DEMOCRACIA EN EL PERU UNA DEUDA PENDIENTE

Por: Julio Garazatúa Vela (*)

(Publicado en Noviembre de 2014)

El resultado del último proceso electoral ha dejado en la población sensaciones diversas: desilusión, insatisfacción, rebeldía, conformismo, expectativas, etc., pero también ha graficado una nueva visión político-social del país, y una nueva historia empieza a escribirse.

Una ligera lectura de la realidad que vivimos y del futuro que nos espera, nos dice que la desigualdad, la exclusión social, la pobreza, la violencia, la corrupción, etc., todavía subyacen lacerantes en nuestra sociedad. Nos dice que la “clase política” en el Perú ha fracasado, y mas aún, casi se ha extinguido. Nos dice que existe orfandad del Estado en grandes zonas del país. Nos dice que el pueblo todavía confía en el sistema democrático, para concretar los cambios que reclama hace mucho tiempo, pero también siente que la incapacidad de los gobiernos y de los dirigentes políticos de turno, frustra sus aspiraciones y sus expectativas; y finalmente nos dice que el Perú se está transformando rápidamente en una sociedad desmasificada, y que la diversidad tiende a convertirse en una oposición generalizada, radical e inflexible.

Actualmente el pueblo peruano desconfía de sus gobiernos, cuestiona el doble mensaje de lo que se dice y de lo que se hace, se siente divorciado de sus dirigentes políticos. En las últimas tres décadas se produjo una irrefrenable caída de imagen de la clase política a los ojos del pueblo, que percibe que la llamada “clase política” que debe ser el timón del país, esta inutilizada, corrupta, improvisada, no preparada, fuera de control; si preguntáramos, ¿Quién gobierna el país?, seguramente la respuesta seria, grupos de poder y mafias políticas, que con el apoyo de los medios de comunicación se han enraizado en los gobiernos. Esta percepción genera vacío de poder y pérdida.

Algunos sostienen que la tendencia electoral es elegir una persona con autoridad que ponga orden en el Estado, este anhelo se basa en la creencia de la eficiencia autoritaria, sin embargo no existe relación entre autoridad fuerte y eficiencia; otros defienden la idea de que un estilo de gobierno que dio resultado en el pasado, también resultara en el presente o futuro; y desde hace algunos años  una gran mayoría piensa, que se debe reelegir a un candidato que aunque  haya robado, ha ejecutado obras.

Si nuestra preocupación fuera solamente elegir un buen gobernante, nuestro problema se resolvería fácilmente, pero el asunto va mas allá, incluso los mejores dirigentes políticos serían incapaces de resolver nuestros problemas, porque las instituciones a través de las cuales se debe actuar, han quedado obsoletas; son inadecuadas e inviables.

Actualmente, la sociedad tiende a desmasificarse a un nivel elevado de diversidad y complejidad, lo que ocasiona que las agrupaciones políticas nacionales tengan dificultad para subsistir, porque las bases locales muchas veces no acatan las decisiones de la dirigencia nacional, en razón que los grupos afiliados a ellas, realizan sus propias campañas para la consecución de sus propios fines.

Cada vez surgen nuevas agrupaciones, que luego desaparecen o se transforman, pero que tienen una característica particular, son transitorias y efímeras. Esta situación, motiva que las llamadas coaliciones, alianzas o frentes unidos, pierdan credibilidad en los procesos electorales frente a las nuevas organizaciones regionales, que van formando feudos políticos en determinadas zonas del país, con alarmantes índices de corrupción. Estas alianzas o coaliciones, pueden congregar a grupos con intereses comunes y se pueden mantener unidas el tiempo suficiente para elegir a un presidente de la república, congresistas, gobiernos regionales, alcaldes, etc.; pero luego tienden a disgregarse, dejando sin base de sustentación el proyecto o programa político acordado.

Esta desmasificación, deteriora la capacidad de una “endeble” clase política para manejar una nueva realidad, quienes acostumbrados a manipular a grupos homogéneamente establecidos, se encuentran de pronto ante diversos grupos transitoriamente organizados, que exigen atención inmediata a demandas y peticiones específicas.

Aunque nuestro sistema político está fundado teóricamente en la regla de la “mayoría”, actualmente en una sociedad desmasificada resulta casi imposible formar una mayoría, incluso para tratar asuntos vitales para el país, ejemplos a la vista, el Congreso de la República. Esta dificultad, pone en duda la teoría democrática clásica, y nos fuerza a preguntar si algún grupo esta adecuadamente representado. En este tipo de sociedad, no solo se carece de “objetivos nacionales”, sino también de objetivos regionales y municipales, porque es tan amplia la diversidad, que un representante democráticamente elegido, no puede hablar en nombre de un “consenso”, menos representar la “voluntad general”, porque sencillamente no existen.

Un gobierno no solo debe adoptar decisiones eficaces y hacerlas cumplir, sino también debe ser capaz de integrar políticas distintas e interpretar la diversidad de la sociedad, para responder a ella oportuna y adecuadamente. Algunas manifestaciones de la problemática que se describe en este agitado panorama político son: la inconformidad ciudadana con el resultado de las últimas elecciones regionales y municipales, en la capital y en muchas zonas del país; conflictos sociales con grave alteración del orden público, que ha ocasionado pérdidas de vidas humanas; enfrentamientos públicos continuos entre los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, que deteriora cada vez mas nuestra endeble democracia, y  la imagen del Estado; entre otros.

Esta realidad política, exige la puesta en marcha de un proceso de reforma y de cambios estructurales impulsado desde el mismo Estado, con el propósito de buscar una salida a la crisis de legitimidad y credibilidad que afronta el régimen político en el Perú. No basta que se proponga una nueva ley de partidos políticos para “adecentar” la clase política en el país, menos culpar a los electores de elegir a candidatos con antecedentes judiciales, incluso recluidos en los penales y otros involucrados en procesos judiciales, tampoco pensar que los conflictos sociales y las protestas públicas de la población para hacerse escuchar en sus demandas, son parte del juego democrático; sino que el Estado tenga la madurez  política para entender  que el problema existe,  tome las decisiones correctas y las soluciones apropiadas, y tenga la capacidad para traducir las soluciones  en políticas y estrategias concretas que resuelvan los problemas.

La modernización de las instituciones, así como la apertura del diálogo como instrumento democrático, reducen las tensiones sociales y facilitan el consenso necesario para iniciar las reformas requeridas, orientadas a fortalecer y legitimar el régimen político nacional.

Este último proceso electoral también nos recuerda, que las regiones del país han dejado de ser un ensayo político, para convertirse en una realidad, que van adquiriendo poder y autonomía, aspectos que deben ser armonizados y coordinados con el gobierno central, para conducir el proceso de reforma y el desarrollo nacional en forma concertada y unitaria, evitando desencuentros en la gobernabilidad, y facilitando construir una sociedad sostenible.

(*) Crnel. PNP (r)