OSCURANTISMO POLITICO, BUSCANDO UNA SALIDA

Históricamente el término “oscurantismo político” tuvo su simiente en la época medioeval, se deriva de “Obscurans” que significaba oscurecimiento pero de la mente, consistía en no permitir que el saber llegue al pueblo, en mantener en la ignorancia a las clases populares. Entre sus características se menciona las siguientes: Usos de términos, restricción del conocimiento, prohibición de la expresión divergente, improductividad intelectual, malas condiciones de vida de la población, educación accesible solo a los sectores privilegiados, etc. 

Ahora bien, los especialistas de política en el mundo, sostienen que para evitar que esta amenazante figura se reactive, los Partidos Políticos actualmente necesitan sacudirse de sus ambiciones insaciables y costumbres inmorales, así como, realizar una revisión a fondo de sus idearios y de sus prácticas de gobierno. Expresan, que en las sociedades donde predominan  organizaciones políticas que contienen cierto sesgo con este “fenómeno político”, la democracia no funciona, porque acumulan demasiado poder y eliminan los controles y contrapesos del sistema; aprovechan su posición para prostituir los principios democráticos excluyendo a los ciudadanos en la toma de decisiones, carecen de filtros y garantías que impida que los caudillos, oportunistas, aventureros, o personas involucradas en procesos judiciales integren sus filas,  anulando cualquier barrera ética o legal que pueda poner límites a su dominio y poder. Los gobiernos elegidos en “democracia”, con esta clase de partidos políticos, no han conseguido contrarrestar ninguna de las lacras que hostigan a los Estados: corrupción, pobreza, desigualdad, injusticia, inseguridad, abuso de poder, conflictos sociales, violencia, etc.

 Por ejemplo, aproximadamente hace una década un analista político dijo: “que la clase política en el Perú ha muerto, esta insepulta y huele mal”. Han pasado los años y debo creer que tenía razón, los casos de corrupción gubernamental que afrontamos en estos últimos tiempos y sus consecuencias funestas dejan entrever que la calidad, la decencia, la prestancia y el desempeño ético  en la vida pública ha decrecido, se ha devaluado. Los partidos políticos tradicionales, cuna de los grandes líderes de antaño que brillaban con luz propia, se ha reducido a su mínima expresión, y otros no existen. Lo que predomina actualmente salvo excepciones, son: rezagos de otrora partidos tradicionales, “movimientos políticos emergentes”, “alianzas estratégicas de pseudos partidos regionales”, que se agrupan en cada proceso eleccionario para lograr presencia pública con afanes personalistas, o partidarios. Los principios ideológicos, la visión de país, los programas de gobierno y las propuestas de campaña, no son prioridades para sus fines de gobierno, son señuelos para captar más votos.

FUENTE : PERU 21

La imagen que la población tiene de sus gobernantes a los pocos meses de ser elegidos es alarmante: pérdida de confianza sobre cumplimiento de propuestas ofrecidas en campaña, falta de liderazgo que sostenga la gobernabilidad y los programas de gobierno, carencia de visión de futuro, desconocimiento del tipo de Estado que necesitamos para lograr el ansiado desarrollo, etc. Cada  proceso electoral se convierte en una estrategia partidaria para apoderarse del botín del presupuesto público por cinco años de mandato, lo que genera que el pueblo engañado reaccione con marchas de protesta, conflictos sociales, enfrentamientos con las fuerzas del orden, etc., porque es la única forma de hacerse escuchar. Este marco socio-político es prueba evidente, que los estilos de gobierno deben cambiar. No es posible que los candidatos a la Presidencia de la Republica, Congresistas, Gobernadores y Alcaldes, se les exija menos requisitos, condiciones profesionales y experiencia política, que a una secretaria o auxiliar de oficina; se requiere únicamente el apoyo de su partido o movimiento político que lo propone. Es poco para que el sistema sea confiable; por esa fisura llegan al poder los indeseables y los corruptos.

La nueva democracia debe restablecer los controles del poder, donde este sea realizado por las bases, no por las cúpulas. Es fundamental devolver el requisito de los valores éticos. Los gobiernos auténticamente democráticos no pueden gobernar en contra de la voluntad popular; cuando surjan conflictos de intereses, entre el gobierno y los ciudadanos, se debe recurrir a las facultades democráticas que establece la Constitución Política, como la consulta popular. Asimismo se debe exigir que los medios de comunicación abran sus espacios, para saber que piensa la población sobre los asuntos de interés general, de tal manera que la decisión política no sea unilateral sino consensuada.

No cualquier persona con un equipo de asesores, puede convertirse en un líder político. El liderazgo requiere de una base, una sustancia y un contenido solido. Los asesores pueden potenciar los puntos fuertes y mitigar las debilidades, pero las ideas y los valores son importantes. La política actualmente en la sociedad es una cuestión de percepciones, por eso el primer paso es la definición de su identidad, que no debe falsearse, sino estar basado en la realidad.

El escritor Jorge Muñoz Fernández dice: “vivimos tiempos en que los seres humanos, solemos celebrar acontecimientos inesperados con argumentos insensatos, sostener de manera obstinada errores, argumentar barbaridades o alardear sabiduría con razonamientos ingenuos”. Hasta ahora, somos objetos y cifras electorales, no somos todavía sujetos libres y soberanos, al contrario, políticamente actuamos como seres autómatas.

Es tiempo que los gobiernos del Perú, pongan orden a la situación política interna desordenada y violenta en la cual estamos atrapados hace años, para ello se necesita una nueva visión de Estado, una “clase política” con verdaderos principios ideológicos, autoridad y solida moral, capaz de unirnos en una sola nación y organizar una sociedad moderna y desarrollada acorde a las exigencias del nuevo milenio y una dirección consensuada con una población satisfecha.

Fernando Sabater decía: “la búsqueda del sentido de la vida es para los seres humanos satisfechos”; pero, como satisfacer la necesidad de una diversidad social, que muchas veces no tiene límites y donde los gobiernos se sienten impotentes. La sociedad tiene dos formas por excelencia, la “educación y las leyes”; para ello se requiere la decisión de reformar todas nuestras instituciones que actualmente son anacrónicas y desfasadas para alcanzar la luz a través del túnel del tiempo.    

Cnel. PNP (r) Julio Cesar Garazatua Vela.

PERU: EMERGENCIA CLIMATICA, LA NATURALEZA NO PERDONA

El “Niño Costero”, denominación con el que bautizamos a la última tragedia climática generada por la naturaleza en los primeros meses del presente año, y que ha dejado a su paso pérdidas de vidas humanas y cuantiosos daños materiales en varias zonas del país, se ha convertido en tan poco tiempo gracias a la indiferencia política en “un periódico de ayer”. Los casi 140 fallecidos, 20 desaparecidos, miles de damnificados, la destrucción de cientos de puentes, carreteras, etc., al parecer son simple estadísticas, que se han archivado en alguna instalación publica, y son útiles solo cuando se necesita cuantificar daños y “planear” obras costosas de reconstrucción, que nadie sabe, en que consisten, cuando se inician ni cuando terminan.

Al parecer, el “olvido” de estas tragedias naturales que soportamos anualmente, siempre guardan razones  poderosas, “esconden”: incapacidad en la gestión pública, visos de corrupción, negligencia de los gobiernos de turno, etc.; pero también  “encubren” impunidad de funcionarios públicos responsables de no prever oportunamente medidas de prevención para evitar o atenuar los daños sufridos por nuestros pueblos a nivel nacional. Tal es así, que actualmente han cesado las promesas populares  del Gobierno central y las predicas de condena de los medios de comunicación; y se han silenciado los planes y promesas empeñadas, para comenzar de inmediato el “plan de reconstrucción nacional”. Al parecer otros problemas mediáticos, tienen ocupados a los medios de prensa hablada y escrita; problemas con aristas “comprometedoras” que inducen a una mayor preocupación política en las Instituciones públicas, hechos que orientan la agenda del Gobierno. Como siempre, los Órganos de Control y de Justicia necesitan más tiempo y recursos para cumplir con su trabajo, la de establecer responsabilidades, que lamentablemente son tardías e inoperantes. Porque lo que hoy es válido, mañana son medias verdades, y donde existe conflicto de intereses pierden siempre los que menos tienen, porque las “componendas” y las “argucias” legales, continúan siendo “insumos” del estilo de hacer política en el país.     

Estos desastres naturales, además del daño, dolor y desolación que dejan en las familias peruanas, ponen al descubierto un problema crónico, que a pesar de ser repetitivo no tiene solución posible hasta la fecha. La incapacidad de gestión del Estado y la falta de articulación de las entidades de los gobiernos, son dos factores que impiden prevenir adecuadamente los daños que puedan causar estas catástrofes. Tal es así, que no se dispone de planes de contingencia de ningún tipo. Más aun, ninguno de los candidatos de este último proceso electoral, considero en sus propuestas, planes específicos de prevención o de reconstrucción de daños para estos casos, pese a que frecuentemente, enfrentamos los mismos problemas con los resultados trágicos de siempre.

Pero el tiempo muestra, que los estragos de estas devastaciones naturales permanecen en estado de abandono, como mudos testigos del desinterés del Estado, de la indiferencia y negligencia de los gobiernos Central, Regional y local para actuar con la brevedad que la situación exige; lo que predomina son los planeamientos teóricos interminables, la lentitud para tomar decisiones y ejecutar acciones, olvidando quizá, que estos desastres naturales, se encuentran a la vuelta de la esquina y puede golpearnos en cualquier momento con los resultados trágicos de siempre. Más claro, las poblaciones se encuentran expuestas a los mismos riesgos letales, sino se cambia la desidia por la acción.

Fuente: Predes - Centro de estudios y prevención de desastres

Los expertos en desastres naturales, sostienen como principales causas de estos fenómenos, el impacto del ser humano sobre la naturaleza y las decisiones incorrectas, que incrementan los riesgos. Sin embargo, los conocimientos técnicos-científicos actuales, permiten tomar medidas para mitigar sus efectos, incluso evitarlos. Para ello, recomiendan las acciones siguientes: 1. Poner medios materiales a disposición de la población.- Las personas responden y se protegen mejor frente a un desastre natural, si disponen de los medios materiales para ello, especialmente las personas que habitan cerca a las riberas de los ríos, o las que se encuentran en zonas alejadas de las ciudades, porque son las que sufren más las consecuencias del desastre y les cuesta recuperarse de las pérdidas sufridas. 2. Crear Planes de Ordenación Territorial.- Es necesario tener Planes de Ordenación Territorial en Departamentos, Provincias y Distritos. Estos planes deben tener en cuenta los peligros naturales que les pueden afectar. Los responsables institucionales deberían impedir mediante estos planes territoriales, la ocupación de áreas de riesgo, y mejorar los sistemas de control y denuncia para evitarlos. 3.- Desarrollar y mejorar los mapas de riesgo.- Los mapas de riesgo son fundamentales porque determinan el grado de exposición de las personas, actividades económicas, e infraestructura de una zona determinada de los peligros naturales, como: inundaciones, huaycos, sismos, etc. La Ley del Suelo del 2008, obliga a las Instituciones responsables a la creación de estos mapas, y a la consulta pública por los ciudadanos. Cualquier persona debe conocer el riesgo de un desastre natural de una zona, antes de comprar o construir una vivienda. La actualización de estos mapas de riesgo ayuda a prevenir efectos catastróficos. 4.- Capacitación  específica para la gestión de emergencias y medios materiales a funcionarios públicos y voluntarios.- Los encargados de atender catástrofes naturales, necesitan un entrenamiento adecuado para responder con oportunidad y eficacia los planes de prevención y evacuación; esta capacitación es fundamental para concientizar la necesidad de estar prevenidos ante un desastre natural, y saber cómo reaccionar. 5.-  Mejorar la conservación de los espacios naturales.- Los ecosistemas tienen un valor superior del que puede poseer a simple vista; por ejemplo, los bosques sin una política forestal sostenible, suelos erosionados, ríos sin drenaje adecuado, etc., dejan a la población limítrofe a estos riesgos, indefensos ante una eventual catástrofe. 6.- Mayor inversión en estudios y sistemas de alerta y respuesta temprana.- Las investigaciones científicas contribuyen a mejorar el conocimiento del origen y desarrollo de los desastres naturales; además, de crear sistemas para prevenir y reducir los desastres y evaluar su impacto. Por ello, es esencial la inversión en proyectos científicos sobre estos temas. 7.- Implementar un sistema integrado de Gestión de Riesgos.- Es fundamentar implementar un sistema integrado de gestión de riesgos. La misma que se debe realizar en forma articulada, para lograr una mejor atención institucional, y lograr mejores resultados en la prevención, respuesta y reconstrucción de daños.

Debemos aprender a trabajar con el pueblo, a través de políticas de Estado de prevención a largo plazo, y no lanzar al aire promesas populares sobre gastos de sumas exorbitantes, que son paliativos para aplacar la coyuntura, y continuar maltratando las esperanzas  de los más necesitados, de aquellos que los han perdido todo, porque eso alimenta la corrupción y constituye un delito flagrante.           

Cnel. PNP (r) Julio Cesar Garazatua Vela.        

REFORMA POLICIAL: INCONSISTENCIAS Y COYUNTURA

Si cada cinco años los nuevos Gobiernos del Perú, anuncian como una de sus primeras medidas políticas, la reorganización, reestructuración o reforma policial, quiere decir que ningún gobierno hasta la fecha ha sido capaz de modernizar a la Policía Nacional, de conformidad a la política de seguridad interna que exige la sociedad y el Estado Peruano en asuntos de delincuencia y crimen organizado. Por ello, a través de los años los denominados “experimentos” de modernización policial, siempre han sido incompletos, poco técnicos, inconsistentes y coyunturales, lo cual beneficia a la criminalidad que se incrementa en forma galopante a nivel nacional.  Incluso el actual Decreto Legislativo Nro. 1267-Ley de la Policía Nacional  del Perú promulgada recientemente el 18 de Diciembre del 2016, carece de visión de futuro, y muestra en su contenido errores de organización para enfrentar al delito en mejores condiciones de éxito; más aún,   algunos  aspectos legales considerados en la ley, colisiona con la Constitución Política del Perú y con el Sistema Jurídico vigente; tal es así, que desde el primer día de su publicación ha tenido que ser corregido el artículo 1ero, al considerar    equivocadamente a la Policía Nacional como un “órgano de carácter civil al servicio de la ciudadanía”.

Este, y otros  contenidos de la nueva Ley Policial, muestran contradicciones en su redacción, que pueden generar confusión y problemas funcionales al interior de la Institución, especialmente cuando se debe obtener resultados específicos, en la lucha contra el crimen; por ejemplo: en su Título III- Organización- Capítulo II-Estructura Orgánica-articulo 8vo-Conformacion de la Alta Dirección, se refiere a: “El Director General de la Policía Nacional, es designado por el Presidente de la Republica, entre los tres Oficiales Generales de Armas de la Policía Nacional en situación de Actividad, en el Grado de Teniente General en estricto orden de antigüedad. En los casos, que la designación del Director General recaiga en un oficial general de armas de la Policía Nacional del Perú, con el grado de General, este será ascendido al grado de Teniente General”. Considerando que la Policía Nacional es una Institución jerarquizada, este articulo tal como está redactado, quiebra la línea de sucesión por antigüedad, para acceder al cargo de Director General, que legalmente corresponde, de conformidad a los dispositivos legales vigentes sobre el tema, y restringe las aspiraciones profesionales de los oficiales de armas de lograr la más alta investidura policial; además, politiza al Comando Policial e hipoteca la lealtad Institucional a los intereses políticos de los Gobiernos de turno, y deteriora el verdadero sentido funcional de servicio a la sociedad.

Asimismo, el Titulo III-Organización-Capítulo VIII- Órganos de Línea-articulo 18, considera a la Dirección de Investigación Criminal, como el órgano de carácter técnico, normativo y operativo, encargado de formular, ejecutar, comandar y evaluar las operaciones policiales que comprendan materias como, lucha contra el terrorismo, antidrogas, medio ambiente, investigación criminal, lavado de activos, etc. Depende de la Sub-Dirección General. De igual forma, en el artículo 19, le da el mismo nivel, a la Dirección Nacional de Prevención, Orden y Seguridad, como el órgano de carácter técnico, normativo y operativo, encargado de planificar, comandar y supervisar las operaciones policiales en materia de seguridad de Estado, seguridad integral, seguridad ciudadana, operaciones especiales, transito, entre otros. Depende de la Sub-Dirección General; Luego, en el Capitulo IX- “estrena” un nuevo término “Órganos Desconcentrados”, y en su artículo 20 expresa, que estos órganos cumplen funciones específicas, asignadas dentro de un ámbito territorial determinado. Clasificando como tales a las: Macro regiones, Regiones Policiales, Frentes Policiales y Comisarias. Dependen de la Sub-Dirección General. De la manera como están redactados los artículos referidos a los órganos de línea,  con la novedad del término “órganos desconcentrados”, tienden a  generar burocracia, desorden y confusión organizacional, cuando lo que se requiere es simplicidad y flexibilidad en la estructura policial; por ende, es necesario una revisión urgente, para adecuarla al mandato constitucional asignada a la institución policial,  por las razones siguientes: los órganos de línea son las unidades básicas, a través de las cuales la Policía Nacional cumple su finalidad fundamental, establecido en el articulo 166 de nuestra Constitución Política; estas deben ser las necesarias y suficientes para que la Policía Nacional pueda cumplir adecuadamente con la diversidad funcional que se le encarga. En ese sentido, los órganos de línea deberían mantener su estructura actual por Direcciones Especializadas, que pueden ser dos o más, de acuerdo a la exigencia funcional y diversidad técnica-especializada que la institución necesita en su lucha contra el delito y el crimen organizado; y luego las Regiones Policiales, que pueden abarcar uno, dos o tres departamentos, de acuerdo a la incidencia delictiva, extensión territorial, control policial, etc.; y  eventualmente cuando la situación lo amerita se pueden crear Unidades temporales como los Frentes Policiales, que deben tener fecha de inicio y termino, misión específica, territorio de actuación, coordinación con la Región Policial respectiva y con las unidades de otras Instituciones de las Fuerzas Armadas, como el caso VRAEM, etc. Las comisarias no son órganos desconcentrados, son unidades primarias de contacto e interrelación con la población, en asuntos de prevención y seguridad pública contra el delito común, y deben continuar dependiendo orgánicamente del Jefe de Región.

De la misma forma, los órganos de línea por su naturaleza funcional deben depender del Director General de la Policía Nacional, esta situación no limita que este pueda delegar al Sub-Director General algunas tareas que considere conveniente, pero no la responsabilidad funcional que por el cargo que ostenta son propias del Director General. También es necesario realizar una disquisición en la última parte del artículo 19, relacionada a la Dirección Nacional de Prevención, Orden y Seguridad, cuando se refiere a las materias de: Seguridad de Estado, Seguridad Integral y Seguridad Ciudadana; al parecer son términos redundantes, es fundamental aclarar los mismos o corregirlos en su alcance funcional. Seria largo enumerar las demás observaciones que podría detectarse en la Ley Policial, por ello se sugiere que un equipo especial del INAEP revise detalladamente y sustente las correcciones que debe realizarse al DL-1267-Ley de la Policía Nacional. Para tal efecto, no se debe olvidar que la Policía es una Institución de naturaleza eminentemente social, que requiere estar íntimamente conectada a la realidad presente y futura del país. En ese sentido los esfuerzos de la institución policial, siempre deberán estar inspirados en esa necesidad. Pero la complejidad del mundo actual y la diversificación del delito, exige que amplié su capacidad perceptiva para asegurar que su devenir no esté alejado del Estado ni de la sociedad a la que sirve. Ambos objetivos ameritan un trabajo organizado con rigor técnico.  

Cnel. PNP(r) Julio Cé

sar Garazatúa Vela

SEGURIDAD PUBLICA: CUANDO LA PROTESTA ES UNA TERAPIA

Protestar por la inseguridad crónica que vive el Perú, es una necesidad natural que nace del temor de convertirnos en víctimas de la delincuencia y del crimen organizado que crece incesantemente; es llamar la atención de un Estado aletargado, conformista, rutinario y de un Gobierno que aun no atina a contrarrestar en forma efectiva el caos, el desorden y la inseguridad pública, que azota el país hace décadas. Por ello, es entendible el malestar del pueblo por el estado de  indefensión en que se encuentra ante los embates del delito; es comprensible las marchas de protesta de la población enardecida, ante la incapacidad de los órganos de seguridad y justicia para restablecer la seguridad y la tranquilidad pública; de cuestionar las propuestas y promesas electorales reiteradamente incumplidas, considerándolas un maltrato a la  confianza  ciudadana, que todavía cree en el sistema democrático para solucionar  sus problemas; como por ejemplo: la fantasía de  controlar el desborde de la delincuencia en los primeros cien días; o devolver a los pensionistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional su “pensión renovable”, abusiva e inconstitucionalmente arrebatada por el ex presidente Ollanta Humala, etc. Pero lo grave de este asunto, es que hasta ahora no aprendemos la lección, seguimos cometiendo el error de siempre, elegir como gobernantes a personas equivocadas, para luego ser burlados impunemente.

Ahora bien, hace aproximadamente tres décadas los ministros del interior de los diferentes gobiernos, han  adoptado la mala costumbre de efectuar como primera medida política al asumir sus cargos, pasar a la situación de retiro a un número considerable de oficiales policiales de diversos grados, argumentando la necesidad de reorganizaciones y reformas policiales, y al exceso de personal en la cúpula policial. Este maltrato que se repite en cada gobierno,  convierte a la policía nacional en una suerte de “Institución laboratorio”, y a sus integrantes en “conejillos de indias”, ante la actitud impasible, quieta,  sin reflejos ni reacción alguna del Comando Policial para defender los “fueros institucionales”, establecidos en el Articulo 166 de la Constitución Política del Perú y demás disposiciones jurídicas existentes sobre el tema.

 Al parecer, el Ejecutivo aun no quiere entender que estos continuos maltratos públicos a la institución policial y a sus integrantes, deteriora la imagen de una institución vital del Estado, debilita la mística y la moral policial, merma el accionar funcional, y denigra el honor y la dignidad de los buenos policías que son la mayoría; más aun, acrecienta la inseguridad pública, alimenta la falta de respeto de la población a la autoridad de la que está investido el personal policial,  incrementándose los casos de agresión  a policías en el cumplimiento de sus funciones; sin mencionar el daño que causa al Orden Interno y a la seguridad ciudadana.

Además, de la difícil situación arriba descrita que afronta la Institución Policial, existe otro problema que se deriva de la nueva Ley del Ministerio del Interior (Ley Nro.29334), la misma  que en su nueva versión desarticula los órganos de línea  que mantenía la anterior estructura orgánica; tal es así, que actualmente las ex Direcciones Generales de Gobierno Interior, DISCAMEC y Migraciones, se consideran organismos autónomos adscritos al sector interior, sin dependencia directa del Ministro, y solamente considera como órgano de línea dependiente del sector a la Dirección General de la Policía Nacional. Esta nueva organización deja entrever, que el Ministerio del Interior para cumplir con su responsabilidad política de restablecer y mantener la seguridad interna, y la lucha contra la criminalidad, dispone solo de un órgano de línea, y de un aparato administrativo-burocrático sobredimensionado. Este tipo de organización debilita la capacidad operativa funcional del Ministerio para cumplir adecuadamente con su finalidad  asignada; propicia que el Ministro del Interior sea cuestionado públicamente por los desaciertos políticos, y los magros resultados contra la inseguridad ciudadana; y su confusa actuación, a veces política, y en otras   como Director General de la Policía Nacional, confunde el verdadero rol político que le toca desempeñar; lo que ocasiona que el Director General de la Policía sea ignorado funcionalmente, sin posibilidad de ejercitar plenamente el comando institucional, que por ley le corresponde.

En tal sentido, reitero una vez más, que es indispensable corregir este error de organización en la Ley del Ministerio del Interior, para recuperar y optimizar la lucha contra el delito en forma integral, toda vez que los organismos: Gobierno Interior, SUCAMEC y Migraciones deben volver a ser dependientes del sector, de tal manera que el Ministro recupere el pleno liderazgo político en la tarea de garantizar la seguridad interna en el país, y las cuatro Direcciones especializadas incluyendo a la Policía Nacional puedan actuar en forma colegiada y coordinada en los diversos campos propios de cada uno, a través de una estrategia técnica sectorial que permita contrarrestar los conflictos sociales, la inseguridad pública, la delincuencia y el crimen organizado.

Actualmente, toda la carga  funcional de la lucha contra estos flagelos  se recarga en las unidades operativas de una sola institución la Policía Nacional;  esta problemática se agrava, cuando al parecer las coordinaciones estratégicas y tácticas, intersectoriales: interior, justicia y ministerio público, ignoran al Director General de la Policía Nacional, y generalmente se realizan con el Vice ministro de Orden Interno, lo cual es un error garrafal de estrategia sectorial, porque vulnera los principios de comando institucional, y peor aún, propicia usurpación de funciones, errores tácticos, por ende, cuestionamientos públicos de ineptitud  institucional; como por ejemplo, a la fecha se acrecienta el empleo masivo de armas de fuego en la ejecución de delitos, continúa en forma ascendente los delitos callejeros, asaltos a empresarios y cambistas, se incrementa  el ingreso de delincuentes extranjeros, y fugas de personas requisitoriadas por  nuestras fronteras, puertos y aeropuertos, etc.  

Finalmente, es indispensable tomar decisiones urgentes en cuanto a perfeccionar el contenido de la nueva Ley Nro. 1267- Ley de la Policía Nacional promulgada el 18 de Diciembre del 2016. Lo sugiero sin ningún afán de figuración o crítica destructiva, simplemente para coadyuvar a mejorar una norma que va a regir la finalidad y las funciones de una institución tutelar del Estado en beneficio de la sociedad a la que sirve; en ese sentido sugiero decidir entre 2 acciones, que a continuación se indica: revisar y corregir aspectos sustanciales de la norma que modernicen su accionar con visión de futuro y que no colisione con la Constitución Política del Perú; o, elaborar una nueva Ley de la Policía Nacional a cargo de un equipo del Instituto Nacional de Altos Estudios Policiales (INAEP), asesorado por profesionales de reconocida capacidad en el tema, liderado por jefe del Comité de asesoramiento ministerial. En un próximo articulo hare conocer mi opinión personal sobre el contenido de la norma, con la única intención de colaborar a la distancia con mi modesto aporte producto de mi conocimiento y experiencia sobre este asunto, y que la institución policial exige en estos momentos de cambio, a sus integrantes en situación de actividad y retiro.    

Cnel. PNP (r) Julio Cesar Garazatua Vela