), etc. Más de 1,500 armas de fuego son robadas, o se pierden
cada año en el país, con las que cualquier delincuente o bandas organizadas
pueden armarse en cualquier momento para cometer un delito; por ejemplo en una
reciente intervención policial a una armería clandestina, se incauto 108 armas de
fuego ilegales, donde se podía comprar pistolas y revólveres desde cien soles.
La
percepción social sobre los organismos creados para contrarrestar el tráfico
ilícito de armas de fuego en el país, es que son entidades deficientes y
burocráticas. Tal es así, que ante el incremento de muertes por armas de fuego,
surgen voces para armar a los ciudadanos para su defensa, lo cual lógicamente
no es una solución valedera, al contrario esta medida elevaría el nivel de
violencia y del crimen. El debate debería estar centrado en como optimizar las
funciones del SUCAMEC como órgano rector del sistema, particularmente en
mejorar los procesos de evaluación, posesión y control de las autorizaciones
(licencias) de armas de fuego, así como corregir una serie de dificultades de
la cual adolece, como la ineficacia de sus funcionarios, operadores, etc.;
instrumentos de evaluación poco efectivos y alta exposición a la corrupción.
Además,
las alternativas de solución a este problema también deben estar orientadas a
descubrir los puntos ilegales del comercio clandestino de armas, e identificar
y detener a las personas y organizaciones que trafican con armas ilegales y que
proveen especialmente a la
delincuencia
y al crimen organizado. Para ello, se requiere una estrecha coordinación y
articulación entre las diversas entidades afines a esta problemática, tales
como: SUCAMEC, Policía Nacional, Ministerio Publico, Poder Judicial,
Migraciones, Aduanas y las Unidades de Control de Fronteras. Asimismo, se debe
endurecer las penas, en el sentido que toda persona que posea un arma con la
licencia vencida debe ser sujeto de sanción penal; y si el arma es robada la
pena debe ser más severa, tanto para el comprador como para el vendedor.
Actualmente,
los responsables de las Empresas de Seguridad Privada solo son multados con el
50% de una UIT, por la posesión de armas sin autorización. Además, por tenencia
de armas y material de guerra, reciben una multa de cinco mil setecientos
soles; y el Código Penal considera penas de 6 hasta 15 años, por tenencia y
comercialización ilegal de armas de fuego.
Es
vital que el Estado y los Gobiernos, muestren mayor preocupación por el
problema del tráfico ilegal de armas en el país, es necesario reorientar las
estrategias de las instituciones de seguridad y justicia para contrarrestar
este flagelo en todas sus aristas, es una alternativa valedera para disminuir
la inseguridad ciudadana y la indefensión social.
