SEGURIDAD CIUDADANA. LAS REGLAS NO ESTAN ESCRITAS

Por: Julio César Garazatúa Vela (*)

(Publicado en Julio de 2012)

En el Perú, el desborde del delito y de la violencia indiscriminada ha dejado de ser una amenaza pública, y se ha convertido en un problema de Estado;  pero las instituciones responsables al parecer, aún no tienen una lectura clara de la magnitud del problema, menos la voluntad política para articular e implementar estrategias multisectoriales serias y efectivas. Las encuestas de opinión priorizan a la delincuencia como uno de los problemas que más afecta a la población. La inseguridad ciudadana continúa creciendo, en abierto desafío  al estado de derecho y al orden público establecido por los gobiernos de turno. 

La dramática sucesión de hechos criminales que diariamente culminan en asesinatos violentos, con las modalidades del “Ajuste de cuentas” (sicarios),  marcas, pandillaje, violaciones sin distinción de edad y sexo, entre otros; desnuda una situación de anarquía delincuencial y una débil respuesta del estado para hacer frente a este flagelo, que de prosperar puede poner en riesgo el sistema democrático.

La analista política Lucía Dammert sostiene,  que la inseguridad es uno de los ejes del debate político en el Perú y en Latino América, su incremento se vincula a la pérdida de espacios públicos, a un comportamiento social más individualizado y a una creciente sensación de angustia y temor. Además, una alta tasa de criminalidad, agrava y exacerba otros problemas urbanos como la destrucción del vecindario, la depreciación del valor de las propiedades, el temor de los comerciantes, amenaza a la integridad de los niños que asisten a los colegios, etc. En este contexto, las ciudades han ido perdiendo su capacidad socializadora, para convertirse en un campo de batalla.  Recomienda que, aunque la función de control y mantenimiento del orden y la seguridad pública está a cargo del gobierno central, los gobiernos locales son los más adecuados para trabajar en la prevención del delito. Para ello, se deben dejar de lado planes simplificadores y coyunturales y, desarrollar políticas de largo plazo que precisen el compromiso de la comunidad.

Efectivamente, en el país la inseguridad ciudadana es un problema acuciante no resuelto, que continúa en el plano teórico, sin pasar todavía a la práctica, por falta de liderazgo político que le dé sentido  y dirección a la lucha contra el delito. Tal es el grado de desorden y descoordinación en este tema, que los comités regionales y locales de seguridad ciudadana hasta la fecha, no pueden implementar acciones coordinadas e integradas con las comisarías y de más entidades involucradas en este problema, dando la sensación que cada cual actúa en forma aislada y en competencia permanente, limitando los resultados deseados. Así mismo, el Sistema Nacional de seguridad ciudadana es percibido como un ente burocrático, que no ejercita su capacidad normativa multisectorial, salvo en situaciones coyunturales y de sensacionalismo mediático, alentado por los medios de comunicación. Finalmente, el sector interior no asume su liderazgo político en la articulación y conducción de estrategias operativas para garantizar, mantener y restablecer el orden y la seguridad ciudadana. 

Ahora bien, el término de seguridad ciudadana adoptado en esta última década por los gobiernos de turno, sugiere que el estado protegerá mejor la integridad física y el patrimonio, entre otros derechos individuales de las personas. Pero las medidas que se implementan en la mayoría de casos, consiste en la aplicación de acciones generalmente represivas (mayor patrullaje, mayor empleo de la fuerza, más penas, etc.), en lugar de enfocarlas más a las personas y sus necesidades inmediatas.

Bruce Bensón profesor de la universidad del Estado de Florida, destaca que durante siglos el control de la criminalidad, fue casi en su totalidad privado y basado en la comunidad. Realizando una revisión de los sistemas de justicia penal en el mundo, se encuentra que los más exitosos han sido siempre aquellos que más se acercaron a este viejo modelo de la “Comunidad vigilante”, en la cual la restitución a la víctima, las patrullas de ciudadanos y la justicia privada eran los puntos más valorados; mientras que las fuerzas de seguridad, los fiscales, los tribunales y las prisiones eran casi siempre una idea tardía. Sin embargo, es la necesidad de orden y seguridad la que aporta la principal justificación de la existencia del estado. Al menos, desde el “Contrato social” de Rousseau y el final del derecho divino de los reyes, se ha visto al Estado como una de las partes intervinientes en un contrato con el pueblo. Un contrato para garantizar y mantener el orden y la seguridad necesaria en la sociedad. 

Para cumplir con este mandato, el Estado necesita reglas básicas fundamentales como, una política criminal, que considere el diseño y desarrollo de un sistema criminal integral y coherente, para hacer frente al problema de la delincuencia. Esta política no implica aplicar solamente medidas represivas de carácter penal, sino también medidas de prevención del delito. La prevención del delito es una función que debe ser incluida en toda política criminal, con objetivos por alcanzar. Proponer una política de prevención obedece a adoptar medidas y acciones tendentes a prevenir la ejecución de delitos; por ejemplo, en el caso del narcotráfico: prevenir la producción, consumo, distribución, transporte y comercio; más claro, enfrentar las causas, sus formas de producción y sus manifestaciones, para conocer la incidencia delictiva;  y que luego, nos permita diseñar las estrategias y acciones adecuadas para contrarrestarla.

La política de prevención comprende medidas de prevención “general” y “especial”, de acuerdo al ámbito de los destinatarios. Las medidas de prevención general consideran acciones de carácter penal como los de naturaleza “no penal”, siendo estas últimas las que deben tener prioridad en la implementación de una política criminal en un sistema democrático. Entre ellas se deben considerar medidas de corte educativo, cultural, recreativo económico, etc;  cuya aplicación  corresponde a las diferentes dependencias del Estado; debiendo jugar un papel importante la participación ciudadana. Las medidas de prevención “especial”, atienden sobretodo aspectos de tratamiento y de reinserción social del delincuente, y pueden tener carácter post-delictivo y pre-delictivo.

De acuerdo a lo descrito, la lucha contra el delito no se limita a la persecución y represión de delitos y delincuentes, sino que tiene una proyección mucho mayor. Para tal efecto, la prevención primaria debe ser instrumentada a través de la educación, la familia, la iglesia, los medios de comunicación, etc, bajo el control permanente de la autoridad responsable. En este tipo de prevención es fundamental el rol de los medios de comunicación, especialmente de la radio y televisión, pues ellos inciden y orientan la conducta humana, favoreciéndola o distorsionándola, según el tipo de programa y mensaje que trasmitan.

Así mismo, las estrategias de prevención del delito deben adecuarse a las circunstancias sociales, económicas y culturales de cada población y la particular problemática delictiva que de ella se derivan. Lo cierto es que, en el país todavía no existe un programa o una política de prevención del delito, en el que se precise los sectores e instituciones participantes, la función de cada una de ellas, los mecanismos de coordinación técnico y legal,  el responsable político de la dirección y conducción operativa, y los objetivos nacionales y locales por alcanzar en tiempos previstos. Es una tarea y un reto del actual gobierno.  

(*) Crnel. PNP (r)