SOMOS LEYENDA

Por: Julio César Garazatúa Vela (*)

(Publicado en Diciembre de 2011)

El 30 de Octubre la revista dominical del diario La República, en el artículo "Hombres de Mercurio"; expresa,  que las inmensas reservas de oro del país en lugar de ser una bendición es un castigo, por obra de la minería informal. El diario La Primera del 04 de noviembre, en el suplemento "Agenda Global" informa, que el acuerdo energético Perú - Brasil es lesivo para los intereses del país, porque causaría graves impactos socio ambientales. El diario la República del 28 de Noviembre informa, “Catedráticos de Estados Unidos exhortan al presidente del Perú a detener el proyecto minero Conga, debido a graves consecuencias ambientales, sociales y sanitarias que generará". La Defensoría del Pueblo registra 217 conflictos sociales en todo el país, de los cuales 154 están activos  (71%) y 63 en estado latente (29%). Estos, y otros lamentables sucesos que se publicitan continuamente, dejan la sensación que el auspicioso debut del nuevo gobierno viene siendo acallado por tambores de guerra, que reavivan viejos conflictos, que hasta la fecha no tienen un tratamiento adecuado, por las contradicciones políticas en el manejo público de los mismos.

 

“Generalmente se gobierna como si fuera posible decretar o legislar el desarrollo, pero la realidad nos muestra que ninguna ley o decreto diseñado para impulsar la productividad o distribuir la riqueza, es capaz de convertir a un país pobre en un país rico”…

Los crónicos problemas políticos sociales que afronta el Perú, reconoce como auténticos responsables a las instituciones estatales de todos los tiempos, con el agravante de que esa ineficiencia desde hace algunas décadas, se extiende también  a los gobiernos regionales y locales. La falta de una cultura para hacer bien las cosas, es el principal problema que tiene la clase dirigente para revertir esta situación.

La contradicción entre lo que quieren los políticos y lo que exige la realidad, es lo que percibe la población, es lo que profundiza los conflictos, es lo que impide la concertación y la solución colegiada, es lo que genera incertidumbre y desconfianza ciudadana.

La historia política del Perú, nos dice que el estilo y la forma de gobernar no han cambiado a través de los años; no se gobierna para la próxima generación, sino para el próximo proceso electoral. No existe un proyecto nacional que sustente una imagen objetivo del país y que vise el desarrollo interno enmarcado en un proceso integrador. Los gobernantes de turno, administran el país con planes de gobierno que contienen metas y acciones a realizar en cinco años. Planes que muchas veces son formulados improvisadamente y cuyo contenido no se cumple de acuerdo al compromiso contraído. Más aún, la mayoría de los candidatos lo consideran sólo un instrumento de campaña. Nuestros gobiernos heredan cada cinco años, un legado frondoso de normas  y reglas que gobiernan la vida de los ciudadanos, junto con la burocracia que los ejecuta y una parte pobre de la población, cuya existencia depende del apoyo del estado (asistencialismo). Generalmente se gobierna como si fuera posible decretar o legislar el desarrollo, pero la realidad nos muestra que ninguna ley o decreto diseñado para impulsar la productividad o distribuir la riqueza, es capaz de convertir a un país pobre en un país rico .El estado continúa como una entidad lejana y extraña al pueblo, y las marchas de protesta se han convertido en el único canal de expresión popular para hacerse escucha. No se observa un verdadero sistema de justicia, lo que hay es un sistema político;  lo que se entiende por sistema judicial es una institución que solo aplica las leyes, normas y reglamentos que fluyen del sistema político. Los tribunales siguen actuando como apéndice de un estado burocrático, lento y ausente en muchas zonas del país. Es fundamental sustraer a la ley de la esfera política, para restaurar y garantizar los derechos y libertades de las personas.

En la última década, el comportamiento del estado ha sido el de mediador en los conflictos sociales, que es el tema que copa la agenda del actual gobierno. Al parecer, estos han sobrepasado la capacidad de control efectivo del estado, lo que propicia que los grupos en conflicto se aparten de los canales de expresión legalmente establecidos. Esta situación, muestra pérdida de legitimidad de las instituciones estatales para actuar como instancias de resolución de conflictos. Es decir, en la medida que las instituciones son percibidas como incapaces de contener y controlar los conflictos sociales, el estado tiende a convertirse en mediador de los mismos. Solucionar esta crisis de legitimidad que enfrenta el régimen político, exige que las instituciones se conviertan en verdaderos escenarios, donde se expresen las contradicciones y se diriman los conflictos, y donde se pueda encausar aquellas confrontaciones que se encuentran fuera de control. Pero además, el estado debe mostrar capacidad de acción para traducir los acuerdos y decisiones, en políticas y estrategias concretas que resuelvan los problemas.

Ahora bien, los analistas políticos advierten que la construcción de una nueva civilización está en marcha; pero este cambio requiere del diseño de nuevas y adecuadas estructuras políticas en todas las naciones del mundo. Todas las instituciones políticas tienen que ser reconstruidas, no porque sean intrínsecamente malas, sino porque actualmente son inviables e inadecuadas para las necesidades de un mundo que cambia radical y vertiginosamente. Este proceso de cambio, implica irremediablemente cambios en la manera de pensar, de sentir y de comportarse de millones de personas. Lo pacifico de este cambio, depende de lo flexible o intransigente que se muestren los gobiernos para evitar resistencias y confrontaciones sociales; como sucede por ejemplo,  con el movimiento de los indignados en muchos países de Europa, la lucha de los estudiantes en Chile y otros países de Sud- América; y lo que sucede en el Perú con los 217 conflictos por afrontar.

AUSENCIA DE INSTITUCIONES VIABLES EN EL ESTADO

Reformar el estado y reconstruir nuestra democracia, requiere aceptar que las grandes organizaciones laborales y sindicales son cosas del pasado, porque la sociedad se encuentra en un proceso de des masificación; que la diversidad social es una realidad que progresivamente va tomando forma en base a cientos de minorías, como los: moto taxistas, algodoneros, mineros maestros, médicos, policías, etc., agrupaciones que no los une ideologías de derechas o izquierdas, sino necesidades sociales insatisfechas, que al no ser atendidas pronta y oportunamente generan  tensiones y conflictos permanentes. Es la falta de Instituciones viables lo que agudiza innecesariamente el conflicto, lo que hace intransigente a las minorías e incluso a poblaciones enteras que se identifican con las protestas.

La forma de atender estos problemas, no es esperar que estalle la violencia y luego implementar mesas de diálogo, no es acusar a estas minorías de terroristas y delincuentes, y reprimirlos con la ley  y la fuerza pública. La solución radica en establecer canales de representatividad en el sistema, donde los gobiernos central, regional y local, legitime esta representación, y puedan ser escuchados y atendidos en sus respectivos ámbitos de actuación.

Por ello, es necesario insistir en que determinados asuntos de interés nacional, deben ser encarados en función de líneas estratégicas que respondan a un proyecto nacional y a políticas de estado aceptadas y consensuadas por gobernantes y gobernados, cuya continuidad en su ejecución no dependan de resultados electorales, o de periodicos relevos institucionales que impone la democracia. La respuesta a estos problemas tiene que sustentarse en las consultas previas y acuerdos nacionales, donde todos los agentes del sistema democrático se sientan atendidos en sus justas aspiraciones.

El actual gobierno, tiene la excelente oportunidad para reorientar el nuevo rumbo del país de acuerdo a las necesidades de la realidad nacional y al contexto que exige la dinámica mundial del tercer milenio; en ese sentido hará falta una cuota de desprendimiento y agudeza política, para privilegiar en los cargos del estado a los mejores hombres y mujeres, con probada moral, capacidad técnica profesional y experiencia política, para que coadyuven a sentar las bases del cambio prometido. Decisión que debe ser tomada por encima de presiones partidarias, pasiones amicales y pretensiones políticas de las agrupaciones  que conforman el movimiento Gana Perú. De no actuar así, estaríamos olvidando nuestra historia, y continuar siendo una leyenda.

(*) Crnl. PNP(r)