SEGURIDAD PÚBLICA REFLEXIONES PARA LOS PRIMEROS CIEN DIAS

El nuevo Gobierno asume sus funciones como tal, el 28 de julio del presente año, con el compromiso de reordenar y solucionar la problemática interna en muchos escenarios sensibles del país, particularmente en la seguridad pública, donde la delincuencia y el crimen organizado han rebasado la débil respuesta de los órganos de seguridad y justicia, lo que ha generado indefensión y malestar en la población. Los voceros oficiales del gobierno  y el electo Ministro del Interior, aseguran que una de sus  prioridades es la de contrarrestar la inseguridad pública a nivel nacional; significando para tal efecto una serie de  acciones, tales como: creación del programa “barrio seguro”,  reformar o refundar la Policía Nacional, disminuir la cantidad de Generales Policiales, etc. Más claro, la misma receta de todos los gobiernos que han fracasado en el intento.

    Ahora bien, he leído y escuchado con mucha atención y preocupación las declaraciones y entrevistas del nuevo Ministro del Interior ante los medios de comunicación, y al parecer deja entrever, lo digo con todo respeto, que aun no existe un plan de acción o estrategias solidas para lidiar con éxito contra el delito que agobia a la sociedad, sus planteamientos todavía son generales y sin objetivos concretos. Debe considerar que los resultados en los cien primeros días de mandato, es la carta de presentación no solamente del sector sino del propio gobierno, ante un pueblo que espera recuperar la tranquilidad y la confianza en sus instituciones muy venida a menos en estas últimas décadas.

   Generalmente, los Ministros que asumen la Cartera del Interior adoptan como primera medida “efectista”, pasar a la situación de retiro a un número considerable de oficiales de diversos grados con la “etiqueta” legal de “Renovación Policial”, donde se incluye en un mismo “saco” sin distinción alguna, a oficiales que tienen problemas de indisciplina e inconducta funcional, y a, los que tienen una hoja de servicios sin macula; esta mala costumbre genera malestar y rechazo  en los buenos policías que sin razón alguna son retirados de la Institución, lo que genera el consiguiente reclamo administrativo y judicial solicitando su justa reposición.

 

   Por ello, me permito sugerir al electo Ministro del Interior, que no se apure todavía en ejecutar decisiones burocráticas, como: evaluar el número de generales que debe tener la Policía Nacional, pases a la situación de retiro, cantidad de policías comprometidos en casos de corrupción, etc.,  pues estos asuntos los puede tratar con el Comando Policial, con detalle e imparcialidad a fin de año, que es la época de los pases al retiro, ascensos y cambios de colocación. Asimismo, analizar la decisión de reformar, refundar o reorganizar la Policía Nacional aun es prematuro, porque las tres acciones son diferentes, y debe decidirse por una de ellas, aun así, no va lograr concluirlo en tres meses, son procesos que requieren estudio, evaluación, tiempo, continuidad y ajustes permanentes; esta tarea puede ser muy bien encomendada al Instituto de Altos Estudios Policiales (INAEP), que con el apoyo de profesionales especialistas en el tema, preparen un trabajo viable y técnico en un plazo determinado.

 Lo prioritario, es saber la cantidad de oficiales, suboficiales y recursos logísticos disponibles que tiene la institución en este momento, conocer el nivel de la moral del personal, como están distribuidos a nivel regional, resultados de la capacidad operativa de las unidades administrativas y de línea, calidad del equipamiento, etc., porque esta información valiosa, le va permitir formular una estrategia de emergencia sectorial viable a corto plazo, y difundirla a través del Comando Policial, a los Directores de las Unidades Especializadas (DIRINCRI, DIRANDRO, DINCOTE, etc.), al Sistema de Inteligencia del Sector (que incluye a la policía) , y a los Jefes de las Regiones Policiales, para que estos a su vez formulen y ejecuten sus planes de operaciones tácticas, para combatir la criminalidad de conformidad a las modalidades delincuenciales que afrontan en su ámbito territorial, considerando objetivos por resultados en plazos previstos; tarea que debe ser supervisada en forma permanente por el Sistema de Control (Inspectorias) del Ministerio como de la Policía. De tal manera, que el objetivo primigenio del Gobierno de contrarrestar la inseguridad pública en los primeros cien días, sea viable.

   Además, es bueno recordar que la administración pública en general y la policía en particular tienen características laborales negativas adquiridas en el tiempo: corrupción y mediocridad; lo que propicia que las unidades policiales actúen limitada y medianamente, sin emplear adecuadamente toda su capacidad y experiencia profesional en beneficio de la institución y de la sociedad; tal es el caso,  que ante hechos delincuenciales mediáticos, difundidos por los medios de comunicación o relacionados a personajes importantes, estos se resuelven en tiempo record (24 o 48 horas), mientras que las demás denuncias requieren presión pública de los medios de comunicación y redes sociales, para que la población agraviada sea atendida en sus denuncias. Esta situación propicia pérdida de credibilidad y desconfianza en la efectividad del trabajo policial, más aun, divorcio y animadversión en las relaciones policía- sociedad, lo que propicia que la mayoría de la población no acuda a las comisarias a presentar sus denuncias, porque saben que no se resolverán sus quejas ni recuperaran sus pérdidas, y contradictoriamente consideran al policía parte de sus problemas.  

          

    La Policía Nacional tiene su Ley Orgánica, que establece su Estructura Organizacional, funciones y atribuciones para el cumplimiento de su finalidad fundamental y misión Institucional, dispone de unidades que son el soporte operativo en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado: como las unidades especializadas (DINICRI, DIRANDRO, DINCOTE, POLICIA  FISCAL, etc) que han sido creadas justamente para actuar en esos campos específicos y se les debe exigir resultados en plazos previstos, para lo cual el personal asignado a esas unidades deben tener la capacitación, preparación y la experiencia suficiente para desempeñar estas funciones, así como los recursos logísticos mínimos indispensables para combatir con éxito el crimen organizado. La otra parte, la integran las comisarias a nivel regional, que son las unidades básicas de prevención y lucha contra el delito callejero que mas aflige a la población. Las comisarias se convierten de esta manera en el primer eslabón de contacto entre la policía y la población, para lo cual deben tener el personal suficiente y  preparado en seguridad, orden público, patrullaje, etc. para prevenir y contrarrestar la delincuencia callejera;  priorizando la atención, el servicio y el acercamiento a la sociedad, debiendo para tal efecto visar un cambio de actitud positiva hacia la comunidad en la solución de sus problemas.

   Finalmente debo manifestar, que en el país continuamos con la equivocada idea que el combate contra la criminalidad es una lucha solitaria del Sector Interior y la Policía Nacional, lo que induce muchas veces a que el Ministro del Interior se desempeñe como Director General de la Policía, y que el desborde de la Inseguridad Pública sea responsabilidad policial. Esta costumbre debe corregirse a la brevedad, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado debe entenderse como  una tarea colegiada, donde deben comprometer su participación decidida, responsable, técnica y coordinada, el Ministerio Publico, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Ministerio de Justicia, el Sistema Nacional Penitenciario, y además  todas las Instituciones adscritas al Sector Interior como: las Superintendencias de Migraciones, SUCAMEC y Gobierno Interior. Esta forma de trabajo es una necesidad sentida en este tema, esperamos que el nuevo Ministro del Interior como responsable político de la lucha contra el crimen, imponga su liderazgo y haga realidad esta aspiración, para devolver en el menor tiempo posible, la seguridad pública que reclama la población.  

Cnel. PNP (r) Julio Cesar Garazatua Vela