ALCANCES PARA RESTABLECER LA CALIDAD DEL SERVICIO POLICIAL

Hablar de la Policía Nacional en la sociedad peruana, es hablar, según la opinión de la mayoría de la población, de una institución en crisis, por su ineficiente desempeño funcional, su alto índice de corrupción interna, inconducta policial, excesos y abusos de autoridad en sus intervenciones, etc.; pero contradictoriamente a estos cuestionamientos, el Estado y los Gobiernos de turno no han mostrado en el tiempo la voluntad política necesaria y el interés suficiente para mejorarla, reorganizarla y modernizarla. La clase política que en su momento no fue capaz de coadyuvar al cambio policial reclamado por la sociedad para mejorar el servicio que presta, justifica vanamente este descuido, argumentando la implementación de medidas que no tuvieron el efecto esperado para solucionar el grave problema estructural que afronta la institución policial, porque se sustentan solamente en compras masivas de vehículos y de equipos logísticos, sin ningún criterio técnico o asesoramiento especializado, mas aun, adquisiciones con visos de corrupción, que se condice con las verdaderas necesidades tecnológicas requeridas, como el caso de los inútiles “patrulleros inteligentes”.

Ahora bien, si es cierto que la Policía Nacional es una entidad anacrónica, desfasada e inviable, para cumplir adecuadamente con su finalidad fundamental expresada en la Constitución Política (art. 166), y las funciones establecidas en su Ley Orgánica; entonces, urge iniciar un proceso inmediato de reorganización institucional que modernice su estructura orgánica, y le devuelva su capacidad operativa y de maniobra, necesaria para cumplir con eficacia estas tareas. Pero, esta decisión exige seriedad y voluntad política para desterrar por siempre los “remedos” de organización dispuesto en anteriores oportunidades, que no ofrecían garantía de ninguna clase para lograr el cambio policial deseado, simplemente eran decisiones de coyuntura, que se basaban en una “purga” de personal, a quienes se les pasaba a la situación de retiro, apelando al dispositivo legal de “renovación” institucional.

Solucionar la problemática policial, requiere confrontar y analizar las causas y factores que afectan su desempeño funcional, desde dos puntos de vista: la Policía Nacional como institución del Estado, creada para garantizar el orden interno y proteger a la sociedad de la inseguridad pública; y la policía nacional como organización corporativa, integrada por personas que tienen necesidades y aspiraciones como cualquier ser humano.

La reorganización policial como institución del Estado, debe basarse en la evaluación de su actual estructura orgánica, para verificar si las unidades de la cual dispone responden a los criterios de modernidad, operatividad, flexibilidad, legalidad; y del equipamiento logístico adecuado que le facilite actuar con la suficiente capacidad de maniobra, adaptación funcional y ventaja técnica y operativa, contra las diversas modalidades del delito. La organización policial no debe ser ampulosa, atomizada, ni burocrática; pero debe perfeccionar continuamente sus procedimientos técnicos, sus especialidades profesionales y su despliegue territorial aprobadas por ley, para cumplir con eficiencia su finalidad constitucional y funciones policiales asignadas; en ese sentido, la cantidad y cobertura territorial de las Regiones Policiales, direcciones especializadas, comisarias, y demás unidades operativas, deben racionalizarse de acuerdo a la realidad socio-económica del país y a las necesidades de seguridad que requiere la población en cada zona urbana y rural a nivel nacional; esta nueva nomenclatura debe fortalecer el principio de unidad de comando, perfeccionar el proceso de admisión y formación académica, optimizar la coordinación en el accionar operativo entre unidades, mejorar la supervisión y el control de las actividades policiales, y evitar la superposición de funciones y evasión de responsabilidades.

Asimismo, es conveniente evaluar si la cantidad de escuelas de formación de suboficiales a nivel nacional, tal como funcionan actualmente, generan ventajas o desventajas en la formación policial, considerando los aspectos académicos y la burocracia administrativa que conlleva tener un numero excesivo de estos centros educativos; si la apreciación es negativa, entonces conviene racionalizarlas a lo estrictamente necesario, en razón que lo fundamental no es la cantidad de escuelas, sino la calidad de personal que necesitan las unidades policiales, para ello, se debe mejorar la enseñanza de las especialidades policiales, que permitan elevar el rendimiento institucional, con los nuevos efectivos preparados adecuadamente y asignados a sus puestos orgánicos de acuerdo a la especialidad adquirida.

El otro aspecto importante en un proceso de reorganización, es el policía como integrante de una corporación organizada al servicio de la sociedad y del Estado, es un tema vital para optimizar el funcionamiento institucional. Los policías no son seres inanimados al servicio de la sociedad, son personas formadas y entrenadas para proteger a la sociedad en su conjunto, pero que también son parte de ella, y como tal tienen necesidades y aspiraciones en su vida personal y profesional. Para tal efecto, debe reforzarse el respeto a su dignidad como persona y la autoridad como funcionario policial, sin descuidar las oportunidades de superación que la institución les debe brindar; así como el cumplimiento estricto de los beneficios que la ley les otorga tanto en la situación de actividad como la de retiro: como el sistema de remuneraciones y pensiones de acuerdo a la naturaleza de la función que desempeñan, el sistema de bienestar (especialmente la “salud policial” que actualmente es un desastre), y el sistema de sanciones y recompensas en el ejercicio de la función institucional. La preocupación por estos factores tiende a mermar los casos de inconducta funcional, la corrupción interna, y eleva la moral y el rendimiento policial.

Los lineamientos arriba descritos son fundamentales en toda reorganización policial, pero no tendrá ningún sentido, sino se articulan a un cambio de actitud del personal policial hacia la sociedad, que propicie fortalecer la relación policía-sociedad. Además, todo cambio requiere tiempo, continuidad, y voluntad política de los gobiernos de turno.

Sin embargo, paralelamente a esta necesaria reorganización policial, la coyuntura actual exige que el nuevo gobierno que asuma la conducción política del país a partir del 28-JUL-2016, adopte desde el primer día de su mandato medidas efectivas inmediatas para contrarrestar a corto plazo los altos índices delictuales que han rebasado la capacidad de respuesta del Estado, creando una suerte de indefensión ciudadana estas medidas deben ser prácticas y viables, por ejemplo: emplear todo el personal policial y los recursos logísticos disponibles; utilizar al máximo la experiencia profesional en los mandos de las unidades operativas; optimizar el empleo de la inteligencia táctica y de la información oportuna; declarar en emergencia la “seguridad pública” en todas las unidades policiales; recuperar la mayor cantidad de personal policial distribuidos en tareas administrativas, y en los servicios personales de seguridad a las autoridades y funcionarios públicos, a excepción de la seguridad del Presidente de la Republica, Presidentes de los Poderes públicos, Ministros y algunos personajes “especiales”. Entregar a los municipios o sectores que corresponda las actividades extra-institucionales, por ejemplo; policía de tránsito, forestal, niño y adolescente, turismo, etc., lo que permitirá aumentar los efectivos de las unidades especializadas (DIRANDRO, DINCOTE, DIRINCRI), comisarias, inteligencia y unidades especiales (radio-patrulla, SUAT, operaciones especiales, etc.).

De igual forma, incrementar al máximo los patrullajes e intervenciones sorpresa diurnos y nocturnos, especialmente en las zonas de mayor confluencia delincuencial, de conformidad a los mapas de delito en cada ámbito territorial, reforzando estas actividades con el uso de motocicletas, perros policías, policía montada, etc., y con el apoyo permanente de los serenos municipales, empresas de seguridad privada y rondas campesinas.

Todas estas medidas operativas y de prevención contra la criminalidad, han sido reiteradamente sugeridas en sendos artículos publicados en revistas especializadas, blogs, y en los diversos medios de comunicación hablada y escrita a nivel nacional; son aportes sin protagonismo alguno, solamente con la intención de colaborar con las entidades de gobierno, para que dispongan de mayores elementos de juicio en la elaboración de estrategias efectivas y viables que aminoren la delincuencia local y el crimen organizado en el país; al parecer lo que siempre falta es la voluntad política de querer hacerlo.

Cnel. PNP (r) Julio Cesar Garazatua Vela