SOCIEDAD Y DELINCUENCIA REALIDAD Y DESAFIOS

          La nueva hornada de delincuentes en el Continente y particularmente en el Perú, se forman a temprana edad, tal es así, que la mayoría de los delitos lo cometen gente joven, menores de edad e incluso niños amparados por sus propios padres o familiares. Las pandillas son el primer peldaño del delito, donde luego son reclutados por las bandas organizadas, considerando las vulnerabilidades del Sistema Legal vigente contra el crimen, que establece todavía que los menores de edad que delinquen gozan de algunos beneficios que el marco jurídico les otorga.

         Para esta nueva hornada de delincuentes, no existen barreras policiales o legales que los detengan, ni mal momento para cometer sus fechorías. Lo realizan en cualquier lugar y a cualquier hora; no interesa si el producto del robo es un celular, dinero, artefactos domésticos, o el pago para asesinar a una persona (sicariato), etc. Sus actos delincuenciales no exime nada ni a nadie; incluso zonas residenciales y comerciales que cuentan con servicio de seguridad privada son blanco de delito; pero las victimas más frecuentes de asaltos y robos diarios son los habitantes de los distritos y barrios populares, donde el temor es creciente y la protección policial insuficiente, convirtiéndose en una suerte de “zonas liberadas”, donde realmente la vida no tiene valor alguno. Esta situación ha obligado que en algunas ciudades del país, como por ejemplo Cajamarca la población haya tomado la justicia por sus propias manos, y castiguen a infractores de la ley con azotes y otro tipo de maltratos físicos. Costumbre que ha hecho eco en algunos distritos de la capital, a través de los “linchamientos populares”, bajo la modalidad denominada “chapa tú choro”, que genera clamorosas equivocaciones con  personas inocentes que son severamente agredidas, con la secuela de graves daños físicos y en algunos casos  la muerte.

      Ahora bien, las medidas de seguridad contra el crimen que implementan los órganos de seguridad y justicia, muestran improvisación, descoordinación y poco efectividad para lograr el objetivo de contrarrestar los índices de criminalidad; además, las acciones operativas y el empleo de los recursos logísticos disponibles de las comisarias y unidades especializadas (DIRINCRI, DIRANDRO, etc.) se orientan prioritariamente a la represión de las bandas delictuales y a combatir los delitos comunes que mas dañan a la población, con resultados poco halagadores, porque el despliegue operativo y la cobertura territorial son inadecuadas y poco técnicas. Más aun, no se dispone de una verdadera “política de prevención” como factor fundamental en la lucha contra el crimen, lo cual merma la posibilidad de prevenir los factores que potencian la ilegalidad y el delito. Por ello, la población percibe el accionar de las entidades responsables de la seguridad pública, como simples defensoras de “hechos consumados”. 

      Lucia Dammert especialista en el tema, sostiene que en muchos países las políticas públicas sobre este asunto, confunden prevención con disuasión o presencia policial. Si bien es cierto que la presencia policial es importante para disminuir el temor ciudadano y mermar algunos actos delictuales, en el fondo es una medida paliativa. La verdadera prevención requiere el compromiso del Estado en su conjunto, para asegurar al menos que cinco (5) de los factores más críticos sean enfrentados de forma integral y sostenidas en el tiempo.

    El primer factor se refiere a la adicción a las drogas y al alcohol, que se consideran los principales detonantes de conductas violentas e incluso criminales. Problemas que tienen escasa cobertura, y cuya probabilidad de control se da de acuerdo al nivel socio-económico del adicto. Las instituciones políticas y de salud, casi siempre miran al costado o esconden el problema.

   El segundo factor que debe ser prevenido, está relacionado a las enfermedades mentales, sobre todo aquellas que no son tratadas en su oportunidad (niños y adolescentes), las que llegan a desencadenar altos niveles de agresividad y problemas educacionales.

    El tercer factor se refiere a la violencia en el hogar; un niño agredido constantemente y tratado con violencia en un entorno familiar destruido, responderá de la misma forma ante cualquier situación, e incluso huir del hogar, siendo vulnerable a cualquier delito o adicción.

    El cuarto factor se relaciona con los jóvenes que truncan sus estudios por falta de medios económicos, donde la mayoría optan por trabajar en el ámbito informal, donde son captados por las pandillas o reclutados por la criminalidad.

     El quinto factor se refiere a la violación infantil sin distinción de sexo, y al embarazo prematuro, que trastoca la conducta normal, no solamente de las victimas sino también de las familias, lo cual dificulta su tratamiento mental y su integración a la sociedad.

      Finalmente, a estos cinco factores debemos agregar la “impunidad política”, que consiste en que determinados personajes denunciados judicialmente, se escudan en la inmunidad que les otorga los cargos públicos que desempeñan, o utilizan el poder político que ostentan para evadir a la justicia; problema que  alienta la corrupción generalizada, y contribuye a violentar las leyes establecidas,  minando la moral, la dignidad y la decencia en la sociedad.

     Estos factores descritos brevemente no son recientes, tienen raíces históricas en la sociedad peruana; nunca fueron enfrentadas abierta y directamente por el Estado, siempre fueron ignorados o tratados tangencialmente, aunque a veces se emplean como “bandera política” en campañas electorales, para luego ser olvidados en los programas de gobierno. Los presupuestos asignados para tratar de resolver esta problemática nacional casi no existen, o simplemente se emplean como  promesas populares para las encuestas del momento. Por ello, la delincuencia y el crimen organizado crecen exponencialmente, se combate los efectos no las causas; no existe una “cultura de prevención” que aminore la criminalidad y la corrupción generalizada. La represión institucional del delito es un aspecto importante en esta cruzada anticrimen, pero mientras no se considere una “autentica política de prevención”, las medidas o estrategias que se ejecuten en este tema, quedaran solamente en vanos esfuerzos o buenas intenciones.  

Cnel. PNP (r) Julio Cesar Garazatua Vela