INSEGURIDAD PUBLICA: REALIDAD Y POSIBILIDADES

Por: Julio Garazatúa Vela (*)

(Publicado en Septiembre de 2014)

Los constantes cambios en la cartera del Ministerio del Interior y de la Presidencia del Consejo de Ministros reflejan el laberinto que se encuentra el actual gobierno en cuanto al rumbo político en la conducción del Estado y a la carencia de objetivos concretos y viables en el Ministerio del Interior  para contrarrestar el acuciante problema de la inseguridad pública.

Al parecer, esta situación ha generado inquietud y preocupación no solamente en el ámbito político, sino también en la sociedad en general, por lo siguiente: en primer lugar, el asesor de gobierno en temas de seguridad, Wilfredo Pedraza, ex Ministro del Interior, muestra  estar  desconectado de la realidad  cuando se refirió, meses pasados, a la inseguridad pública como una “percepción”. Actualmente, esta problemática es un asunto de Estado, que exige del gobierno  acciones inmediatas y viables. En segundo lugar, la inseguridad pública se ha convertido en un problema crónico en el país, y el que más afecta a la población,  aseveración que se demuestra en las encuestas de opinión, en las estadísticas nacionales sobre delito y delincuencia, en la necesidad prioritaria de seguridad que reclama la sociedad y en el riesgo permanente que ofrecen las calles en cualquier barrio o ciudad del país. En tercer lugar, el gobierno piensa erróneamente  que el cambio de ministros del interior es la solución al problema de la inseguridad y el desorden público, lo deja entrever con los continuos cambios que viene efectuando en esa cartera, pero la realidad nos dice que hasta la fecha los resultados no son los esperados; es bueno recalcar, que aún el mejor político o el mejor ministro, sería incapaz de resolver los problemas de inseguridad  que afectan a la sociedad, sino se trabaja en forma colegiada y si no se reforman las instituciones  a través de la cuales se debe actuar. En cuarto lugar, se insiste en mantener vigente al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, un sistema burocrático que tal como está diseñado es inviable, por ello en la práctica es casi inactivo, sin liderazgo político en su conducción operativa;  pero contradictoriamente, se ha convertido en un instrumento político de campaña en los procesos electorales de los candidatos a gobiernos regionales y especialmente de los alcaldes, que ofertan la seguridad ciudadana como su principal objetivo, olvidándose de sus verdaderas tareas vecinales: limpieza pública, semáforos en buen estado, reparación de pistas y veredas, implementar mayor señalización y paraderos de transporte urbano, etc.

Seguramente, con la intención de corregir estos y otros problemas en el tratamiento de la inseguridad pública y optimizar los resultados  en el combate contra el delito y el crimen organizado, el Ejecutivo solicitó al Congreso de la República en agosto del 2012, facultades extraordinarias para legislar en siete materias especificas, siendo una de ellas: “la reforma de la legislación orientada al fortalecimiento institucional del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional  y de la carrera policial”.

Si bien es cierto, que uno de los logros de la gestión legislativa del Ejecutivo, fue la promulgación de la nueva Ley de Organización y Funciones del Ministerio del  Interior, Decreto Legislativo Nro. 1135, que establece el ámbito de competencia, la regulación de la estructura orgánica básica, la naturaleza jurídica y las funciones del sector; también es cierto, que es necesario revisar algunos aspectos de dicho decreto, por las razones siguientes: primero, el decreto legislativo 1135 establece que el Ministerio del Interior ejerce “competencia exclusiva” a nivel nacional en materia de orden interno, orden público y lucha contra la criminalidad organizada.  Al respecto, es del caso recordar que los asuntos de Orden Interno, Orden Público y lucha contra la delincuencia, ya están  legislados como finalidad fundamental de la Policía Nacional, de conformidad a la Constitución Política del Perú, artículo 166, y a Ley Orgánica Policial; por ende, estas materias se consideran tácitamente  de “competencia exclusiva” policial, y de responsabilidad política del Ministerio del Interior, y no es indispensable reiterarlo; al parecer  se menciona este término  para limitar posibles injerencias  de otros sectores u organismos públicos o privados,  en estos asuntos; pero para ello, basta definir los conceptos de Orden Interno, Orden Público y Crimen Organizado, precisando la dirección y conducción operativa del sector y su alcance funcional a nivel nacional sobre estos temas, dejando siempre un espacio legal para la participación de otras entidades, cuando se deban realizar acciones conjuntas. Segundo, las ex Direcciones Generales: DISCAMEC, Migraciones y Gobierno Interior que figuraban como órganos de línea del Ministerio del Interior, actualmente con el Decreto Legislativo 1135, se consideran Organismos Públicos adscritos (art.14), la relación con el  Sector  Interior  se reduce solo a la tarea de supervisar el cumplimiento de las políticas de cada uno de ellos (art. 6); la única institución que se mantiene dependiente del sector interior es la Policía Nacional (art.13), lo que motiva quizás, que en la practica el Ministro del Interior se desenvuelva  como un supra Director General de la Policía Nacional, en desmedro de su verdadera responsabilidad política que el cargo le exige  en la seguridad interna del país. Tercero, la prioridad política del sector interior en estos momentos de inseguridad generalizada,  debe ser la de concretar un “Plan Estratégico Sectorial integrado”, para  restablecer y luego garantizar el Orden Interno, el Orden Público y la Seguridad Ciudadana, manteniendo  el combate sin tregua  contra la delincuencia y el crimen organizado, tal como se viene ejecutando con las unidades policiales a nivel nacional. El plan estratégico sectorial debe incluir como órganos de línea,  a la Policía Nacional como también a los organismos públicos adscritos, para integrar especialidades y funciones relacionadas hacia un mismo objetivo: recuperar la seguridad interna y la tranquilidad pública; plan que debe ser articulado y coordinado con los sectores afines al problema, gobiernos regionales y alcaldes. La implementación y  ejecución  de este plan estratégico operativo es una deuda pendiente con el país, que hasta la fecha ningún ministro del interior ha podido cumplir. Cuarto, el Ministro del Interior debe mostrar que ha  asumido plenamente las funciones político-administrativas que por ley le corresponde al sector; y la Policía Nacional la dirección, conducción, coordinación y control, de todas las actividades y tareas, que sus funciones institucionales le exigen, de conformidad a su Ley Orgánica. Lo cual evitaría interferencias institucionales, desorden funcional  y evasión de responsabilidades; facilitando la supervisión y el control en los niveles  que corresponde. 

Asimismo, es necesario  recordar que existe un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, aprobado el 12 de julio del 2013 por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC),  y refrendado por Decreto Supremo Nro. 012-2013-IN, como Política Nacional de Estado. Dicho documento establece objetivos generales, y estrategias ha ejecutar en asuntos de seguridad ciudadana;  sin embargo, su contenido  todavía debe ser evaluado y perfeccionado para ser difundido a los organismos y sectores públicos participantes, de tal manera que las acciones a ejecutar sean viables para el logro de los objetivos propuestos. Ahora bien, considerando que el Decreto Legislativo 1135, expresa  la voluntad política de mantener vigente el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, se sugiere  al Ministerio del Interior como ente rector del sistema, que en lugar de diseñar una política pública de seguridad ciudadana que puede resultar inviable en la práctica, se formule un PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN, como instrumento político de prevención contra delito, donde participen todos los sectores y organismos afines a esta problemática. Este tipo de documento es más apropiado a las exigencias de la realidad actual, mas operativo, es simple en su ejecución, y las entidades participantes a nivel nacional (policía, gobiernos regionales, alcaldes y organismos públicos), adecuadamente organizadas, articuladas y coordinadas, trabajarían con sus propios recursos y en asuntos de su competencia, para alcanzar objetivos y metas previamente establecidas, en plazos previstos.

Todas las iniciativas que se relacionan con el tema de seguridad e inseguridad, pueden ser o no aceptadas, pero lo importante es que antes de desecharlas, sean  revisadas  y evaluadas, para que si el caso lo amerita, el sector interior pueda tener mayores elementos de juicio, para  adecuar su organización y funciones de acuerdo a los requerimientos y necesidades, que exige su responsabilidad  política de garantizar la seguridad interna del país.

(*) Crnel.PNP (r)