Por: Julio Garazatúa
Vela (*)
(Publicado en Diciembre
de 2014)
La portada del diario “CORREO”
del 23 de Noviembre 2014, dice: “FF.AA: A LAS CALLES”, y en las dos páginas
siguientes se sustenta toda una teoría, con dispositivo legal vigente de por
medio, para que las Fuerzas Armadas puedan combatir la delincuencia,
argumentando que el delito ha desbordado la capacidad de la Policía Nacional. Y
en la “otra esquina”, como dirían los árbitros de boxeo, el gobierno con el
Ministro del Interior a la cabeza, es vapuleado y cuestionado duramente, cual
“bulling político”, por las estrategias poco efectivas que viene implementando
para contrarrestar la inseguridad pública, como
el caso del “Grupo Terna”.
Estos enfrentamientos públicos
alentados por los medios de comunicación, no corrigen nada ni conducen a
ninguna solución seria, que es lo que realmente espera la población ante un
problema tan álgido como la inseguridad ciudadana; al contrario, genera más
inseguridad, y más desorden institucional
del que ya tenemos.
Si bien es cierto, que la
intervención de las Fuerzas Armadas se encuentra facultada por lo dispuesto en
el Decreto Legislativo No.1095 del 01SET2010, que establece las Reglas de
empleo y uso de la Fuerza por parte de las FF.AA en el territorio nacional,
también es cierto que en el artículo 4° de dicho Decreto Legislativo se norma
la intervención de las FF.AA en defensa del Estado de Derecho y protección a la
sociedad, pero condicionada a que este apoyo a la Policía Nacional titular del orden
interno (artículo 166 de la Constitución Política del Perú) será proporcionada
previa declaratoria del Estado de
Emergencia, con la finalidad de restablecer el Orden Interno (tiene relación
con el artículo 137 de la Constitución Política). Además, el mismo artículo 4°,
en su inciso 3, dice que este apoyo será para casos de tráfico ilícito de
drogas, terrorismo, protección de instalaciones estratégicas, etc.
Al parecer, los agoreros de
siempre y los aúlicos del ayer, vienen difundiendo en forma irresponsable una
suerte de nuevo apocalipsis relacionándolo con la inseguridad pública, y que la
única solución es declarar al Perú en situación de emergencia y que las Fuerzas
Armadas asuman el control del orden interno en el país, con el pretexto del
desborde de la delincuencia. Este tipo
de opiniones ligeras, improvisadas e
irresponsables, muestran un
desconocimiento total de los conceptos de: orden interno, orden público y
seguridad ciudadana; más aun,
desconocen los mandatos constitucionales
establecidos en los artículos 165 (finalidad de las Fuerzas Armadas) y 166
(finalidad fundamental de la Policía Nacional), y los alcances y limites del marco jurídico vigente sobre este tema en
el país.
He reiterado en muchas oportunidades a través de este mismo
medio, que la lucha contra la delincuencia para que tenga éxito, debe ser
considerada un tema de Estado y ejecutarse en forma colegiada. Es verdad que el
Ministerio del Interior y la Policía Nacional tienen una participación fundamental y
decisiva en este aspecto, la Constitución Política del Perú y las leyes sobre el tema así lo establecen; pero también el marco jurídico vigente exige
la participación profesional, técnica y responsable del Poder Judicial, Ministerio Público,
Ministerio de Justicia, Congreso de la República, Instituto Nacional
Penitenciario, Presidentes Regionales,
Alcaldes, entre otros; quienes deben
optimizar sus esfuerzos y
resultados en la lucha contra el delito.
Pero en la práctica se observa un divorcio intersectorial, donde cada
institución hace lo que puede y lo que quiere, donde los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial, se encuentran atrapados en su propio laberinto,
enfrascados en “vendettas” y acusaciones
mutuas sobre corrupción , “mafias”,
tráfico de influencias, etc. hechos que agravan la situación de inseguridad
pública que afronta el país, y que no lo soluciona ni las fuerzas armadas con
todo su poderío bélico en las calles, si antes, el Estado que somos todos, no
ponemos un poco de cordura y coadyuvamos
a que el gobierno recupere la autoridad perdida, y ponga orden, antes que la
democracia entre a “cuidados intensivos”. Lo contradictorio de esta realidad,
es que habiendo diversas entidades corresponsables de esta problemática, sean
el ministro del interior y la policía nacional, los únicos que asuman los
desaciertos de esta inseguridad generalizada, al parecer estos cuestionamientos
frecuentes, se deben quizás a las
“decisiones mediáticas” del ministro del interior, acostumbrado a publicitar
estrategias policiales como el
denominado “grupo terna”, que en lugar de mantenerlo en reserva, realiza una
inoportuna demostración pública que
linda con lo grotesco, y donde expone al personal que supuestamente debe desempeñarse en forma
“encubierta”, lo cual desprestigia la
labor policial y pone en duda su capacidad operativa.
Ahora bien, la criminalidad como
fenómeno delictivo se manifiesta de tres formas: la criminalidad transnacional
que se expande bajo el paraguas de la globalización de las economías
(narcotráfico, terrorismo, lavado de activos, trata de personas, etc.); la
criminalidad organizada que actúa en bandas y respondiendo a esquemas incluso
paramilitares (extorsión, sicariato, marcas, robos a bancos, domicilios, etc.);
y la criminalidad menor o “callejera” que se propaga rápidamente en las urbes,
a consecuencia de un vasto y complejo conjunto de causas sociales. Esta
situación genera una creciente sensación de inseguridad pública, y un enfoque inadecuado
de las medidas de seguridad y del empleo de los recursos del Estado; además se
observa una deficiente participación de la comunidad en materia de prevención
del delito, lo que motiva que la población no se involucre totalmente en esta
tarea, imposibilitando consolidar una adecuada relación ciudadano-policía.
La Policía Nacional a fin de
recuperar la iniciativa en la lucha contra el delito, debe formular sus planes
de seguridad pública considerando dos objetivos principales: la lucha contra la
criminalidad transnacional y organizada mediante las Unidades Especializadas
(DIRINCRI, DIRANDRO, DINCOTE, etc.), adecuadamente capacitadas, entrenadas y
equipadas; y el combate a la delincuencia común o menor, a través de las
comisarias a nivel nacional, las cuales además deben considerar un “plan básico
de prevención”, que comprometa la
participación ciudadana organizada.
Asimismo, se sugiere retomar el “patrullaje selectivo” mediante el
empleo de las “unidades especiales” (Radio Patrulla, SUAT, Policía Canina,
Policía Montada, etc.), con la finalidad de cubrir las zonas de mayor
incidencia delictiva urbana y rural; este tipo de servicio refuerza el patrullaje a pie y el patrullaje
motorizado que realizan las comisarias con sus propios medios y con el apoyo de
los serenos municipales, dentro del ámbito de sus jurisdicciones, de modo tal
que se sienta la mayor presencia policial efectiva en las calles.
Estas formas de actuación
policial sugeridas, y otras que el Ministerio del Interior y la Policía
Nacional vienen implementando, aunadas a
la decisión del Gobierno de corregir,
reorientar y optimizar el desempeño de las instituciones del Estado sobre este tema, en el sentido de aceptar que la mejor estrategia para combatir el
delito es actuar en forma colegiada, seguramente permitirá a corto plazo
mejorar los niveles de la seguridad pública que la sociedad reclama.
(*) Crnel. PNP (r)
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