ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA

Por: Julio César Garazatúa Vela. Crnel. PNP (r)
(Publicado eln Marzo de 2011)

El artículo primero de la Constitución Política del Perú, dice: “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, son el fin supremo de la sociedad del Estado”. Este mandato implica garantía de paz social, tranquilidad pública, orden y protección ciudadana, etc.; factores necesarios para una adecuada convivencia pacífica. Sin embargo, la realidad nos dice que la violencia política y el delito en sus diversas formas y modalidades, se han incrementado descontroladamente a nivel nacional; esta situación exige que los gobiernos: central, regional y local, prioricen contrarrestar y detener la inseguridad y el desorden público, a través de las instituciones y leyes creadas para tal efecto.

En este contexto, los protagonistas, las criticas y las exigencias sobre orden y seguridad, se centran sobre las instituciones responsables, las leyes que amparan este derecho, la estrategia del gobierno y la inseguridad que amenaza desbordar el Estado de Derecho. Las medidas para lograr la situación de tranquilidad y paz social que reclama la población, debe partir de un análisis serio y responsable de los aspectos arriba indicados, análisis que permita conocer en su real dimensión el problema acuciante de la inseguridad interior.

La primera función de un Estado es asegurar el orden y la seguridad, para ello se implementa el Estado de Derecho, pero la disyuntiva que surge es, si ese orden está orientado al ciudadano que lo necesita para su convivencia pacífica, o, es un orden hecho para proteger al Estado contra cualquier alteración pública. Si es así, entonces el orden estaría orientado a beneficiar exclusivamente a aquellos que controlan el Estado, y todo el sustento de la democracia no tendría sentido; es urgente despejar esta incógnita, no solamente en teoría sino también en la práctica.

Ahora bien, garantizar el orden y la seguridad interior del país, requiere en primer lugar de instituciones viables y modernas para atender con eficiencia y eficacia las amenazas y los riesgos actuales que se multiplican y se diversifican continuamente. Es la falta de instituciones apropiadas lo que agudiza la inseguridad y el desorden; la solución a estos problemas no radica solamente en aumentar personal y recursos materiales a la policía nacional, menos en el empleo de la represión como técnica policial, tampoco en mostrarse como simples defensores de hechos consumados; sino, en tener instituciones que sean sensibles al problema, y puedan responder rápida y acertadamente a las necesidades de seguridad de la población; pero además, en imaginar nuevas y eficaces medidas para afrontar en mejores condiciones de éxito las diversas manifestaciones de la inseguridad. En suma, requerimos rediseñar las instituciones del Estado para hacerlas viables ante la nueva realidad que enfrenta, con capacidad de maniobra suficiente para fortalecer el orden y la seguridad pública.

Nos equivocamos cuando pensamos que el cambio del Ministro del Interior o del Director General de la Policía Nacional, va a solucionar la inseguridad ciudadana, no es así, estas son decisiones coyunturales de tinte político; el problema tiene otras aristas, incluso los mejores políticos o los mejores policías serian incapaces de resolver el problema del incremento del delito, de la violencia política y de la corrupción, porque las instituciones a través de las cuales se debe actuar, han quedado obsoletas y son inviables para esta tarea.

Otro aspecto importante a tratar, son las leyes que amparan el derecho a la vida y la defensa de la persona humana. El Estado Peruano como cualquier Estado del mundo, ha creado un sistema jurídico que establece las acciones a ejecutar para garantizar este derecho, normas que están contenidas en la Constitución Política y leyes especificas, de las cuales entre otras se mencionan: el artículo 166 de la constitución política, que dice: “la policía nacional tiene como finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras”. Asimismo el artículo 195 de la misma constitución, expresa: “la ley regula la cooperación de la policía nacional con las municipalidades, en materia de seguridad ciudadana”. Además la ley orgánica de la policía nacional, ley n° 27238, así como las leyes vigentes del ministerio del interior, fuerzas armadas, sistema judicial, sistema nacional penitenciario, ministerio público, municipalidades, etc.; explicitan funciones y responsabilidades que comparten cada una de ellas en asuntos de orden interno y seguridad pública, lo normal en estos casos, es mantener una coordinación técnica interinstitucional permanente, para atender oportunamente las necesidades de la población; no es necesario leyes adicionales, mandatos de gobierno o comisiones especiales, para ejecutar acciones conjuntas en beneficio de la tranquilidad pública y paz social; insistir en este error, es generar más burocracia y confusión, que vulneran los espacios jurídicos claramente establecidos para cada sector.

Ahora bien, hablar de políticas y estrategias de gobierno para mantener el orden y la seguridad interior, es mencionar ausencias clamorosas, en razón que hasta la fecha no se conoce la política de orden y seguridad interior en el país, menos aun las estrategias: nacional, regional y local, para la lucha contra la delincuencia, la violencia política y la corrupción, que amenazan la democracia; al carecer de estas normas directrices, no se pueden formular planes operativos, porque se desconoce la situación de estos aspectos en cada provincia o distrito del Perú, toda vez, que las causas y problemas son diferentes en cada zona. Las iniciativas institucionales que se publicitan como medidas de gobierno contra la inseguridad, no son políticas ni estrategias estables y definidas que orienten el trabajo de las instituciones responsables, solamente son iniciativas o ensayos para paliar una situación coyuntural, que pasado el tiempo, se desactivan porque no satisface los resultados esperados y no soluciona el problema.

La inseguridad en el Perú se genera en tres vertientes: la violencia política, la delincuencia y la corrupción, las mismas que según la opinión pública continúan sin abordarse adecuadamente, y tienden a insertarse peligrosamente en la sociedad como un modo de vida. Esta percepción es aseverada por los medios de comunicación hablada y escrita, en los noticieros informativos que se transmiten diariamente. El crecimiento de la inseguridad tiene un efecto sustancial en la calidad de vida de la población, en razón que la mayoría de las personas adoptan diversas medidas para evitar la posibilidad de convertirse en victimas, esta reacción de los ciudadanos genera proliferación de un comercio descontrolado de equipos y métodos de seguridad, que se ofertan al mejor postor, tales como: venta de armas, seguros contra robos, empresas de seguridad privada, incluso excesos de atribuciones legales a los serenos municipales, con el grave riesgo de crear “policías paralelas”, que vulneran la Constitución y leyes vigentes.

Este desorden mediático, en muchos casos alienta a la población a propiciar “linchamientos populares” y castigos físicos severos a los responsables de delitos infraganti, motivando contradicción en el accionar policial, cuando debe rescatar a presuntos delincuentes del poder de turbas enardecidas denominadas rondas vecinales, que tratan de hacer justicia por su propia mano, violentando un estado de derecho teórico, que existe legalmente, pero que no se respeta ni se garantiza en la realidad. Esta situación de abandono y desprotección de la población, particularmente en los distritos populares y zonas rulares, y la poca efectividad en el accionar de las instituciones de seguridad y justicia, motiva desconfianza, rechazo y pérdida de credibilidad en el Estado, y merma la legitimidad del gobierno.

El Perú necesita un Estado al servicio de la persona humana, como expresa nuestra Constitución, que inspire confianza, tanto por una gestión pública eficiente y transparente, como por la atención adecuada y oportuna a las necesidades, de orden y seguridad de la población y sus bienes; de continuar esta situación estaríamos arriesgando nuestra endeble democracia, ante la amenaza de la inseguridad generalizada