INSURGENCIA CRIMINAL ¿UNA NUEVA AMENAZA?

Por: Julio Garazatúa Vela (*)

En el Perú el Gobierno ensaya sin éxito medidas de seguridad pública, y trata de elaborar dispositivos legales especiales, para contrarrestar las nuevas modalidades delictivas empleadas por la delincuencia y el crimen organizado, que incluye en sus fechorías no solamente armas cortas y de largo alcance, sino también el uso de artefactos explosivos (granadas de guerra y dinamita). Sin embargo todavía no se logra alcanzar el punto medio que permita controlar el desborde de este fenómeno a nivel nacional, y menos, conocer la evolución de la criminalidad en el país.

El periodista Británico Ioan Grillo, en su obra “El Narco- En el corazón de la insurgencia criminal Mexicana”, describe un testimonio crudo de la violencia criminal mexicana. Refiere que lo que pasa en México no es un asunto de “mafias”, ni delitos comunes, sino de “insurgencia criminal”, entendiéndose esta como la existencia de grupos o bandas criminales armadas, que usan tácticas de guerrillas, pero sin ideología, sin un programa, tan sólo intereses criminales. Asesinos a sueldo, extorsión, asesinatos en masa y terror generalizado, es realizado por una vasta organización criminal, cuya sombra siniestra se proyecta sobre todo el país.

En una entrevista del medio televisivo O GLOBO en Brasil al capo “Marcola”, este desnuda una situación preocupante, que puede convertirse en una realidad próxima en cualquier país del continente, sino se toman las acciones necesarias para impedirlo. Marcos Camacho, más conocido por el sobrenombre de “Marcola”, es el  máximo dirigente de una organización criminal de Sao Paulo (Brasil), denominado “Primer Comando de la Capital” (PCC). Las respuestas de “Marcola” nos aproximan a lo que puede ser el futuro de la delincuencia y el crimen organizado en América Latina.

Con fines didácticos he resumido esta entrevista, considerando los aspectos más relevantes, que nos permitan evaluar con profundidad esta problemática común en nuestro país. “Marcos Camacho alias “Marcola”, se considera no solamente el máximo dirigente de la organización criminal de Sao Paulo, sino también una señal de estos tiempos; manifiesta: que cuando era pobre, era invisible para el sistema, nunca los tomaron en cuenta durante décadas, y en esa época era fácil resolver el problema de la miseria. El diagnóstico era obvio; migración rural, desnivel de renta, pocas villas miserias, discretas periferias, etc. pero la solución nunca aparecía, nunca se reservó algún presupuesto para ellos; sólo eran noticia en los derrumbes de las villas en las montañas, o en la música romántica sobre la “belleza de esas montañas al amanecer”. Afirma: “nosotros somos el inicio tardío de vuestra conciencia social. Ahora no hay solución posible a este problema; la propia idea de solución ya es un error. Solo habría solución con muchos millones de dólares gastados organizadamente, con un gobernante de alto nivel moral, una inmensa voluntad política, crecimiento económico, revolución en la educación, urbanización general; y todo tendría que ser bajo la dirección de una “tiranía esclarecida”, que saltara por sobre la parálisis burocrática secular, que pasara por encima del legislativo cómplice, y del poder judicial que impide puniciones. Tendría que haber una reforma radical del proceso penal en el país, y comunicación e inteligencia entre los órganos de seguridad y justicia. Todo esto costaría billones de dólares, e implicaría un cambio psicosocial profundo en la estructura política del país, como eso es imposible, entonces no hay solución”. Luego advierte: “ustedes no pueden entrar en la cárcel y matarme, pero yo puedo mandar a matarlos en la calle. Estamos en el centro de lo insoluble. Ustedes entre el bien y el mal, y en medio, la frontera de la muerte. Somos una nueva “especie”, diferente a todo lo conocido. La muerte para ustedes es un drama cristiano, para nosotros la comida diaria. Mis “soldados” son extrañas anomalías del desarrollo torcido de este país. No hay mas proletarios, infelices y explotados; hay una tercera cosa creciendo afuera, cultivada en el barro, educada en el analfabetismo, diplomándose en las cárceles, escondidos en los rincones de la ciudad. Tenemos un nuevo lenguaje; están delante de una especie post-miseria. La post-miseria genera una nueva cultura asesina, ayudada por la tecnología, satélites, celulares, internet y armas modernas. La periferia tiene ahora millones de dólares por la multinacional de la droga, con ellos las prisiones son hoteles u oficinas; ¿que policías o funcionarios públicos van a terminar con esa mina de oro?, nadie, somos  una empresa moderna. Ustedes son el Estado quebrado dominado por incompetentes. Nosotros tenemos métodos agiles de gestión, ustedes son lentos y burocráticos. Nosotros luchamos en terreno propio, ustedes en tierra extraña. Nosotros no tememos a la muerte, a ustedes les domina el miedo. Nosotros estamos bien armados, ustedes tienen calibre 38. Nosotros estamos en el ataque, ustedes en la defensa. Ustedes tienen la manía del humanismo, nosotros somos crueles, sin piedad. Nosotros somos ayudados por la población de las villas miseria por miedo o por amor, ustedes son odiados. Ustedes son regionales, provincianos, nuestras armas y productos vienen de afuera, somos “globales”. Para cambiar esta situación, detengan a los barones de la cocaína; hay diputados, senadores, empresarios, ex-presidentes, etc., en medio de la cocaína, de las armas y de la corrupción. Pero ¿quien va a hacer eso?, nadie. Ustedes solo pueden llegar a algún éxito, si desisten en defender la “normalidad”. Es preciso hacer una autocritica de su propia incompetencia, con franqueza, con seriedad, con moral. Todos estamos en el centro de lo insoluble. Solo que nosotros vivimos de ello, y ustedes no tienen salida, porque no entienden ni la extensión del problema. Como escribió Dante: Pierdan todas las esperanzas. Todos estamos en el infierno”.

Los hechos descritos tienen por objeto despertar del letargo en que se encuentran los gobernantes y la clase política, en cuanto a las decisiones políticas que se deben tomar para el tratamiento adecuado  del delito y del crimen organizado en el país; y asimismo, alertar a los órganos de seguridad y justicia sobre el tipo de enemigo al cual nos enfrentamos, para ello debemos conocerlo en toda su dimensión, debemos adelantarnos a la evolución de la criminalidad en el país, para precisar y perfeccionar nuestras estrategias y procedimientos operativos, que nos permitan contrarrestar sus efectos en mejores condiciones de éxito,  y se facilite restablecer y mantener el orden y la tranquilidad pública en esta lucha sin tiempo.

(*) Crnel. PNP (r) 

POLICIA: UNA LARGA RUTA AL CAMBIO

Por: Julio César Garazatua Vela. Crnel.PNP(r)

(Publicado en Febrero de 2011)

Actualmente el desborde de la violencia política, el incremento de la delincuencia en sus diversas formas y modalidades y la corrupción generalizada están generando una serie de problemas en todos los ámbitos de la vida nacional. Muchas instituciones del Estado están siendo cuestionadas, particularmente aquellas vinculadas a seguridad y justicia.

Esta problemática ha colocado a la Policía Nacional, titular del orden Interno y la seguridad pública, en el centro de la polémica nacional, cuestionándola, con razón o injustamente, por la coyuntura del momento. Si apreciamos el entorno social, observamos que el delito se incrementa descontroladamente y que el desorden y la inseguridad se asientan indistintamente en la capital y demás regiones del país, lo que genera ansias de seguridad en la población. Pero, es menester entender que las causas que genera este fenómeno social escapan a la esfera policial; sin embargo, algunos sectores de la sociedad opinan que la policía es una institución en crisis, al parecer  porque desconocen los factores que encierra esta problemática.

Creo que estas opiniones en lugar de considerarse lesivas a la Policía Nacional, deben aceptarse con madurez y actitud reflexiva, porque debe ser generadora de una respuesta integral, no solamente en el plano teórico sino también en el quehacer policial diario, que tienda a revertir esta situación. Ahora bien, todas las policías del mundo,  salvo ligeros matices, tienen funciones similares, sus actividades se desenvuelven necesariamente dentro de la sociedad, priorizando la prevención antes que la represión; su organización y funcionamiento se enmarcan dentro del sistema jurídico establecido para tal efecto.

La función policial es increíblemente compleja, sus tareas se multiplican y diversifican constantemente, ante el crecimiento del delito cada vez más sofisticado y mimetizado; estando expuesta a influencias y presiones de todo tipo. La policía dispone de un poder extraordinario; puede detener, realizar allanamientos, y usar la fuerza si es necesario; está preparada para hacer frente a conflictos que alteran el orden y la seguridad interior; pero su función fundamental es proteger a las personas, hacer cumplir la ley, garantizar el orden, que son labores preventivas.

Esta paradoja genera en algunos casos excesos lamentables, que deben ser investigados y corregidos por la misma institución policial, sin esperar presiones externas o decisiones políticas posteriores. Cabe recordar que el terrorismo que azoto nuestro país durante muchos años, había motivado cambios en el accionar de la policía nacional; de una labor mayormente preventiva, se tuvo que adoptar una actitud más represiva, en razón que la coyuntura política así lo exigía; actualmente, al haber cambiado estas circunstancias, la policía debe reorientar su actuación para retomar progresiva mente el espacio funcional que puede haberse cedido involuntariamente.

La imagen que se tiene actualmente de la policía nacional, refleja no solamente fallas en la institución policial, sino también falta de voluntad política, desinterés  del Estado, y de los gobiernos de turno, para adecuar la institución a los cambios que exige la sociedad, y la dinámica mundial del tercer milenio. Toda decisión política, sobre reforma o reorganización policial, ha quedado siempre en el plano teórico, o han sido ejecutados en forma incompleta, quizás por desconocimiento de la realidad institucional, o por el desinterés de los responsable de ejecutar estos procesos, que no han cumplido a cabalidad con los objetivos políticos establecidos.

La opinión que la sociedad tiene de la policía es preocupante, en lugar de considerarla una institución al servicio de la sociedad democrática, la considera como instrumento de represión y dominación de los gobiernos de turno. Además, los intentos de reformas y reorganizaciones se han orientado siempre a la policía como función pública, restando importancia al componente corporativo, a las personas que la integran, que son las ejecutoras de los actos institucionales, lo que impide considerarlos como simple entes inanimados e impersonales al servicio de la comunidad.

  El policía es una persona preparada para cumplir una función pública, su presencia exige mostrar en todo momento, sólida moral, disciplina consciente y adecuada preparación profesional; cualidades que son adquiridas a través de un proceso de formación y perfeccionadas mediante el trabajo diario, que se caracteriza por un desprendimiento total, aún de la propia vida. El hombre que arriesga su vida en beneficio de los demás, es consciente  de esta entrega, pero así mismo espera el reconocimiento concreto  que la sociedad y el Estado le brindarán en vida y después de su muerte; reconocimiento que debe traducirse en una remuneración decorosa, para no tener que alquilar su autoridad, su tiempo de descanso y arriesgar su integridad física, en servicios particulares ajenos a la naturaleza de la función pública para la cual ha sido preparado.

 La policía nacional, es la institución del Estado que está en contacto directo con la población, el conocimiento de esa realidad en todos sus aspectos, es fundamental en su tarea, no solamente para detectar comportamientos contrarios a la ley y moral social; sino también para garantizar el orden, la seguridad pública y la convivencia pacífica. Debe estar en condiciones de prever las desviaciones y perturbaciones sociales, actuando como un permanente equipo de encuesta social. Esta singular posición de la policía para captar la realidad del medio donde se desenvuelve no ha sido debidamente aprovechada y valorada.

En un Estado moderno, debe ser el sostén del orden y la protección ciudadana, con su presencia directa, institucional, no supeditada a niveles y esquemas burocráticos. Solo así podrá aportar toda su  capacidad y experiencia, para brindar un servicio eficiente a la sociedad a la que sirve.

La policía nacional debe orientar su preparación y equipamiento a  su finalidad fundamental que expresa el artículo 166 de nuestra Constitución Política que dice: “garantizar,  mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras”. Así como, considerar en su estructura los aspectos de investigación y desarrollo, ciencia y tecnología.

La función que desempeña la policía no debe presentar defectos, que desacrediten su labor, debe tener en mente que esa labor es institucional, no personal; el trabajo individual o en equipo, lo deben realizar como interpretes de la doctrina institucional, es una condición ineludible, para asegurar la  continuidad, evitar el subjetivismo y consolidar la autoridad en el trabajo y el reconocimiento del Estado y la Sociedad.

INSEGURIDAD PUBLICA: REALIDAD Y POSIBILIDADES

Por: Julio Garazatúa Vela (*)

(Publicado en Septiembre de 2014)

Los constantes cambios en la cartera del Ministerio del Interior y de la Presidencia del Consejo de Ministros reflejan el laberinto que se encuentra el actual gobierno en cuanto al rumbo político en la conducción del Estado y a la carencia de objetivos concretos y viables en el Ministerio del Interior  para contrarrestar el acuciante problema de la inseguridad pública.

Al parecer, esta situación ha generado inquietud y preocupación no solamente en el ámbito político, sino también en la sociedad en general, por lo siguiente: en primer lugar, el asesor de gobierno en temas de seguridad, Wilfredo Pedraza, ex Ministro del Interior, muestra  estar  desconectado de la realidad  cuando se refirió, meses pasados, a la inseguridad pública como una “percepción”. Actualmente, esta problemática es un asunto de Estado, que exige del gobierno  acciones inmediatas y viables. En segundo lugar, la inseguridad pública se ha convertido en un problema crónico en el país, y el que más afecta a la población,  aseveración que se demuestra en las encuestas de opinión, en las estadísticas nacionales sobre delito y delincuencia, en la necesidad prioritaria de seguridad que reclama la sociedad y en el riesgo permanente que ofrecen las calles en cualquier barrio o ciudad del país. En tercer lugar, el gobierno piensa erróneamente  que el cambio de ministros del interior es la solución al problema de la inseguridad y el desorden público, lo deja entrever con los continuos cambios que viene efectuando en esa cartera, pero la realidad nos dice que hasta la fecha los resultados no son los esperados; es bueno recalcar, que aún el mejor político o el mejor ministro, sería incapaz de resolver los problemas de inseguridad  que afectan a la sociedad, sino se trabaja en forma colegiada y si no se reforman las instituciones  a través de la cuales se debe actuar. En cuarto lugar, se insiste en mantener vigente al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, un sistema burocrático que tal como está diseñado es inviable, por ello en la práctica es casi inactivo, sin liderazgo político en su conducción operativa;  pero contradictoriamente, se ha convertido en un instrumento político de campaña en los procesos electorales de los candidatos a gobiernos regionales y especialmente de los alcaldes, que ofertan la seguridad ciudadana como su principal objetivo, olvidándose de sus verdaderas tareas vecinales: limpieza pública, semáforos en buen estado, reparación de pistas y veredas, implementar mayor señalización y paraderos de transporte urbano, etc.

Seguramente, con la intención de corregir estos y otros problemas en el tratamiento de la inseguridad pública y optimizar los resultados  en el combate contra el delito y el crimen organizado, el Ejecutivo solicitó al Congreso de la República en agosto del 2012, facultades extraordinarias para legislar en siete materias especificas, siendo una de ellas: “la reforma de la legislación orientada al fortalecimiento institucional del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional  y de la carrera policial”.

Si bien es cierto, que uno de los logros de la gestión legislativa del Ejecutivo, fue la promulgación de la nueva Ley de Organización y Funciones del Ministerio del  Interior, Decreto Legislativo Nro. 1135, que establece el ámbito de competencia, la regulación de la estructura orgánica básica, la naturaleza jurídica y las funciones del sector; también es cierto, que es necesario revisar algunos aspectos de dicho decreto, por las razones siguientes: primero, el decreto legislativo 1135 establece que el Ministerio del Interior ejerce “competencia exclusiva” a nivel nacional en materia de orden interno, orden público y lucha contra la criminalidad organizada.  Al respecto, es del caso recordar que los asuntos de Orden Interno, Orden Público y lucha contra la delincuencia, ya están  legislados como finalidad fundamental de la Policía Nacional, de conformidad a la Constitución Política del Perú, artículo 166, y a Ley Orgánica Policial; por ende, estas materias se consideran tácitamente  de “competencia exclusiva” policial, y de responsabilidad política del Ministerio del Interior, y no es indispensable reiterarlo; al parecer  se menciona este término  para limitar posibles injerencias  de otros sectores u organismos públicos o privados,  en estos asuntos; pero para ello, basta definir los conceptos de Orden Interno, Orden Público y Crimen Organizado, precisando la dirección y conducción operativa del sector y su alcance funcional a nivel nacional sobre estos temas, dejando siempre un espacio legal para la participación de otras entidades, cuando se deban realizar acciones conjuntas. Segundo, las ex Direcciones Generales: DISCAMEC, Migraciones y Gobierno Interior que figuraban como órganos de línea del Ministerio del Interior, actualmente con el Decreto Legislativo 1135, se consideran Organismos Públicos adscritos (art.14), la relación con el  Sector  Interior  se reduce solo a la tarea de supervisar el cumplimiento de las políticas de cada uno de ellos (art. 6); la única institución que se mantiene dependiente del sector interior es la Policía Nacional (art.13), lo que motiva quizás, que en la practica el Ministro del Interior se desenvuelva  como un supra Director General de la Policía Nacional, en desmedro de su verdadera responsabilidad política que el cargo le exige  en la seguridad interna del país. Tercero, la prioridad política del sector interior en estos momentos de inseguridad generalizada,  debe ser la de concretar un “Plan Estratégico Sectorial integrado”, para  restablecer y luego garantizar el Orden Interno, el Orden Público y la Seguridad Ciudadana, manteniendo  el combate sin tregua  contra la delincuencia y el crimen organizado, tal como se viene ejecutando con las unidades policiales a nivel nacional. El plan estratégico sectorial debe incluir como órganos de línea,  a la Policía Nacional como también a los organismos públicos adscritos, para integrar especialidades y funciones relacionadas hacia un mismo objetivo: recuperar la seguridad interna y la tranquilidad pública; plan que debe ser articulado y coordinado con los sectores afines al problema, gobiernos regionales y alcaldes. La implementación y  ejecución  de este plan estratégico operativo es una deuda pendiente con el país, que hasta la fecha ningún ministro del interior ha podido cumplir. Cuarto, el Ministro del Interior debe mostrar que ha  asumido plenamente las funciones político-administrativas que por ley le corresponde al sector; y la Policía Nacional la dirección, conducción, coordinación y control, de todas las actividades y tareas, que sus funciones institucionales le exigen, de conformidad a su Ley Orgánica. Lo cual evitaría interferencias institucionales, desorden funcional  y evasión de responsabilidades; facilitando la supervisión y el control en los niveles  que corresponde. 

Asimismo, es necesario  recordar que existe un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, aprobado el 12 de julio del 2013 por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC),  y refrendado por Decreto Supremo Nro. 012-2013-IN, como Política Nacional de Estado. Dicho documento establece objetivos generales, y estrategias ha ejecutar en asuntos de seguridad ciudadana;  sin embargo, su contenido  todavía debe ser evaluado y perfeccionado para ser difundido a los organismos y sectores públicos participantes, de tal manera que las acciones a ejecutar sean viables para el logro de los objetivos propuestos. Ahora bien, considerando que el Decreto Legislativo 1135, expresa  la voluntad política de mantener vigente el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, se sugiere  al Ministerio del Interior como ente rector del sistema, que en lugar de diseñar una política pública de seguridad ciudadana que puede resultar inviable en la práctica, se formule un PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN, como instrumento político de prevención contra delito, donde participen todos los sectores y organismos afines a esta problemática. Este tipo de documento es más apropiado a las exigencias de la realidad actual, mas operativo, es simple en su ejecución, y las entidades participantes a nivel nacional (policía, gobiernos regionales, alcaldes y organismos públicos), adecuadamente organizadas, articuladas y coordinadas, trabajarían con sus propios recursos y en asuntos de su competencia, para alcanzar objetivos y metas previamente establecidas, en plazos previstos.

Todas las iniciativas que se relacionan con el tema de seguridad e inseguridad, pueden ser o no aceptadas, pero lo importante es que antes de desecharlas, sean  revisadas  y evaluadas, para que si el caso lo amerita, el sector interior pueda tener mayores elementos de juicio, para  adecuar su organización y funciones de acuerdo a los requerimientos y necesidades, que exige su responsabilidad  política de garantizar la seguridad interna del país.

(*) Crnel.PNP (r)  

DEMOCRACIA EN EL PERU UNA DEUDA PENDIENTE

Por: Julio Garazatúa Vela (*)

(Publicado en Noviembre de 2014)

El resultado del último proceso electoral ha dejado en la población sensaciones diversas: desilusión, insatisfacción, rebeldía, conformismo, expectativas, etc., pero también ha graficado una nueva visión político-social del país, y una nueva historia empieza a escribirse.

Una ligera lectura de la realidad que vivimos y del futuro que nos espera, nos dice que la desigualdad, la exclusión social, la pobreza, la violencia, la corrupción, etc., todavía subyacen lacerantes en nuestra sociedad. Nos dice que la “clase política” en el Perú ha fracasado, y mas aún, casi se ha extinguido. Nos dice que existe orfandad del Estado en grandes zonas del país. Nos dice que el pueblo todavía confía en el sistema democrático, para concretar los cambios que reclama hace mucho tiempo, pero también siente que la incapacidad de los gobiernos y de los dirigentes políticos de turno, frustra sus aspiraciones y sus expectativas; y finalmente nos dice que el Perú se está transformando rápidamente en una sociedad desmasificada, y que la diversidad tiende a convertirse en una oposición generalizada, radical e inflexible.

Actualmente el pueblo peruano desconfía de sus gobiernos, cuestiona el doble mensaje de lo que se dice y de lo que se hace, se siente divorciado de sus dirigentes políticos. En las últimas tres décadas se produjo una irrefrenable caída de imagen de la clase política a los ojos del pueblo, que percibe que la llamada “clase política” que debe ser el timón del país, esta inutilizada, corrupta, improvisada, no preparada, fuera de control; si preguntáramos, ¿Quién gobierna el país?, seguramente la respuesta seria, grupos de poder y mafias políticas, que con el apoyo de los medios de comunicación se han enraizado en los gobiernos. Esta percepción genera vacío de poder y pérdida.

Algunos sostienen que la tendencia electoral es elegir una persona con autoridad que ponga orden en el Estado, este anhelo se basa en la creencia de la eficiencia autoritaria, sin embargo no existe relación entre autoridad fuerte y eficiencia; otros defienden la idea de que un estilo de gobierno que dio resultado en el pasado, también resultara en el presente o futuro; y desde hace algunos años  una gran mayoría piensa, que se debe reelegir a un candidato que aunque  haya robado, ha ejecutado obras.

Si nuestra preocupación fuera solamente elegir un buen gobernante, nuestro problema se resolvería fácilmente, pero el asunto va mas allá, incluso los mejores dirigentes políticos serían incapaces de resolver nuestros problemas, porque las instituciones a través de las cuales se debe actuar, han quedado obsoletas; son inadecuadas e inviables.

Actualmente, la sociedad tiende a desmasificarse a un nivel elevado de diversidad y complejidad, lo que ocasiona que las agrupaciones políticas nacionales tengan dificultad para subsistir, porque las bases locales muchas veces no acatan las decisiones de la dirigencia nacional, en razón que los grupos afiliados a ellas, realizan sus propias campañas para la consecución de sus propios fines.

Cada vez surgen nuevas agrupaciones, que luego desaparecen o se transforman, pero que tienen una característica particular, son transitorias y efímeras. Esta situación, motiva que las llamadas coaliciones, alianzas o frentes unidos, pierdan credibilidad en los procesos electorales frente a las nuevas organizaciones regionales, que van formando feudos políticos en determinadas zonas del país, con alarmantes índices de corrupción. Estas alianzas o coaliciones, pueden congregar a grupos con intereses comunes y se pueden mantener unidas el tiempo suficiente para elegir a un presidente de la república, congresistas, gobiernos regionales, alcaldes, etc.; pero luego tienden a disgregarse, dejando sin base de sustentación el proyecto o programa político acordado.

Esta desmasificación, deteriora la capacidad de una “endeble” clase política para manejar una nueva realidad, quienes acostumbrados a manipular a grupos homogéneamente establecidos, se encuentran de pronto ante diversos grupos transitoriamente organizados, que exigen atención inmediata a demandas y peticiones específicas.

Aunque nuestro sistema político está fundado teóricamente en la regla de la “mayoría”, actualmente en una sociedad desmasificada resulta casi imposible formar una mayoría, incluso para tratar asuntos vitales para el país, ejemplos a la vista, el Congreso de la República. Esta dificultad, pone en duda la teoría democrática clásica, y nos fuerza a preguntar si algún grupo esta adecuadamente representado. En este tipo de sociedad, no solo se carece de “objetivos nacionales”, sino también de objetivos regionales y municipales, porque es tan amplia la diversidad, que un representante democráticamente elegido, no puede hablar en nombre de un “consenso”, menos representar la “voluntad general”, porque sencillamente no existen.

Un gobierno no solo debe adoptar decisiones eficaces y hacerlas cumplir, sino también debe ser capaz de integrar políticas distintas e interpretar la diversidad de la sociedad, para responder a ella oportuna y adecuadamente. Algunas manifestaciones de la problemática que se describe en este agitado panorama político son: la inconformidad ciudadana con el resultado de las últimas elecciones regionales y municipales, en la capital y en muchas zonas del país; conflictos sociales con grave alteración del orden público, que ha ocasionado pérdidas de vidas humanas; enfrentamientos públicos continuos entre los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, que deteriora cada vez mas nuestra endeble democracia, y  la imagen del Estado; entre otros.

Esta realidad política, exige la puesta en marcha de un proceso de reforma y de cambios estructurales impulsado desde el mismo Estado, con el propósito de buscar una salida a la crisis de legitimidad y credibilidad que afronta el régimen político en el Perú. No basta que se proponga una nueva ley de partidos políticos para “adecentar” la clase política en el país, menos culpar a los electores de elegir a candidatos con antecedentes judiciales, incluso recluidos en los penales y otros involucrados en procesos judiciales, tampoco pensar que los conflictos sociales y las protestas públicas de la población para hacerse escuchar en sus demandas, son parte del juego democrático; sino que el Estado tenga la madurez  política para entender  que el problema existe,  tome las decisiones correctas y las soluciones apropiadas, y tenga la capacidad para traducir las soluciones  en políticas y estrategias concretas que resuelvan los problemas.

La modernización de las instituciones, así como la apertura del diálogo como instrumento democrático, reducen las tensiones sociales y facilitan el consenso necesario para iniciar las reformas requeridas, orientadas a fortalecer y legitimar el régimen político nacional.

Este último proceso electoral también nos recuerda, que las regiones del país han dejado de ser un ensayo político, para convertirse en una realidad, que van adquiriendo poder y autonomía, aspectos que deben ser armonizados y coordinados con el gobierno central, para conducir el proceso de reforma y el desarrollo nacional en forma concertada y unitaria, evitando desencuentros en la gobernabilidad, y facilitando construir una sociedad sostenible.

(*) Crnel. PNP (r)

SEGURIDAD PUBLICA: EL DESCONCIERTO CONTINUA

Por: Julio Garazatúa Vela (*)

(Publicado en Diciembre de 2014)

La portada del diario “CORREO” del 23 de Noviembre 2014, dice: “FF.AA: A LAS CALLES”, y en las dos páginas siguientes se sustenta toda una teoría, con dispositivo legal vigente de por medio, para que las Fuerzas Armadas puedan combatir la delincuencia, argumentando que el delito ha desbordado la capacidad de la Policía Nacional. Y en la “otra esquina”, como dirían los árbitros de boxeo, el gobierno con el Ministro del Interior a la cabeza, es vapuleado y cuestionado duramente, cual “bulling político”, por las estrategias poco efectivas que viene implementando para contrarrestar la inseguridad pública, como  el caso del “Grupo Terna”.

Estos enfrentamientos públicos alentados por los medios de comunicación, no corrigen nada ni conducen a ninguna solución seria, que es lo que realmente espera la población ante un problema tan álgido como la inseguridad ciudadana; al contrario, genera más inseguridad, y más desorden institucional  del que ya tenemos.

Si bien es cierto, que la intervención de las Fuerzas Armadas se encuentra facultada por lo dispuesto en el Decreto Legislativo No.1095 del 01SET2010, que establece las Reglas de empleo y uso de la Fuerza por parte de las FF.AA en el territorio nacional, también es cierto que en el artículo 4° de dicho Decreto Legislativo se norma la intervención de las FF.AA en defensa del Estado de Derecho y protección a la sociedad, pero condicionada a que este apoyo  a la Policía Nacional titular del orden interno (artículo 166 de la Constitución Política del Perú) será proporcionada previa declaratoria del  Estado de Emergencia, con la finalidad de restablecer el Orden Interno (tiene relación con el artículo 137 de la Constitución Política). Además, el mismo artículo 4°, en su inciso 3, dice que este apoyo será para casos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, protección de instalaciones estratégicas, etc.

Al parecer, los agoreros de siempre y los aúlicos del ayer, vienen difundiendo en forma irresponsable una suerte de nuevo apocalipsis relacionándolo con la inseguridad pública, y que la única solución es declarar al Perú en situación de emergencia y que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno en el país, con el pretexto del desborde de la delincuencia.  Este tipo de opiniones  ligeras, improvisadas e irresponsables,  muestran un desconocimiento total de los conceptos de: orden interno, orden público y seguridad ciudadana;  más aun, desconocen  los mandatos constitucionales establecidos en los artículos 165 (finalidad de las Fuerzas Armadas) y 166 (finalidad fundamental de la Policía Nacional), y los alcances y limites  del marco jurídico vigente sobre este tema en el país.

He reiterado en  muchas oportunidades a través de este mismo medio, que la lucha contra la delincuencia para que tenga éxito, debe ser considerada un tema de Estado y ejecutarse en forma colegiada. Es verdad que el Ministerio del Interior  y  la Policía Nacional  tienen una participación fundamental y decisiva en este aspecto, la Constitución Política del Perú y las leyes  sobre el tema así lo establecen;  pero también el marco jurídico vigente exige la participación profesional, técnica y responsable  del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Congreso de la República, Instituto Nacional Penitenciario, Presidentes Regionales,  Alcaldes, entre otros; quienes deben  optimizar  sus esfuerzos y resultados  en la lucha contra el delito. Pero en la práctica se observa un divorcio intersectorial, donde cada institución hace lo que puede y lo que quiere, donde los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, se encuentran atrapados en su propio laberinto, enfrascados en “vendettas”  y acusaciones mutuas  sobre corrupción , “mafias”, tráfico de influencias, etc. hechos que agravan la situación de inseguridad pública que afronta el país, y que no lo soluciona ni las fuerzas armadas con todo su poderío bélico en las calles, si antes, el Estado que somos todos, no ponemos un poco de cordura  y coadyuvamos a que el gobierno recupere la autoridad perdida, y ponga orden, antes que la democracia entre a “cuidados intensivos”. Lo contradictorio de esta realidad, es que habiendo diversas entidades corresponsables de esta problemática, sean el ministro del interior y la policía nacional, los únicos que asuman los desaciertos de esta inseguridad generalizada, al parecer estos cuestionamientos frecuentes, se deben  quizás a las “decisiones mediáticas” del ministro del interior, acostumbrado a publicitar estrategias  policiales como el denominado “grupo terna”, que en lugar de mantenerlo en reserva, realiza una inoportuna demostración  pública que linda con lo grotesco, y donde expone al personal  que supuestamente debe desempeñarse en forma “encubierta”,  lo cual desprestigia la labor policial y pone en duda su capacidad operativa.

Ahora bien, la criminalidad como fenómeno delictivo se manifiesta de tres formas: la criminalidad transnacional que se expande bajo el paraguas de la globalización de las economías (narcotráfico, terrorismo, lavado de activos, trata de personas, etc.); la criminalidad organizada que actúa en bandas y respondiendo a esquemas incluso paramilitares (extorsión, sicariato, marcas, robos a bancos, domicilios, etc.); y la criminalidad menor o “callejera” que se propaga rápidamente en las urbes, a consecuencia de un vasto y complejo conjunto de causas sociales. Esta situación genera una creciente sensación de inseguridad pública, y un enfoque inadecuado de las medidas de seguridad y del empleo de los recursos del Estado; además se observa una deficiente participación de la comunidad en materia de prevención del delito, lo que motiva que la población no se involucre totalmente en esta tarea, imposibilitando consolidar una adecuada relación ciudadano-policía.

La Policía Nacional a fin de recuperar la iniciativa en la lucha contra el delito, debe formular sus planes de seguridad pública considerando dos objetivos principales: la lucha contra la criminalidad transnacional y organizada mediante las Unidades Especializadas (DIRINCRI, DIRANDRO, DINCOTE, etc.), adecuadamente capacitadas, entrenadas y equipadas; y el combate a la delincuencia común o menor, a través de las comisarias a nivel nacional, las cuales además deben considerar un “plan básico de prevención”,  que comprometa la participación ciudadana organizada.  Asimismo, se sugiere retomar el “patrullaje selectivo” mediante el empleo de las “unidades especiales” (Radio Patrulla, SUAT, Policía Canina, Policía Montada, etc.), con la finalidad de cubrir las zonas de mayor incidencia delictiva urbana y rural; este tipo de servicio refuerza  el patrullaje a pie y el patrullaje motorizado que realizan las comisarias con sus propios medios y con el apoyo de los serenos municipales, dentro del ámbito de sus jurisdicciones, de modo tal que se sienta la mayor presencia policial efectiva en las calles.

Estas formas de actuación policial sugeridas, y otras que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional  vienen implementando, aunadas a la decisión del Gobierno de corregir,  reorientar y optimizar el desempeño de las instituciones del  Estado sobre este tema, en el sentido de aceptar  que la mejor estrategia para combatir el delito es actuar en forma colegiada, seguramente permitirá a corto plazo mejorar los niveles de la seguridad pública que la sociedad reclama. 

(*) Crnel. PNP (r)

POLICIA NACIONAL ORDENANDO LA CASA

Por: Julio Garazatúa Vela (*)

(Publicado en Septiembre de 2012)

El 9 de Agosto del presente año, el Congreso de la República ha otorgado facultades extraordinarias al ejecutivo por noventa días, para legislar sobre seguridad y defensa en siete materias especificas, orientadas a reforzar las fuerzas armadas, la policía nacional, el régimen remunerativo y de pensiones militar policial y el sistema de defensa y seguridad nacional. Una de las materias se refiere a: “la reforma de la legislación orientada al fortalecimiento institucional del Ministerio  del Interior, de la Policía Nacional y de la carrera policial”.

La Policía Nacional del Perú, es consciente que su labor no es la deseable frente a las necesidades de servicio de la sociedad. Este hecho se evidencia sin necesidad de realizar mayores investigaciones, con la sola constatación de la inseguridad galopante y el surgimiento de organismos paralelos, como los serenos municipales, las empresas de seguridad privada, las rondas vecinales, entre otros. Lo que demuestra que la sociedad se ve obligada a recurrir a estos tipos de servicios, para subsanar la ausencia policial.

En una sociedad democrática, la policía como institución debe situarse en un punto de equilibrio, de una parte como instrumento de control del Estado para garantizar la libertad y la seguridad de la sociedad, y por otra parte, como garante y defensora de los derechos humanos de las personas. Esta doble responsabilidad funcional: derechos humanos y control ciudadano, genera modelos de actuación  policial diferenciados pero complementarios. Pero también, estos modos de actuación llevan de por sí, facultades propias de la naturaleza de la función policial, como el uso de la fuerza y el empleo de armas letales, que en determinadas circunstancias se acepta y justifica, porque se deriva de la experiencia ocupacional de algunas actividades como: la lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, etc. Pero debemos cuidar que estas facultades no degeneren en excesos de función, porque vulneran la imagen institucional y muestran a la policía, no como garantes de la paz y tranquilidad pública, sino como instrumento de dominio al servicio del Estado.

Ahora bien, los derechos humanos se materializan en la relación de confianza entre ciudadanos y policía, y en la actitud del personal policial de sentirse garantes de la protección y defensa de las personas. Para lograr este objetivo institucional, el Ministerio del Interior y  la Policía Nacional deben ser consecuentes en todos sus actos y decisiones, que se evite el doble mensaje, entre lo que se dice y lo que hace, que se dejen de lado los falsos “espíritu de cuerpo”  que hacen daño cuando encubren inconductas, que mientras más transparentes sean los procedimientos policiales y los procesos administrativos en casos de inconductas, mayor será el respeto a la institución y la confianza y credibilidad en sus integrantes. Pero el factor determinante para alcanzar esta aspiración, son las personas, son los propios policías que deben adoptar una actitud de cambio, en todos los grados sin distinción, sustentado en un perfil policial acorde a las exigencias del servicio que se brinda y a los valores éticos impregnados en los centros de formación académica.

Nuestra  Constitución tiene un modelo de sociedad acordada y aceptada, cuyas líneas centrales son: el sistema económico, el sistema político y los derechos ciudadanos. En torno a ellos, el Estado, la sociedad y las personas, asumen las  posibilidades y limites de sus derechos, más claro, la constitución política expresa los objetivos fundamentales que el Estado debe cumplir como representante político de la sociedad, y la policía nacional como entidad dependiente del estado debe cumplir sus funciones en concordancia con esos objetivos políticos.

En tal sentido, el poder ejecutivo debe  reglamentar y perfeccionar los modelos de actuación policial y establecer la política de seguridad interior del país, para garantizar el marco jurídico  y la conducción política  en la lucha contra la delincuencia, pues no basta con modernizar el equipamiento logístico de las unidades policiales, dotándolas de mejores armas y patrulleros “inteligentes”, tampoco se trata  de efectuar reorganizaciones nominales sin sentido técnico, sino, de adecuar la policía nacional como institución y organización corporativa a su finalidad constitucional a través de una política de Estado, que precise claramente el concepto de Orden Interno, Orden Publico y Seguridad Ciudadana y establezca la participación y responsabilidad de las entidades públicas y de la población organizada en este tema. Ubicando además, las atribuciones y facultades policiales dentro del marco jurídico del Estado de Derecho y de la Defensa de los Derechos Humanos, para posibilitar restablecer la relación policía-sociedad.

En el país no existen Políticas Integrales de Orden y Seguridad Publica, ni un organismo que las formule, ni sistemas multisectoriales que las implementen. Esta realidad determina que los esfuerzos de las diferentes entidades públicas y privadas que intervienen en esta materia no se encuentren debidamente coordinados y ensamblados para la atención y tratamiento de los diversos factores que origina el fenómeno de la criminalidad. Asimismo, el sistema administrativo de la institución policial necesita modernizarse, toda vez que el actual no permite que las demandas de servicio, sean atendidas en términos de calidad, eficiencia, economía y oportunidad. Además, el policía como actor principal e insustituible del  ejercicio de la función policial, atraviesa circunstancias difíciles que lo hacen proclive a la desmotivación. Estos factores están referidos a las bajas remuneraciones, débil sistema de bienestar, difíciles condiciones de trabajo, riesgos permanentes, falta de equipamiento adecuado, formación y capacitación inadecuada, entre otros.

La percepción de la población sobre la policía nacional es negativa, se la considera  una institución donde subyacen todavía defectos funcionales, como el uso indebido de la fuerza, el abuso de autoridad, la corrupción, etc. Percepción que dificulta recuperar el respeto y la confianza de la sociedad. Cada vez más, la figura del “policía amigo”, del protector y defensor de los indefensos, se ve sustituida por la del “policía sinchi”, del policía militarizado, del que se entrena y se publicita rescatando rehenes y realizando pruebas de valor, del que viste diversidad de uniformes tipo “comando” y porta armamentos sofisticados y de largo alcance, etc., lo cual confunde y deteriora  la identidad del verdadero policía, “garante de la paz y del respeto a las leyes”.

La Policía Nacional, necesita forjarse una imagen de su necesidad e importancia social para dotar de vida propia a la institución, y para proyectarla y justificar su existencia. Es decir, necesita legitimarse socialmente.

Para tal efecto, se sugiere en primer lugar: redefinir la relación policía-sociedad, de modo, que la percepción actual de la policía como instrumento de dominio del estado, se pase a una visión del policía al servicio de la sociedad, para lo cual es necesario priorizar la prestación del servicio a los sectores más vulnerables, a través de una estrategia sectorial técnicamente definida. En segundo lugar, las atribuciones y facultades policiales  deben  adecuarse a las normas del Estado de Derecho, para recuperar la credibilidad en la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, como fin supremo del Estado y de la sociedad. En tercer lugar, el cambio de actitud del personal policial debe comenzar en los centros de formación académica, y continuar en las comisarias consideradas el primer eslabón de la relación policía-sociedad, y debe ser evaluado y corregido en forma permanente por los  órganos de control policial ( inspectorias ). En cuarto lugar, redefinir las relaciones entre policía, poder judicial, ministerio público, ministerio de justicia, gobiernos regionales y locales y población organizada, para hacer posible una efectiva y real prevención, investigación y represión del delito.

Estas ideas han sido planteadas con la intención de colaborar con la materia específica arriba descrita, pero lo que apremia en estos momentos es terminar la teoría y pasar a la práctica.

(*) Crnel. PNP (r)

SEGURIDAD PUBLICA: TIEMPO DE RESPONSABILIDADES

Por: Julio Garazatúa Vela (*)
(Publicado en Noviembre de 2012)

Tradicionalmente a través de los tiempos, siempre hubo dos factores básicos para la generación de hechos de violencia: los reclamos sociales y las turbas enardecidas de origen mercenario. Los primeros argumentaban las injusticias del sistema económico, y los segundos eran promovidos por los “profesionales” del caos; por ejemplo, las marchas de protesta y las huelgas laborales, son muestras de lo primero; y los continuos cortes de carreteras con desmanes y enfrentamientos con las fuerzas del orden, se encuadran dentro de lo segundo. Sin embargo los lamentables sucesos de violencia ocurridos el 25 y 27 de Octubre pasado en el mercado mayorista ( la parada), y en el “centro comercial  Gamarra” del distrito de la Victoria, donde miles de inadaptados y delincuentes de toda clase, atacaron a la policía a cara descubierta, en circunstancias que cumplían la misión de garantizar el traslado y colocación de bloques de cemento, para restringir el tránsito vehicular de acceso  a dicha zona por disposición municipal, con el doloroso saldo de cuatro fallecidos y varios policías y civiles gravemente heridos; marca una nueva modalidad de violencia en el país.

Al parecer los agresores estaban organizados y esperaban el momento propicio para actuar, hecho que no fue advertido por los órganos de inteligencia policial, ni por los responsables del planeamiento operativo. Incluso la presencia de la prensa en el lugar de los hechos, no amilano a los cabecillas de la turba a ser descubiertos e identificados; ocurrió lo contrario, las cámaras de televisión que filmaban los pormenores de la revuelta, los envalentonaron en su descontrol y alentaron su agresividad contra el personal policial, que poco o nada pudo hacer para contrarrestar esta situación, al encontrarse en desventaja numérica, con un equipo inadecuado para estos casos, y con una estrategia equivocada al emplear la caballería en una zona encajonada y pavimentada que hacía difícil cualquier maniobra, en lugar de utilizar vehículos rompe manifestaciones ( pinochitos), tanquetas o perros policías entrenados contra tumultos ( para evitar saqueos).

La lectura de estos hechos nos muestra, que en el país las instituciones públicas y los funcionarios del Estado, dejan entrever dos defectos en su desempeño funcional: falta de autoridad e improvisación. Es notorio que las entidades públicas han perdido autoridad, entendiéndose esta como la facultad y el poder para hacer cumplir una decisión, y por ende carecen de credibilidad ante la población; los errores que se cometen continuamente en operativos fallidos, dan la sensación que los problemas por resolver, cualesquiera que fuere, no se toman en serio y que la actuación de los funcionarios públicos es percibido como improvisado e irresponsable, lo que deteriora la imagen del Estado. La seguridad es un tema sumamente trascendente, como para ser manejada en base a normas y procedimientos que no se cumplen o se cumplen mal; por ello resulta contraproducente si son consecuencia de apresuramientos, circunstancias emocionales o determinadas necesidades políticas. Las consecuencias de cualquier decisión inoportuna en materia de seguridad pública, será en primer lugar para las personas y sus bienes, sin dejar de lado el costo político, las pérdidas de vidas humanas y los perjuicios materiales y de imagen  de las entidades involucradas en el problema (Ministerio del Interior, Municipalidad de Lima, Policía Nacional, etc.).

Pero además de estas circunstancias, y del posterior  accionar policial del 27 de Octubre que permitió  lograr el objetivo previsto, queda en duda varias interrogantes que será necesario deslindar:  a quienes respondían estas turbas de inadaptados sociales y delincuentes embozados como comerciantes; cual es la verdad del entredicho político entre la municipalidad de lima y el ministerio del interior sobre la decisión tomada; cuando entra en vigencia el marco legal sobre el “ empleo de la fuerza” por la policía nacional, para debelar situaciones de esta naturaleza sin temor a procesos legales posteriores, para que no se repitan estos casos lamentables;  cuales fueron los procedimientos policiales que se adoptaron antes, durante y después del operativo en mención; cual es la responsabilidad del comando policial cuando la institución es vejada y cuestionada públicamente, por la inadecuada conducción en el cumplimiento de una misión de seguridad publica urbana.

Al parecer aun persisten algunas deficiencias en el planeamiento de este tipo de misiones: se subestima al oponente; el planeamiento continúa siendo rutinario, sin la información actualizada; el personal es asignado a última hora por lo tanto desconoce los detalles de la misión; la responsabilidad en caso de fracasos siempre recae en los mandos medios y la impunidad siempre es un aliado político de los verdaderos responsables.

Ahora bien, el gobierno para evitar en lo sucesivo estos hechos, no solamente debe expresar la decisión de contrarrestar la inseguridad pública y la violencia generalizada, sino, que debe ser visto haciéndolo; más claro, las instituciones y sectores del Estado a quienes se les confía la defensa y protección de la vida y bienes de las personas, deben ejercitar en la práctica este mandato. La seguridad es una necesidad cotidiana, es un derecho ciudadano y es un factor básico para la convivencia pacífica. La sociedad exige del gobierno un continuo proceso de mejoras en el desempeño funcional de los órganos de seguridad y justicia, pero también requiere que las personas se sientan atendidas en sus demandas de protección y tranquilidad pública.

Nada se gana con repartir culpas, ni mucho menos recurrir a la innoble costumbre de tratar de sacar ventaja política de esta crisis de seguridad. La gran pregunta es, si alguna vez el ejecutivo, el legislativo, el poder judicial y los partidos políticos, tomaron la seguridad ciudadana como un problema de Estado, con la imperiosa necesidad de garantizar su ejercicio, considerando que la inseguridad pública y la violencia interna que afrontamos no es responsabilidad solamente del actual gobierno, sino que forma parte del pasivo político recibido y trasciende a los gobiernos de turno. Más aun, cuando la población percibe que los poderes del Estado hasta ahora no se ponen de acuerdo para atender coordinadamente en la práctica esta álgida situación.

La sucesión de improvisaciones, descordinaciones, superposición de esfuerzos y acusaciones cruzadas, siguen perjudicando a la gobernabilidad y al principio de autoridad en este tema. Seguramente existen propuestas viables y surgirán muchas más que contemplen medidas adecuadas para solucionar esta problemática, pero también debe evitarse implementar mas burocracia. Se puede planificar un buen trabajo de prevención, investigación y represión del delito y de la violencia generalizada, con los organismos responsables y con los recursos disponibles; pero la gran barrera es la costumbre de armar y desarmar estructuras sin alcanzar los resultados deseados, quedando muchas veces en evidencia que el verdadero problema no son los recursos insuficientes, sino al parecer la falta de idoneidad en el cargo de quienes dirigen nuestras instituciones públicas, y la sospecha de corrupción que se cierne sobre los funcionarios del Estado. Estas son las  asignaturas pendientes que se hace imprescindible encararlas seriamente y resolverlas a la brevedad.

(*) Crnel. (r) PNP.

SOMOS LEYENDA

Por: Julio César Garazatúa Vela (*)

(Publicado en Diciembre de 2011)

El 30 de Octubre la revista dominical del diario La República, en el artículo "Hombres de Mercurio"; expresa,  que las inmensas reservas de oro del país en lugar de ser una bendición es un castigo, por obra de la minería informal. El diario La Primera del 04 de noviembre, en el suplemento "Agenda Global" informa, que el acuerdo energético Perú - Brasil es lesivo para los intereses del país, porque causaría graves impactos socio ambientales. El diario la República del 28 de Noviembre informa, “Catedráticos de Estados Unidos exhortan al presidente del Perú a detener el proyecto minero Conga, debido a graves consecuencias ambientales, sociales y sanitarias que generará". La Defensoría del Pueblo registra 217 conflictos sociales en todo el país, de los cuales 154 están activos  (71%) y 63 en estado latente (29%). Estos, y otros lamentables sucesos que se publicitan continuamente, dejan la sensación que el auspicioso debut del nuevo gobierno viene siendo acallado por tambores de guerra, que reavivan viejos conflictos, que hasta la fecha no tienen un tratamiento adecuado, por las contradicciones políticas en el manejo público de los mismos.

 

“Generalmente se gobierna como si fuera posible decretar o legislar el desarrollo, pero la realidad nos muestra que ninguna ley o decreto diseñado para impulsar la productividad o distribuir la riqueza, es capaz de convertir a un país pobre en un país rico”…

Los crónicos problemas políticos sociales que afronta el Perú, reconoce como auténticos responsables a las instituciones estatales de todos los tiempos, con el agravante de que esa ineficiencia desde hace algunas décadas, se extiende también  a los gobiernos regionales y locales. La falta de una cultura para hacer bien las cosas, es el principal problema que tiene la clase dirigente para revertir esta situación.

La contradicción entre lo que quieren los políticos y lo que exige la realidad, es lo que percibe la población, es lo que profundiza los conflictos, es lo que impide la concertación y la solución colegiada, es lo que genera incertidumbre y desconfianza ciudadana.

La historia política del Perú, nos dice que el estilo y la forma de gobernar no han cambiado a través de los años; no se gobierna para la próxima generación, sino para el próximo proceso electoral. No existe un proyecto nacional que sustente una imagen objetivo del país y que vise el desarrollo interno enmarcado en un proceso integrador. Los gobernantes de turno, administran el país con planes de gobierno que contienen metas y acciones a realizar en cinco años. Planes que muchas veces son formulados improvisadamente y cuyo contenido no se cumple de acuerdo al compromiso contraído. Más aún, la mayoría de los candidatos lo consideran sólo un instrumento de campaña. Nuestros gobiernos heredan cada cinco años, un legado frondoso de normas  y reglas que gobiernan la vida de los ciudadanos, junto con la burocracia que los ejecuta y una parte pobre de la población, cuya existencia depende del apoyo del estado (asistencialismo). Generalmente se gobierna como si fuera posible decretar o legislar el desarrollo, pero la realidad nos muestra que ninguna ley o decreto diseñado para impulsar la productividad o distribuir la riqueza, es capaz de convertir a un país pobre en un país rico .El estado continúa como una entidad lejana y extraña al pueblo, y las marchas de protesta se han convertido en el único canal de expresión popular para hacerse escucha. No se observa un verdadero sistema de justicia, lo que hay es un sistema político;  lo que se entiende por sistema judicial es una institución que solo aplica las leyes, normas y reglamentos que fluyen del sistema político. Los tribunales siguen actuando como apéndice de un estado burocrático, lento y ausente en muchas zonas del país. Es fundamental sustraer a la ley de la esfera política, para restaurar y garantizar los derechos y libertades de las personas.

En la última década, el comportamiento del estado ha sido el de mediador en los conflictos sociales, que es el tema que copa la agenda del actual gobierno. Al parecer, estos han sobrepasado la capacidad de control efectivo del estado, lo que propicia que los grupos en conflicto se aparten de los canales de expresión legalmente establecidos. Esta situación, muestra pérdida de legitimidad de las instituciones estatales para actuar como instancias de resolución de conflictos. Es decir, en la medida que las instituciones son percibidas como incapaces de contener y controlar los conflictos sociales, el estado tiende a convertirse en mediador de los mismos. Solucionar esta crisis de legitimidad que enfrenta el régimen político, exige que las instituciones se conviertan en verdaderos escenarios, donde se expresen las contradicciones y se diriman los conflictos, y donde se pueda encausar aquellas confrontaciones que se encuentran fuera de control. Pero además, el estado debe mostrar capacidad de acción para traducir los acuerdos y decisiones, en políticas y estrategias concretas que resuelvan los problemas.

Ahora bien, los analistas políticos advierten que la construcción de una nueva civilización está en marcha; pero este cambio requiere del diseño de nuevas y adecuadas estructuras políticas en todas las naciones del mundo. Todas las instituciones políticas tienen que ser reconstruidas, no porque sean intrínsecamente malas, sino porque actualmente son inviables e inadecuadas para las necesidades de un mundo que cambia radical y vertiginosamente. Este proceso de cambio, implica irremediablemente cambios en la manera de pensar, de sentir y de comportarse de millones de personas. Lo pacifico de este cambio, depende de lo flexible o intransigente que se muestren los gobiernos para evitar resistencias y confrontaciones sociales; como sucede por ejemplo,  con el movimiento de los indignados en muchos países de Europa, la lucha de los estudiantes en Chile y otros países de Sud- América; y lo que sucede en el Perú con los 217 conflictos por afrontar.

AUSENCIA DE INSTITUCIONES VIABLES EN EL ESTADO

Reformar el estado y reconstruir nuestra democracia, requiere aceptar que las grandes organizaciones laborales y sindicales son cosas del pasado, porque la sociedad se encuentra en un proceso de des masificación; que la diversidad social es una realidad que progresivamente va tomando forma en base a cientos de minorías, como los: moto taxistas, algodoneros, mineros maestros, médicos, policías, etc., agrupaciones que no los une ideologías de derechas o izquierdas, sino necesidades sociales insatisfechas, que al no ser atendidas pronta y oportunamente generan  tensiones y conflictos permanentes. Es la falta de Instituciones viables lo que agudiza innecesariamente el conflicto, lo que hace intransigente a las minorías e incluso a poblaciones enteras que se identifican con las protestas.

La forma de atender estos problemas, no es esperar que estalle la violencia y luego implementar mesas de diálogo, no es acusar a estas minorías de terroristas y delincuentes, y reprimirlos con la ley  y la fuerza pública. La solución radica en establecer canales de representatividad en el sistema, donde los gobiernos central, regional y local, legitime esta representación, y puedan ser escuchados y atendidos en sus respectivos ámbitos de actuación.

Por ello, es necesario insistir en que determinados asuntos de interés nacional, deben ser encarados en función de líneas estratégicas que respondan a un proyecto nacional y a políticas de estado aceptadas y consensuadas por gobernantes y gobernados, cuya continuidad en su ejecución no dependan de resultados electorales, o de periodicos relevos institucionales que impone la democracia. La respuesta a estos problemas tiene que sustentarse en las consultas previas y acuerdos nacionales, donde todos los agentes del sistema democrático se sientan atendidos en sus justas aspiraciones.

El actual gobierno, tiene la excelente oportunidad para reorientar el nuevo rumbo del país de acuerdo a las necesidades de la realidad nacional y al contexto que exige la dinámica mundial del tercer milenio; en ese sentido hará falta una cuota de desprendimiento y agudeza política, para privilegiar en los cargos del estado a los mejores hombres y mujeres, con probada moral, capacidad técnica profesional y experiencia política, para que coadyuven a sentar las bases del cambio prometido. Decisión que debe ser tomada por encima de presiones partidarias, pasiones amicales y pretensiones políticas de las agrupaciones  que conforman el movimiento Gana Perú. De no actuar así, estaríamos olvidando nuestra historia, y continuar siendo una leyenda.

(*) Crnl. PNP(r)  

HORIZONTES DE CAMBIO

Por: CRL. PNP(r) JULIO CESAR GARAZATUA VELA

(Publicado en  Agosto de 2011)

En momentos en que los Estados enfrentan la secuela del colapso económico, que afectó el sistema financiero mundial hace algunos años y los gobiernos tratan de  avanzar dando tumbos sin soluciones coherentes y sin visión de futuro, para emerger de esta vorágine  que genera desesperación é indignación de sus poblaciones, en el Perú, el nuevo gobierno se compromete con el pueblo a construir una sociedad nueva para un mundo nuevo. De abajo hacia arriba. De adentro hacia afuera. Una sociedad que privilegie el crecimiento económico con inclusión social. Que priorice a la persona humana como el fin supremo del Estado y su realización plena como objetivo político de gobierno. ¿Cuánta credibilidad tiene este compromiso?, ¿seremos capaces de responder como sociedad democrática a esta convocatoria?

Este compromiso exige prioritariamente, desterrar de una vez y para siempre viejos estilos de gobierno y malas costumbres políticas, que han impedido por siglos construir un mejor futuro para el Perú. Pero la situación política actual no es alentadora para este fin .La última campaña electoral ha dejado secuelas que se mantienen latentes en nuestra vida diaria, y se refleja en el quehacer político interno. Una sociedad polarizada donde grupos económicos con el apoyo de la mayoría de los medios de comunicación continúan desacreditando por cualquier motivo a las autoridades recientemente electas: alcaldesa de Lima y  presidente de la República, tratando de mantener cuotas de poder e ignorando la voluntad democrática del pueblo. Efervescencia social que genera conflictos y represión policial, con pérdidas de vidas humanas y daños materiales a la propiedad pública y privada. Un gobernante de salida, que en los últimos días de su mandato, prefiere el protagonismo frívolo en lugar de restablecer el orden y la tranquilidad pública seriamente alterada. Una clase política incapaz de asumir el papel histórico de coadyuvar a encauzar el orden social para una transferencia de gobierno seria y responsable. Y un Congreso maniatado e indiferente, cuyos integrantes priorizan asuntos personales y acomodos políticos para la próxima legislatura, en vez  de atender asuntos propios de su gestión.

Estoy seguro que la mayoría de los peruanos deseamos que a este nuevo gobierno le vaya bien. Pero a pesar de los buenos deseos la sensación de duda que transmiten nuestros gobernantes hace temer sobre la veracidad y la intención de lograr objetivos propuestos. Las dudas que surgen pueden ser infundadas, pero es conveniente mencionarlas. En primer lugar la nueva administración debe transmitir y mantener su plan de gobierno en forma coherente, que precise no solamente el que hacer, sino también el cómo hacer, las cosas en cada sector.

El segundo aspecto, es conocer hasta qué punto el presidente electo controla los resortes del poder y la disciplina partidaria, para evitar que los integrantes de su gabinete o de su bancada congresal, puedan caer en la soberbia y el facilismo y cometan conductas incorrectas, o se vean involucrados en actos de corrupción. Mas aun, es conveniente que sus actos demuestren unidad de criterio en la implementación y ejecución de las políticas y estrategias de gobierno. De tal manera que cuando se adopten decisiones políticas estas se encuentren claramente delineadas para llevarlas a cabo hasta su logro final y no cometer el error de siempre, que al anunciar una medida comiencen a producirse excepciones en función de las presiones de los grupos afectados, o se adopten medidas contrarias a las decisiones políticas, que no benefician al país, sino a determinados grupos de poder económicos nacionales o extranjeros.

El tercer aspecto a tomar en cuenta, es que la población percibe que el estado es ajeno y extraño a sus necesidades y demandas socioeconómicas y que los gobernantes de turno hipotecan el estado a los grupos de poder mediático, que son los que realmente mandan en el país. En este aspecto es importante la propuesta base del nuevo gobierno, el crecimiento económico con inclusión social, para lo cual se reafirma que se respetará el modelo económico vigente, lo que me parece bien. Sin embargo, también es importante definir los lineamientos de la nueva política económica que se aplicará para tal efecto y las estrategias adecuadas que puedan explicar por ejemplo como se realizará las correcciones pertinentes a los casos de monopolios y posiciones con dominio de mercado y como se eliminarán las asimetrías en la distribución del ingreso nacional, para disminuir la pobreza, que es nuestro principal problema. Además, los medios de comunicación voluntaria ó involuntariamente agudizan la confusión ciudadana, al informar equivocadamente que cualquier modificación o cambio de la política económica, necesariamente implica sustituir el modelo económico de tendencia liberal, por uno de tendencia populista y estatista, lo cual no es verdad. Tampoco es verdad,  que los principales lineamientos de la política económica son los equilibrios fiscal y monetario porque estos son requisitos que impone el principio de la Racionalidad, que deben ser cumplidos necesariamente.

Asimismo, el pensamiento económico vigente dice, que los agentes económicos son racionales en la búsqueda de maximizar sus intereses, y que el estado únicamente debe abocarse a las funciones de: defensa, seguridad, justicia, educación y salud; para afianzar esta teoría los neoliberales proclaman que ante distorsiones externas, el mercado aporta sus propios equilibrios, sin la necesidad de políticas económicas, y sostienen que el estado solo debe tener un rol subsidiario (Articulo 60º. de nuestra Constitución Política).

Sin embargo, la crisis económica que actualmente afronta la mayoría de los países del mundo, demuestra que esta teoría es inviable, en razón que los estados han adquirido un papel fundamental para tratar de restablecer el sistema financiero internacional. Entonces, es prioritario determinar cuál será el rol del estado en esta nueva fase del capitalismo, donde ocupa un espacio central para mantener el equilibrio de la actividad económica, a pesar de las presiones que los grupos de poder mediático ejercen sobre los gobiernos de turno, para preservar sus intereses.

...˝repensar en función del interés general del país, cual es el tipo de estado y el nivel de participación que tendrá en la economía en un escenario dominado por la crisisˮ…

El país no puede permitirse más improvisaciones,  que generan más corrupción, y más conflictos sociales. Los primeros informes del equipo de transferencia del nuevo gobierno, muestran que el gobierno saliente deja: desaceleración económica, conflictos sociales emergentes, exceso de personal en algunos sectores sin las capacidades para el cargo, malestar en las fuerzas armadas y policía nacional en actividad y retiro por una inadecuada estructura de remuneraciones y pensiones, obras inconclusas que han sido inauguradas con serias deficiencias, entre otros. Lo que demuestra que la corrupción y las malas costumbres políticas, son problemas endémicos enquistados en las altas esferas del estado.

El desafío actual, dicen los especialistas en el tema, es repensar en función del interés general del país, cual es el tipo de estado y el nivel de participación que tendrá en la economía en un escenario dominado por la crisis. Reconstruir el estado para ponerlo a disposición de todos los peruanos, es una tarea vital del nuevo gobierno, para alcanzar el desarrollo nacional que se ha propuesto.   

SEGURIDAD CIUDADANA. LAS REGLAS NO ESTAN ESCRITAS

Por: Julio César Garazatúa Vela (*)

(Publicado en Julio de 2012)

En el Perú, el desborde del delito y de la violencia indiscriminada ha dejado de ser una amenaza pública, y se ha convertido en un problema de Estado;  pero las instituciones responsables al parecer, aún no tienen una lectura clara de la magnitud del problema, menos la voluntad política para articular e implementar estrategias multisectoriales serias y efectivas. Las encuestas de opinión priorizan a la delincuencia como uno de los problemas que más afecta a la población. La inseguridad ciudadana continúa creciendo, en abierto desafío  al estado de derecho y al orden público establecido por los gobiernos de turno. 

La dramática sucesión de hechos criminales que diariamente culminan en asesinatos violentos, con las modalidades del “Ajuste de cuentas” (sicarios),  marcas, pandillaje, violaciones sin distinción de edad y sexo, entre otros; desnuda una situación de anarquía delincuencial y una débil respuesta del estado para hacer frente a este flagelo, que de prosperar puede poner en riesgo el sistema democrático.

La analista política Lucía Dammert sostiene,  que la inseguridad es uno de los ejes del debate político en el Perú y en Latino América, su incremento se vincula a la pérdida de espacios públicos, a un comportamiento social más individualizado y a una creciente sensación de angustia y temor. Además, una alta tasa de criminalidad, agrava y exacerba otros problemas urbanos como la destrucción del vecindario, la depreciación del valor de las propiedades, el temor de los comerciantes, amenaza a la integridad de los niños que asisten a los colegios, etc. En este contexto, las ciudades han ido perdiendo su capacidad socializadora, para convertirse en un campo de batalla.  Recomienda que, aunque la función de control y mantenimiento del orden y la seguridad pública está a cargo del gobierno central, los gobiernos locales son los más adecuados para trabajar en la prevención del delito. Para ello, se deben dejar de lado planes simplificadores y coyunturales y, desarrollar políticas de largo plazo que precisen el compromiso de la comunidad.

Efectivamente, en el país la inseguridad ciudadana es un problema acuciante no resuelto, que continúa en el plano teórico, sin pasar todavía a la práctica, por falta de liderazgo político que le dé sentido  y dirección a la lucha contra el delito. Tal es el grado de desorden y descoordinación en este tema, que los comités regionales y locales de seguridad ciudadana hasta la fecha, no pueden implementar acciones coordinadas e integradas con las comisarías y de más entidades involucradas en este problema, dando la sensación que cada cual actúa en forma aislada y en competencia permanente, limitando los resultados deseados. Así mismo, el Sistema Nacional de seguridad ciudadana es percibido como un ente burocrático, que no ejercita su capacidad normativa multisectorial, salvo en situaciones coyunturales y de sensacionalismo mediático, alentado por los medios de comunicación. Finalmente, el sector interior no asume su liderazgo político en la articulación y conducción de estrategias operativas para garantizar, mantener y restablecer el orden y la seguridad ciudadana. 

Ahora bien, el término de seguridad ciudadana adoptado en esta última década por los gobiernos de turno, sugiere que el estado protegerá mejor la integridad física y el patrimonio, entre otros derechos individuales de las personas. Pero las medidas que se implementan en la mayoría de casos, consiste en la aplicación de acciones generalmente represivas (mayor patrullaje, mayor empleo de la fuerza, más penas, etc.), en lugar de enfocarlas más a las personas y sus necesidades inmediatas.

Bruce Bensón profesor de la universidad del Estado de Florida, destaca que durante siglos el control de la criminalidad, fue casi en su totalidad privado y basado en la comunidad. Realizando una revisión de los sistemas de justicia penal en el mundo, se encuentra que los más exitosos han sido siempre aquellos que más se acercaron a este viejo modelo de la “Comunidad vigilante”, en la cual la restitución a la víctima, las patrullas de ciudadanos y la justicia privada eran los puntos más valorados; mientras que las fuerzas de seguridad, los fiscales, los tribunales y las prisiones eran casi siempre una idea tardía. Sin embargo, es la necesidad de orden y seguridad la que aporta la principal justificación de la existencia del estado. Al menos, desde el “Contrato social” de Rousseau y el final del derecho divino de los reyes, se ha visto al Estado como una de las partes intervinientes en un contrato con el pueblo. Un contrato para garantizar y mantener el orden y la seguridad necesaria en la sociedad. 

Para cumplir con este mandato, el Estado necesita reglas básicas fundamentales como, una política criminal, que considere el diseño y desarrollo de un sistema criminal integral y coherente, para hacer frente al problema de la delincuencia. Esta política no implica aplicar solamente medidas represivas de carácter penal, sino también medidas de prevención del delito. La prevención del delito es una función que debe ser incluida en toda política criminal, con objetivos por alcanzar. Proponer una política de prevención obedece a adoptar medidas y acciones tendentes a prevenir la ejecución de delitos; por ejemplo, en el caso del narcotráfico: prevenir la producción, consumo, distribución, transporte y comercio; más claro, enfrentar las causas, sus formas de producción y sus manifestaciones, para conocer la incidencia delictiva;  y que luego, nos permita diseñar las estrategias y acciones adecuadas para contrarrestarla.

La política de prevención comprende medidas de prevención “general” y “especial”, de acuerdo al ámbito de los destinatarios. Las medidas de prevención general consideran acciones de carácter penal como los de naturaleza “no penal”, siendo estas últimas las que deben tener prioridad en la implementación de una política criminal en un sistema democrático. Entre ellas se deben considerar medidas de corte educativo, cultural, recreativo económico, etc;  cuya aplicación  corresponde a las diferentes dependencias del Estado; debiendo jugar un papel importante la participación ciudadana. Las medidas de prevención “especial”, atienden sobretodo aspectos de tratamiento y de reinserción social del delincuente, y pueden tener carácter post-delictivo y pre-delictivo.

De acuerdo a lo descrito, la lucha contra el delito no se limita a la persecución y represión de delitos y delincuentes, sino que tiene una proyección mucho mayor. Para tal efecto, la prevención primaria debe ser instrumentada a través de la educación, la familia, la iglesia, los medios de comunicación, etc, bajo el control permanente de la autoridad responsable. En este tipo de prevención es fundamental el rol de los medios de comunicación, especialmente de la radio y televisión, pues ellos inciden y orientan la conducta humana, favoreciéndola o distorsionándola, según el tipo de programa y mensaje que trasmitan.

Así mismo, las estrategias de prevención del delito deben adecuarse a las circunstancias sociales, económicas y culturales de cada población y la particular problemática delictiva que de ella se derivan. Lo cierto es que, en el país todavía no existe un programa o una política de prevención del delito, en el que se precise los sectores e instituciones participantes, la función de cada una de ellas, los mecanismos de coordinación técnico y legal,  el responsable político de la dirección y conducción operativa, y los objetivos nacionales y locales por alcanzar en tiempos previstos. Es una tarea y un reto del actual gobierno.  

(*) Crnel. PNP (r)