SEGURIDAD PUBLICA: TIEMPO DE RESPONSABILIDADES

Por: Julio Garazatúa Vela (*)
(Publicado en Noviembre de 2012)

Tradicionalmente a través de los tiempos, siempre hubo dos factores básicos para la generación de hechos de violencia: los reclamos sociales y las turbas enardecidas de origen mercenario. Los primeros argumentaban las injusticias del sistema económico, y los segundos eran promovidos por los “profesionales” del caos; por ejemplo, las marchas de protesta y las huelgas laborales, son muestras de lo primero; y los continuos cortes de carreteras con desmanes y enfrentamientos con las fuerzas del orden, se encuadran dentro de lo segundo. Sin embargo los lamentables sucesos de violencia ocurridos el 25 y 27 de Octubre pasado en el mercado mayorista ( la parada), y en el “centro comercial  Gamarra” del distrito de la Victoria, donde miles de inadaptados y delincuentes de toda clase, atacaron a la policía a cara descubierta, en circunstancias que cumplían la misión de garantizar el traslado y colocación de bloques de cemento, para restringir el tránsito vehicular de acceso  a dicha zona por disposición municipal, con el doloroso saldo de cuatro fallecidos y varios policías y civiles gravemente heridos; marca una nueva modalidad de violencia en el país.

Al parecer los agresores estaban organizados y esperaban el momento propicio para actuar, hecho que no fue advertido por los órganos de inteligencia policial, ni por los responsables del planeamiento operativo. Incluso la presencia de la prensa en el lugar de los hechos, no amilano a los cabecillas de la turba a ser descubiertos e identificados; ocurrió lo contrario, las cámaras de televisión que filmaban los pormenores de la revuelta, los envalentonaron en su descontrol y alentaron su agresividad contra el personal policial, que poco o nada pudo hacer para contrarrestar esta situación, al encontrarse en desventaja numérica, con un equipo inadecuado para estos casos, y con una estrategia equivocada al emplear la caballería en una zona encajonada y pavimentada que hacía difícil cualquier maniobra, en lugar de utilizar vehículos rompe manifestaciones ( pinochitos), tanquetas o perros policías entrenados contra tumultos ( para evitar saqueos).

La lectura de estos hechos nos muestra, que en el país las instituciones públicas y los funcionarios del Estado, dejan entrever dos defectos en su desempeño funcional: falta de autoridad e improvisación. Es notorio que las entidades públicas han perdido autoridad, entendiéndose esta como la facultad y el poder para hacer cumplir una decisión, y por ende carecen de credibilidad ante la población; los errores que se cometen continuamente en operativos fallidos, dan la sensación que los problemas por resolver, cualesquiera que fuere, no se toman en serio y que la actuación de los funcionarios públicos es percibido como improvisado e irresponsable, lo que deteriora la imagen del Estado. La seguridad es un tema sumamente trascendente, como para ser manejada en base a normas y procedimientos que no se cumplen o se cumplen mal; por ello resulta contraproducente si son consecuencia de apresuramientos, circunstancias emocionales o determinadas necesidades políticas. Las consecuencias de cualquier decisión inoportuna en materia de seguridad pública, será en primer lugar para las personas y sus bienes, sin dejar de lado el costo político, las pérdidas de vidas humanas y los perjuicios materiales y de imagen  de las entidades involucradas en el problema (Ministerio del Interior, Municipalidad de Lima, Policía Nacional, etc.).

Pero además de estas circunstancias, y del posterior  accionar policial del 27 de Octubre que permitió  lograr el objetivo previsto, queda en duda varias interrogantes que será necesario deslindar:  a quienes respondían estas turbas de inadaptados sociales y delincuentes embozados como comerciantes; cual es la verdad del entredicho político entre la municipalidad de lima y el ministerio del interior sobre la decisión tomada; cuando entra en vigencia el marco legal sobre el “ empleo de la fuerza” por la policía nacional, para debelar situaciones de esta naturaleza sin temor a procesos legales posteriores, para que no se repitan estos casos lamentables;  cuales fueron los procedimientos policiales que se adoptaron antes, durante y después del operativo en mención; cual es la responsabilidad del comando policial cuando la institución es vejada y cuestionada públicamente, por la inadecuada conducción en el cumplimiento de una misión de seguridad publica urbana.

Al parecer aun persisten algunas deficiencias en el planeamiento de este tipo de misiones: se subestima al oponente; el planeamiento continúa siendo rutinario, sin la información actualizada; el personal es asignado a última hora por lo tanto desconoce los detalles de la misión; la responsabilidad en caso de fracasos siempre recae en los mandos medios y la impunidad siempre es un aliado político de los verdaderos responsables.

Ahora bien, el gobierno para evitar en lo sucesivo estos hechos, no solamente debe expresar la decisión de contrarrestar la inseguridad pública y la violencia generalizada, sino, que debe ser visto haciéndolo; más claro, las instituciones y sectores del Estado a quienes se les confía la defensa y protección de la vida y bienes de las personas, deben ejercitar en la práctica este mandato. La seguridad es una necesidad cotidiana, es un derecho ciudadano y es un factor básico para la convivencia pacífica. La sociedad exige del gobierno un continuo proceso de mejoras en el desempeño funcional de los órganos de seguridad y justicia, pero también requiere que las personas se sientan atendidas en sus demandas de protección y tranquilidad pública.

Nada se gana con repartir culpas, ni mucho menos recurrir a la innoble costumbre de tratar de sacar ventaja política de esta crisis de seguridad. La gran pregunta es, si alguna vez el ejecutivo, el legislativo, el poder judicial y los partidos políticos, tomaron la seguridad ciudadana como un problema de Estado, con la imperiosa necesidad de garantizar su ejercicio, considerando que la inseguridad pública y la violencia interna que afrontamos no es responsabilidad solamente del actual gobierno, sino que forma parte del pasivo político recibido y trasciende a los gobiernos de turno. Más aun, cuando la población percibe que los poderes del Estado hasta ahora no se ponen de acuerdo para atender coordinadamente en la práctica esta álgida situación.

La sucesión de improvisaciones, descordinaciones, superposición de esfuerzos y acusaciones cruzadas, siguen perjudicando a la gobernabilidad y al principio de autoridad en este tema. Seguramente existen propuestas viables y surgirán muchas más que contemplen medidas adecuadas para solucionar esta problemática, pero también debe evitarse implementar mas burocracia. Se puede planificar un buen trabajo de prevención, investigación y represión del delito y de la violencia generalizada, con los organismos responsables y con los recursos disponibles; pero la gran barrera es la costumbre de armar y desarmar estructuras sin alcanzar los resultados deseados, quedando muchas veces en evidencia que el verdadero problema no son los recursos insuficientes, sino al parecer la falta de idoneidad en el cargo de quienes dirigen nuestras instituciones públicas, y la sospecha de corrupción que se cierne sobre los funcionarios del Estado. Estas son las  asignaturas pendientes que se hace imprescindible encararlas seriamente y resolverlas a la brevedad.

(*) Crnel. (r) PNP.