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| KEIKO VS. PPK |
Actualmente el Perú, está finalizando un nuevo proceso electoral
totalmente accidentado desde su inicio. Estamos en la curva final de una
segunda vuelta “democrática”, entre dos candidatos que han logrado el
favoritismo del pueblo entre 19 postulantes. Ambos candidatos presumen conocer
la problemática de la inseguridad pública y de la criminalidad que asola al
país, y plasman en sus Planes de
Gobierno” medidas y acciones para solucionar esta difícil situación.
Este drama nacional que agobia y
asfixia a la sociedad en su conjunto, es un problema que hasta la fecha
continua sin solución posible, donde muchos gobiernos han fracasado, donde las
estrategias y los planes operativos no han logrado los resultados esperados,
donde el Estado y sus instituciones muestran agotamiento funcional para atenuar este flagelo, que ha alcanzado un
crecimiento descontrolado y minimizado el esfuerzo de los órganos de seguridad
y justicia, menguando las expectativas
de protección y defensa de la población.
Ambos candidatos enfocan en sus planes
de gobierno el tema de la seguridad ciudadana desde sus propios estilos, uno
más trabajado que el otro, pero con características similares: generales,
teóricas, coyunturales e inviables; no especifican claramente el “que” y el
“como”, por ende, no consideran políticas ni estrategias para tal fin a corto y
mediano plazo, menos objetivos y metas en el tiempo. Al parecer solamente se
refieren a un listado de actividades y medidas por realizar durante los cinco
años de gobierno, basadas en estadísticas sobre delitos y victimización, en la
necesidad de más presupuesto para la adquisición de recursos logísticos, medios
de comunicación, mayor cantidad de personal, etc.
Además, no se
realiza una evaluación técnica del desempeño del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana, para decidir si continua vigente o se desactiva, ya que actualmente
se percibe como un organismo inútil y burocrático, sin resultados relevantes de
trabajos multisectoriales para contrarrestar la criminalidad.
Ahora bien, con el propósito de reorientar
constructivamente las acciones y medidas sobre seguridad ciudadana expuesta en
los mencionados planes de gobierno, me permito sugerir algunos conceptos
relacionados a este tema. En primer lugar, debemos recordar que un “Plan de
Gobierno” es un instrumento de acción política, económica y social,
materializado en un documento que contiene un conjunto de objetivos a alcanzar
por un gobierno en un plazo determinado, y los medios necesarios para ello. En
segundo lugar, el aspecto denominado “seguridad Ciudadana”, es un término muy
limitado para abarcar la problemática de la “Inseguridad Pública”, que enfrenta
el Estado y la sociedad en su conjunto. Para definir con mayor precisión este
concepto debemos recurrir a la Constitución Política del Perú, que en su artículo
118.inc.4, dice: “corresponde al Presidente de la República: velar por el orden
interno y la seguridad exterior de la República”; y el artículo 166 que
expresa: “la Policía Nacional del Perú tiene por finalidad fundamental
garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda
a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la
seguridad del patrimonio público y privado. Previene, investiga y combate la
delincuencia. Vigila y controla la frontera”.
En tal sentido
la denominación adecuada para este aspecto debe ser el de “Orden Interno”,
entendido este como: “La situación de tranquilidad y paz social dentro del
territorio nacional, regulado por el derecho y el poder político, en el cual,
las autoridades ejercen sus funciones y atribuciones y los ciudadanos sus
derechos y libertades, garantizando la existencia y estabilidad del Estado así
como la convivencia pacífica, facilitando el logro del fin supremo del Estado y
de la sociedad”.
Este Orden Interno se materializa en dos
frentes, ambos aparentemente diferentes pero técnicamente relacionados: la
Seguridad Pública referido a la defensa del Estado y de sus instituciones; y la
Seguridad Ciudadana orientada a la protección de las personas y sus bienes. La
Seguridad Publica considera todas las manifestaciones de inseguridad que atenta
contra la estabilidad del Estado, del Sistema Político y de las Instituciones
Públicas, tales como: el narcoterrorismo, conflictos sociales, corrupción,
crimen organizado, etc. La Seguridad Ciudadana todas aquellas amenazas y
riesgos que afectan la integridad Física de la población y la protección de sus
bienes, tales como: la delincuencia en sus diversas formas y modalidades (delito
común ó callejero, en bandas organizadas, delito trasnacional, etc.),
pandillaje, etc.
De conformidad a esta estructura, la lucha
contra estas manifestaciones de inseguridad requiere de acciones y medidas
especificas para contrarrestar sus efectos, porque el tratamiento para cada una
de ellas son diferentes; entonces, los problemas a resolver requieren la organización,
preparación y participación de entidades y personal preparados y entrenados
para tal fin y de recursos logísticos y técnicos adecuados, pero las
estrategias deben ser colegiadas, coordinadas y de responsabilidad compartida,
con los sectores y organismos afines al problema.
Si bien es cierto, que la responsabilidad Constitucional
del Orden Interno recae en el Presidente de la República, la responsabilidad
política corresponde al Sector Interior y la operativa a la Policía Nacional; sin
embargo, también otros sectores é instituciones Públicas según el ordenamiento
jurídico vigente, deben participar en esta terea tales como: el Ministerio Público,
Poder Judicial, Congreso de la República, Gobernadores Regionales, Instituto
Nacional Penitenciario, Municipios, etc. de acuerdo a los roles que les establece
sus dispositivos legales en vigencia.
Finalmente, otro aspecto que debe ser
considerado como tema fundamental en esta problemática, es la
Prevención Nacional, que debe ser ejecutada en forma multisectorial, lo que exige la participación de todas las entidades del Estado,
tendente a crear en el país la “Cultura de la Prevención”, como instrumento
socio-político vital en la lucha contra la Inseguridad Nacional.
Todas estas sugerencias de ser aceptadas,
deben estar contenidas en políticas y estrategias de gobierno, para ser
ejecutadas en forma coordinada por los órganos responsables del gobierno, y los resultados supervisados y evaluados por el Ministro del Interior como responsable
político del Orden Interno.
Es momento de cambiar la mentalidad de
nuestros dirigentes políticos y funcionarios públicos, en el sentido de que los
problemas no se pueden resolver unilateralmente, cada sector es incapaz de
solucionar la diversidad de necesidades y reclamos de la población; por ende,
la policía nacional no puede combatir solitariamente la delincuencia, el crimen
organizado, los conflictos sociales, etc., si las demás instituciones corresponsables no cumplen las
actividades que por ley les corresponde.
La única forma de lograr el éxito esperado, es actuar en forma coordinada,
colegiada y con el respaldo político suficiente. Los planes de gobierno de los
dos candidatos que pugnan por lograr la presidencia de la republica deben tener
en cuenta estas iniciativas, para adecuar sus propuestas sobre “seguridad
Ciudadana. Estamos a tiempo.
Cnel.
PNP (r) Julio Cesar Garazatúa Vela
