ESTADO DE EMERGENCIA CONTRA EL CRIMEN - ¿SOLUCION O PROBLEMA?

      El presente año 2016 se inicia con un pasivo difícil de saldar por el actual gobierno en cuanto a la inseguridad ciudadana; el desborde de la delincuencia y del crimen organizado en el país,  ha obligado al Estado a implementar a fines del año pasado medidas desesperadas para paliar la coyuntura criminal que ha puesto en jaque no solamente a la capital sino a la mayoría de las regiones del país; en ese sentido el pasado 5 de Diciembre se ha declarado el “Estado de Emergencia” en la Provincia Constitucional del Callao, por un plazo de 45 días. Según declaraciones del Ministro del Interior, la medida busca proteger a la ciudadanía ante una “posible” guerra entre bandas de delincuentes, conectadas con el narcotráfico; manifestando que este proyecto piloto  puede ser replicado a nivel nacional, e incluso ha sido prorrogado recientemente por 45 días más.

      Si bien es cierto que esta decisión política ha tenido como objetivo contrarrestar los crecientes índices de criminalidad en el vecino puerto del Callao, también es cierto que el problema de la proliferación de la delincuencia y del crimen organizado no se puede focalizar en una sola ciudad,  es una lacra social que afrontan las 24 regiones del Perú, unas más que otras; entonces, según el  criterio del gobierno,  para proteger a la ciudadanía de las diferentes modalidades delictuales tendríamos que declarar en emergencia a todo el país, lo cual no es posible ni con el apoyo de todas las Fuerzas Armadas en la calle.

     Además,  se considera como razón valedera para declarar la emergencia en el Callao,  una “posible” guerra entre bandas de delincuentes conectadas con el narcotráfico, lo cual es una apreciación ligera para un problema que tiene una dimensión mucho más amplia, y que al parecer los gobiernos de turno y  los órganos de seguridad y justicia no entienden, que lo que se está enfrentando no son  “posibilidades” ni “percepciones” de inseguridad, sino  la evolución del crimen organizado que va consolidándose en el país hace años, son realidades que no queremos ver, y que no hemos sabido enfrentar oportunamente por falta de voluntad política del Estado.

    Entonces, es lógico pensar que ante una medida tan desacertada e improvisada como esta, los resultados no sean los esperados, sino todo lo contrario: los índices de criminalidad en el callao no han mermado, el accionar de las unidades policiales muestran un desgaste operativo paulatino, se percibe desatención al problema por los órganos de justicia y ministerio publico que hace vulnerable el “proyecto piloto”; en consecuencia como esta medida descansa únicamente en la participación  policial y exige aumento de personal, se debe  disminuir efectivos en otras zonas,  generando que se incremente el delito en la capital y demás regiones del país.

   Ahora bien, en lugar que el gobierno pretenda contrarrestar el desborde de la inseguridad ciudadana mediante la  declaratoria de “estados de emergencia”; debe más bien, declarar en  “estado de emergencia anticrimen” a las instituciones del Estado que tienen injerencia directa con esta problemática, como: Interior, justicia, ministerio público, sistema penitenciario, congreso de la republica, gobiernos regionales, municipios, etc., lo cual obligaría a  que estos organismos participen con toda su capacidad instalada, personal y logística disponible a contrarrestar la criminalidad; contando con el apoyo de los serenos municipales, empresas de seguridad privada, rondas campesinas, etc. Esta decisión política  facilitaría elaborar una estrategia anticrimen a nivel nacional bajo el liderazgo del Ministro del Interior, e implementar y ejecutar planes operativos regionales, provinciales y distritales, urbanos y rurales, para desarrollar una lucha frontal permanente contra la delincuencia y el crimen organizado. Para tal efecto, la Policía Nacional debería priorizar y fortalecer el accionar operativo y el despliegue  técnico territorial de las direcciones especializadas, comisarias y órganos de inteligencia;  estableciéndose además, un marco jurídico, ágil y adecuado contra la criminalidad, que permita reducir los índices delictuales en plazos determinados.

  Lo que sucede, es que las instituciones del Estado  se muestran  anacrónicas y desfasadas para desarrollar con éxito esta tarea; la policía, fiscalías y juzgados actúan todavía con procedimientos   inviables, lentos, burocráticos y proclives a la corrupción, lo que impide alcanzar objetivos previstos; más aun, se carece de políticas, estrategias y planes operativos, técnicamente elaborados y adecuadamente coordinados para enfrentar en mejores condiciones a la delincuencia local y al crimen organizado. Ante esta disposición institucional desfavorable, se trata de lidiar contra el delito adoptando medidas improvisadas, coyunturales, poco serias y nada efectivas. Al parecer se pretende tratar el problema de la criminalidad, de la misma forma como se viene enfrentando el “narcoterrorismo” en el “VRAEM”, focalizándolo en determinadas zonas del país y luego encargar a la policía y a las fuerzas armadas su  erradicación; lo cual es un error estratégico y táctico, porque son dos situaciones totalmente diferentes.

  La delincuencia y el crimen organizado no pueden ser focalizados en determinadas regiones provincias o distritos, y luego pretender reducir sus efectos declarando “zonas de emergencia”; la criminalidad se desenvuelve en la sociedad, y se despliega en todo el territorio nacional, su ámbito de acción no tiene límites, se encuentran en todos los rincones de las grandes urbes y de las zonas rurales, cometen sus fechorías en cualquier lugar, hora, y no tienen reparo en el “botín” que pueden lograr, o en el daño físico que pueden causar, incluyendo el asesinato. Se desplazan libremente en la ciudad sin despertar sospechas, y atacan por sorpresa,  con crueldad y violencia,  aprovechando al máximo las debilidades del sistema de seguridad y justicia y el temor de sus víctimas; planifican sus acciones en pequeños grupos o en bandas organizadas, empleando al máximo la observación y la vigilancia; generalmente sus integrantes son adolescentes y jóvenes de mediana edad, que actúan con inusitada rapidez y diversas modalidades. La mayoría conoce los alcances del sistema jurídico del país, y las argucias legales de abogados cómplices para reducir sus penas, incluyendo las vulnerabilidades del sistema legal vigente que facilita la corrupción de malos jueces fiscales y agentes policiales.

  Los “expertos en seguridad” y los “opinologos” de los candidatos presidenciales en campaña desconociendo esta realidad, proponen una serie de medidas para terminar con la inseguridad y la delincuencia, cada propuesta más fantasiosa que la otra; desde refundar la policía nacional, pasando por sacar las fuerzas armadas a la calle, dotar de armas no letales a los serenos, municipalizar a la policía, tercerizar la dotación de vehículos policiales, etc. Lo que no entienden los gobiernos y sus adláteres, es que la delincuencia y el crimen organizado se incrementa y evoluciona con más rapidez, en una sociedad desordenada, sin autoridad, debilitada por la anomia, la impunidad, la injusticia, la pérdida de valores, etc. La percepción ciudadana, es la de un Estado que ha olvidado que tiene instituciones creadas específicamente para proteger a la población de la inseguridad generalizada; instituciones a quienes se les ha asignado finalidades fundamentales y funciones especificas, que son mandatos establecidos en la Constitución Política del Perú, y respaldadas por leyes vigentes sobre el tema; instituciones y organismos públicos que requieren aprender a actuar en forma coordinada y colegiada, haciendo cada cual lo que sabe hacer  y para lo cual fueron preparados. No corregir nuestros errores, es permitir el incremento y la evolución de la criminalidad en el país, es profundizar la inseguridad ciudadana y el desorden institucional, es debilitar la democracia, y  la unión nacional.   

Cnel. PNP (r) Julio Cesar Garazatua Vela.