Protestar por la inseguridad crónica
que vive el Perú, es una necesidad natural que nace del temor de convertirnos
en víctimas de la delincuencia y del crimen organizado que crece incesantemente;
es llamar la atención de un Estado aletargado, conformista, rutinario y de un
Gobierno que aun no atina a contrarrestar en forma efectiva el caos, el
desorden y la inseguridad pública, que azota el país hace décadas. Por ello, es
entendible el malestar del pueblo por el estado de indefensión en que se encuentra ante los
embates del delito; es comprensible las marchas de protesta de la población
enardecida, ante la incapacidad de los órganos de seguridad y justicia para
restablecer la seguridad y la tranquilidad pública; de cuestionar las propuestas
y promesas electorales reiteradamente incumplidas, considerándolas un maltrato
a la confianza ciudadana, que todavía cree en el sistema
democrático para solucionar sus
problemas; como por ejemplo: la fantasía de controlar el desborde de la delincuencia en
los primeros cien días; o devolver a los pensionistas de las Fuerzas Armadas y
de la Policía Nacional su “pensión renovable”, abusiva e inconstitucionalmente
arrebatada por el ex presidente Ollanta Humala, etc. Pero lo grave de este
asunto, es que hasta ahora no aprendemos la lección, seguimos cometiendo el
error de siempre, elegir como gobernantes a personas equivocadas, para luego
ser burlados impunemente.
Ahora bien, hace aproximadamente tres
décadas los ministros del interior de los diferentes gobiernos, han adoptado la mala costumbre de efectuar como
primera medida política al asumir sus cargos, pasar a la situación de retiro a
un número considerable de oficiales policiales de diversos grados, argumentando
la necesidad de reorganizaciones y reformas policiales, y al exceso de personal
en la cúpula policial. Este maltrato que se repite en cada gobierno, convierte a la policía nacional en una suerte
de “Institución laboratorio”, y a sus integrantes en “conejillos de indias”,
ante la actitud impasible, quieta, sin
reflejos ni reacción alguna del Comando Policial para defender los “fueros
institucionales”, establecidos en el Articulo 166 de la Constitución Política
del Perú y demás disposiciones jurídicas existentes sobre el tema.
Al parecer, el Ejecutivo aun no quiere entender
que estos continuos maltratos públicos a la institución policial y a sus
integrantes, deteriora la imagen de una institución vital del Estado, debilita
la mística y la moral policial, merma el accionar funcional, y denigra el honor
y la dignidad de los buenos policías que son la mayoría; más aun, acrecienta la
inseguridad pública, alimenta la falta de respeto de la población a la
autoridad de la que está investido el personal policial, incrementándose los casos de agresión a policías en el cumplimiento de sus funciones;
sin mencionar el daño que causa al Orden Interno y a la seguridad ciudadana.
Además, de la difícil situación
arriba descrita que afronta la Institución Policial, existe otro problema que
se deriva de la nueva Ley del Ministerio del Interior (Ley Nro.29334), la misma que en su nueva versión desarticula los
órganos de línea que mantenía la
anterior estructura orgánica; tal es así, que actualmente las ex Direcciones
Generales de Gobierno Interior, DISCAMEC y Migraciones, se consideran
organismos autónomos adscritos al sector interior, sin dependencia directa del
Ministro, y solamente considera como órgano de línea dependiente del sector a
la Dirección General de la Policía Nacional. Esta nueva organización deja
entrever, que el Ministerio del Interior para cumplir con su responsabilidad
política de restablecer y mantener la seguridad interna, y la lucha contra la
criminalidad, dispone solo de un órgano de línea, y de un aparato
administrativo-burocrático sobredimensionado. Este tipo de organización
debilita la capacidad operativa funcional del Ministerio para cumplir adecuadamente
con su finalidad asignada; propicia que
el Ministro del Interior sea cuestionado públicamente por los desaciertos
políticos, y los magros resultados contra la inseguridad ciudadana; y su
confusa actuación, a veces política, y en otras como Director
General de la Policía Nacional, confunde el verdadero rol político que le toca
desempeñar; lo que ocasiona que el Director General de la Policía sea ignorado
funcionalmente, sin posibilidad de ejercitar plenamente el comando
institucional, que por ley le corresponde.
En tal sentido, reitero una vez más,
que es indispensable corregir este error de organización en la Ley del
Ministerio del Interior, para recuperar y optimizar la lucha contra el delito
en forma integral, toda vez que los organismos: Gobierno Interior, SUCAMEC y
Migraciones deben volver a ser dependientes del sector, de tal manera que el
Ministro recupere el pleno liderazgo político en la tarea de garantizar la
seguridad interna en el país, y las cuatro Direcciones especializadas
incluyendo a la Policía Nacional puedan actuar en forma colegiada y coordinada
en los diversos campos propios de cada uno, a través de una estrategia técnica
sectorial que permita contrarrestar los conflictos sociales, la inseguridad pública,
la delincuencia y el crimen organizado.
Actualmente, toda la carga funcional de la lucha contra estos flagelos se recarga en las unidades operativas de una
sola institución la Policía Nacional; esta problemática se agrava, cuando al parecer
las coordinaciones estratégicas y tácticas, intersectoriales: interior,
justicia y ministerio público, ignoran al Director General de la Policía
Nacional, y generalmente se realizan con el Vice ministro de Orden Interno, lo
cual es un error garrafal de estrategia sectorial, porque vulnera los
principios de comando institucional, y peor aún, propicia usurpación de
funciones, errores tácticos, por ende, cuestionamientos públicos de ineptitud institucional; como por ejemplo, a la fecha se
acrecienta el empleo masivo de armas de fuego en la ejecución de delitos,
continúa en forma ascendente los delitos callejeros, asaltos a empresarios y
cambistas, se incrementa el ingreso de
delincuentes extranjeros, y fugas de personas requisitoriadas por nuestras fronteras, puertos y aeropuertos,
etc.
Finalmente, es indispensable tomar
decisiones urgentes en cuanto a perfeccionar el contenido de la nueva Ley Nro.
1267- Ley de la Policía Nacional promulgada el 18 de Diciembre del 2016. Lo
sugiero sin ningún afán de figuración o crítica destructiva, simplemente para
coadyuvar a mejorar una norma que va a regir la finalidad y las funciones de
una institución tutelar del Estado en beneficio de la sociedad a la que sirve;
en ese sentido sugiero decidir entre 2 acciones, que a continuación se indica:
revisar y corregir aspectos sustanciales de la norma que modernicen su accionar
con visión de futuro y que no colisione con la Constitución Política del Perú;
o, elaborar una nueva Ley de la Policía Nacional a cargo de un equipo del
Instituto Nacional de Altos Estudios Policiales (INAEP), asesorado por
profesionales de reconocida capacidad en el tema, liderado por jefe del Comité
de asesoramiento ministerial. En un próximo articulo hare conocer mi opinión
personal sobre el contenido de la norma, con la única intención de colaborar a
la distancia con mi modesto aporte producto de mi conocimiento y experiencia
sobre este asunto, y que la institución policial exige en estos momentos de
cambio, a sus integrantes en situación de actividad y retiro.
Cnel. PNP (r) Julio Cesar Garazatua Vela
