Hablar
de la Policía Nacional en la sociedad peruana, es hablar, según la opinión de
la mayoría de la población, de una institución en crisis, por su ineficiente
desempeño funcional, su alto índice de corrupción interna, inconducta policial,
excesos y abusos de autoridad en sus intervenciones, etc.; pero
contradictoriamente a estos cuestionamientos, el Estado y los Gobiernos de
turno no han mostrado en el tiempo la voluntad política necesaria y el interés
suficiente para mejorarla, reorganizarla y modernizarla. La clase política que
en su momento no fue capaz de coadyuvar al cambio policial reclamado por la
sociedad para mejorar el servicio que presta, justifica vanamente este
descuido, argumentando la implementación de medidas que no tuvieron el efecto
esperado para solucionar el grave problema estructural que afronta la
institución policial, porque se sustentan solamente en compras masivas de
vehículos y de equipos logísticos, sin ningún criterio técnico o asesoramiento
especializado, mas aun, adquisiciones con visos de corrupción, que se condice
con las verdaderas necesidades tecnológicas requeridas, como el caso de los
inútiles “patrulleros inteligentes”.
Ahora bien, si es cierto que la Policía Nacional es una entidad
anacrónica, desfasada e inviable, para cumplir adecuadamente con su finalidad
fundamental expresada en la Constitución Política (art. 166), y las funciones
establecidas en su Ley Orgánica; entonces, urge iniciar un proceso inmediato de
reorganización institucional que modernice su estructura orgánica, y le
devuelva su capacidad operativa y de maniobra, necesaria para cumplir con
eficacia estas tareas. Pero, esta decisión exige seriedad y voluntad política
para desterrar por siempre los “remedos” de organización dispuesto en
anteriores oportunidades, que no ofrecían garantía de ninguna clase para lograr
el cambio policial deseado, simplemente eran decisiones de coyuntura, que se
basaban en una “purga” de personal, a quienes se les pasaba a la situación de
retiro, apelando al dispositivo legal de “renovación” institucional.
Solucionar la problemática policial, requiere confrontar y
analizar las causas y factores que afectan su desempeño funcional, desde dos
puntos de vista: la Policía Nacional como institución del Estado, creada para
garantizar el orden interno y proteger a la sociedad de la inseguridad pública;
y la policía nacional como organización corporativa, integrada por personas que
tienen necesidades y aspiraciones como cualquier ser humano.
La reorganización policial como institución del Estado, debe
basarse en la evaluación de su actual estructura orgánica, para verificar si
las unidades de la cual dispone responden a los criterios de modernidad,
operatividad, flexibilidad, legalidad; y del equipamiento logístico adecuado
que le facilite actuar con la suficiente capacidad de maniobra, adaptación
funcional y ventaja técnica y operativa, contra las diversas modalidades del
delito. La organización policial no debe ser ampulosa, atomizada, ni burocrática; pero debe
perfeccionar continuamente sus procedimientos técnicos, sus especialidades
profesionales y su despliegue territorial aprobadas por ley, para cumplir con
eficiencia su finalidad constitucional y funciones policiales asignadas; en ese
sentido, la cantidad y cobertura territorial de las Regiones Policiales,
direcciones especializadas, comisarias, y demás unidades operativas, deben
racionalizarse de acuerdo a la realidad socio-económica del país y a las
necesidades de seguridad que requiere la población en cada zona urbana y rural
a nivel nacional; esta nueva nomenclatura debe fortalecer el principio de
unidad de comando, perfeccionar el proceso de admisión y formación académica,
optimizar la coordinación en el accionar operativo entre unidades, mejorar la
supervisión y el control de las actividades policiales, y evitar la
superposición de funciones y evasión de responsabilidades.
Asimismo, es conveniente evaluar si la cantidad de escuelas de
formación de suboficiales a nivel nacional, tal como funcionan actualmente,
generan ventajas o desventajas en la formación policial, considerando los
aspectos académicos y la burocracia administrativa que conlleva tener un numero
excesivo de estos centros educativos; si la apreciación es negativa, entonces
conviene racionalizarlas a lo estrictamente necesario, en razón que lo
fundamental no es la cantidad de escuelas, sino la calidad de personal que
necesitan las unidades policiales, para ello, se debe mejorar la enseñanza de
las especialidades policiales, que permitan elevar el rendimiento
institucional, con los nuevos efectivos preparados adecuadamente y asignados a
sus puestos orgánicos de acuerdo a la especialidad adquirida.
El otro aspecto importante en un proceso de reorganización, es el
policía como integrante de una corporación organizada al servicio de la
sociedad y del Estado, es un tema vital para optimizar el funcionamiento
institucional. Los policías no son seres inanimados al servicio de la sociedad,
son personas formadas y entrenadas para proteger a la sociedad en su conjunto,
pero que también son parte de ella, y como tal tienen necesidades y
aspiraciones en su vida personal y profesional. Para tal efecto, debe
reforzarse el respeto a su dignidad como persona y la autoridad como
funcionario policial, sin descuidar las oportunidades de superación que la
institución les debe brindar; así como el cumplimiento estricto de los
beneficios que la ley les otorga tanto en la situación de actividad como la de
retiro: como el sistema de remuneraciones y pensiones de acuerdo a la
naturaleza de la función que desempeñan, el sistema de bienestar (especialmente
la “salud policial” que actualmente es un desastre), y el sistema de sanciones
y recompensas en el ejercicio de la función institucional. La preocupación por
estos factores tiende a mermar los casos de inconducta funcional, la corrupción
interna, y eleva la moral y el rendimiento policial.
Los lineamientos arriba descritos son fundamentales en toda reorganización
policial, pero no tendrá ningún sentido, sino se articulan a un cambio de
actitud del personal policial hacia la sociedad, que propicie fortalecer la
relación policía-sociedad. Además, todo cambio requiere tiempo, continuidad, y
voluntad política de los gobiernos de turno.
Sin embargo, paralelamente a esta necesaria reorganización
policial, la coyuntura actual exige que el nuevo gobierno que asuma la
conducción política del país a partir del 28-JUL-2016, adopte desde el primer
día de su mandato medidas efectivas inmediatas para contrarrestar a corto plazo los altos índices delictuales que han rebasado la capacidad de
respuesta del Estado, creando una suerte de indefensión ciudadana estas medidas
deben ser prácticas y viables, por ejemplo: emplear todo el personal policial y
los recursos logísticos disponibles; utilizar al máximo la experiencia
profesional en los mandos de las unidades operativas; optimizar el empleo de la
inteligencia táctica y de la información oportuna; declarar en emergencia la “seguridad
pública” en todas las unidades policiales; recuperar la mayor cantidad de
personal policial distribuidos en tareas administrativas, y en los servicios
personales de seguridad a las autoridades y funcionarios públicos, a excepción
de la seguridad del Presidente de la Republica, Presidentes de los Poderes
públicos, Ministros y algunos personajes “especiales”. Entregar a los
municipios o sectores que corresponda las actividades extra-institucionales,
por ejemplo; policía de tránsito, forestal, niño y adolescente, turismo, etc.,
lo que permitirá aumentar los efectivos de las unidades especializadas
(DIRANDRO, DINCOTE, DIRINCRI), comisarias, inteligencia y unidades especiales
(radio-patrulla, SUAT, operaciones especiales, etc.).
De igual forma, incrementar al máximo los patrullajes e
intervenciones sorpresa diurnos y nocturnos, especialmente en las zonas de
mayor confluencia delincuencial, de conformidad a los mapas de delito en cada
ámbito territorial, reforzando estas actividades con el uso de motocicletas,
perros policías, policía montada, etc., y con el apoyo permanente de los
serenos municipales, empresas de seguridad privada y rondas campesinas.
Todas estas medidas operativas y de prevención contra la
criminalidad, han sido reiteradamente sugeridas en sendos artículos publicados
en revistas especializadas, blogs, y en los diversos medios de comunicación
hablada y escrita a nivel nacional; son aportes sin protagonismo alguno,
solamente con la intención de colaborar con las entidades de gobierno, para que
dispongan de mayores elementos de juicio en la elaboración de estrategias
efectivas y viables que aminoren la delincuencia local y el crimen organizado
en el país; al parecer lo que siempre falta es la voluntad política de querer
hacerlo.
Cnel. PNP (r) Julio Cesar Garazatua Vela
