El nuevo Gobierno del Perú, ha iniciado su
mandato con una aureola de esperanzas y expectativas en la población nacional,
un porcentaje de más del 60% de credibilidad y confianza en el primer mes así
lo aseveran. En ese sentido, los ministros en las diferentes carteras han
delineando someramente en estas primeras semanas el marco político que
orientara el desarrollo sectorial que ejecutaran en estos primeros meses, lo
cual ha sido expuesto, en la primera presentación del gabinete ministerial ante
el Congreso de la Republica para lograr el “voto de confianza”, el cual ha sido
otorgado por amplia mayoría, lo que les permite ir consolidando los objetivos
de Gobierno propuesto por el Presidente de la Republica en el mensaje inaugural
de su mandato.
Ahora bien, el sector interior es el que en estos
momentos genera mayores expectativas en el desempeño de su gestión ministerial,
por evidentes razones, ha heredado una situación de criminalidad desbordada sin
freno, sin control; una inseguridad pública galopante, y una administración
interna con visos de corrupción. Para superar estos anacrónicos problemas, el
Ministro del Interior ha hecho conocer lo diez puntos más importantes de 29
elaborados en su plan operativo para los primeros cien días, entre ellos:
masificar el sistema de recompensas para capturar a los delincuentes más
buscados; ejecución de 30 mega operativos a nivel nacional; incrementar 500 detectives
para investigación criminal; implementar equipos de inteligencia de alta
complejidad; establecer patrullaje integrado PNP-Serenazgo con 800 vehículos;
fortalecer el trabajo colegiado contra el delito PNP-Ministerio Publico-Poder
Judicial; implementar el sistema GPS, para controlar la ubicación y el trabajo
policial, entre otros.
Sin embargo, el debut del actual Ministro del
Interior no ha sido nada auspicioso, al no poder liderar políticamente un
problema policial interno, publicitado incesantemente por los medios de
comunicación, sobre la existencia de un supuesto “escuadrón de la muerte”; que
inicialmente se especulaba que estaba integrada por 96 efectivos policiales,
para luego, el mismo ministro tener que admitir públicamente ante la Comisión de
Defensa del Congreso de la Republica, que se trataba de nueve efectivos
involucrados supuestamente en este problema. Este difícil momento que todavía
no termina, demuestra falta de experiencia política del titular del sector,
para tratar adecuadamente este tipo de conflictos; más aun, en circunstancias
en que se requiere reforzar la imagen institucional de la Policía Nacional y
potenciar la moral de su personal, para hacer viable el cumplimiento del plan
operativo anticrimen propuesto. Al parecer la agenda en este tema, lo
establecen los medios de comunicación, lo cual debe corregirse a la brevedad.
Además, estas actividades programadas para los
primeros cien días, requiere elaborar e implementar en forma paralela las fases
siguientes por ejecutar después de este tiempo; porque no se debe olvidar que
la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado es una lucha sin tiempo,
que no tiene tregua, y no se debe bajar la guardia, lo que exige permanentes
trabajos multisectoriales de corto y mediano plazo, adecuadamente articulados y
coordinados con los órganos involucrados en este problema, y con los recursos
logísticos suficientes, para mantener en todo momento la continuidad de las
operaciones policiales anticrimen, para que no se repita las contradicciones de
los anteriores gobiernos, donde las decisiones políticas sobre este tema,
mostraban en la práctica instituciones desarticuladas, falta de liderazgo político,
y estrategias operativas tímidamente delineadas que impedían llevarlas a cabo
hasta su logro final; dejando entrever desorden, negligencia, corrupción y
desconfianza en los órganos de seguridad y justicia, y el crecimiento
exponencial del delito.
Asimismo, es conveniente evaluar con más
detenimiento algunos aspectos de los 10 puntos expuestos por el Ministro del
Interior, para que en la práctica estos, puedan alcanzar los resultados
deseados ; por ejemplo: el pago de recompensas, es una medida que puede
emplearse en determinadas circunstancias, particularmente para lograr la
captura de “jefes” de organizaciones criminales internacionales, o de bandas
organizadas de delincuentes que operan a nivel nacional, cuya captura requiere
información adicional de la población. Pero no se puede “masificar el pago de
recompensas”, por cualquier delincuente (extorsión, sicariato, violador, etc.).
La lucha contra la delincuencia y el crimen organizado es una tarea profesional
que cumple la Policía Nacional por mandato Constitucional, para ello se han
creado unidades técnicamente especializadas (DIRINCRI, DIRANDRO, DINCOTE,
INTELIGENCIA, etc.) capacitadas y entrenadas para ubicar, identificar y detener
a los responsables de los diversos delitos y ponerlos a disposición de los
órganos de justicia; la masificación de recompensas tal como está concebida,
devalúa el trabajo policial, distrae la labor prioritaria de protección
ciudadana, es un derroche de los dineros del Estado, y genera en el tiempo
“vendettas”, que puede incrementar otros delitos como el sicariato. 
De igual forma, se debe evaluar con minuciosidad
la continuidad o desactivación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana;
actualmente se la considera un ente burocrático, netamente normativo, cuyas
decisiones y acuerdos tomados en sus escasas reuniones, quedan simplemente en
mandatos teóricos, que no se acatan y que al parecer no tienen ningún alcance
en la parte operativa de la lucha contra el crimen. En ese sentido insistir en
que el Presidente de la Republica presida las reuniones de este Sistema, es
exponer su imagen pública y responsabilidad política por los desaciertos que se
deriven de los acuerdos tomados en ella. Lo aconsejable en estos casos es, que
todos los problemas que afronta el sector interior sobre seguridad pública
deben ser debatidos en el Consejo de Ministros, como seguramente sucede, de tal
manera que las medidas de solución y las estrategias de gobierno, sean
acordadas en forma colegiada con sus pares, tanto para la fase de la prevención
y represión del delito; y coordinadas en los casos que amerita, con el Congreso
de la Republica, Poder Judicial, Gobernadores Regionales, Alcaldes provinciales
y distritales, etc. Esta forma de actuar, facilita que el gobierno tenga un
conocimiento actualizado de los avances de las medidas tomadas en este tema,
afirma el liderazgo político del Ministro del Interior en la seguridad pública,
y coadyuva al apoyo permanente de los otros poderes del Estado, y de los
sectores afines al problema en la parte que les compete. Considerando lo arriba
descrito, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana sale sobrando. Finalmente debo reiterar, que para lograr los resultados propuestos en toda Estrategia o Plan Operativo, como en este caso, de lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, es fundamental dos requisitos: el cambio de actitud de servicio a la sociedad por parte de los órganos de seguridad y justicia, priorizando la defensa y la protección de los sectores más vulnerables; y la voluntad política de las Instituciones del Estado de querer hacerlo.
Cnel. PNP (r) Julio cesar Garazatúa Vela
